Respaldo general de partidos políticos a Santos

Aunque el diferendo entre Colombia y Nicaragua se remonta varias décadas atrás, la defensa de Colombia ante las pretensiones del país centroamericano ha comprometido a los últimos tres presidentes: el conservador Andrés Pastrana y los disidentes liberales Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Pastrana (1998-2002) fue quien aceptó la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para resolver el diferendo con Nicaragua. Tuvo la oportunidad de sacar a Colombia de esta jurisdicción, pero su gobierno decidió afrontar el caso con todas sus consecuencias.

A Uribe (2002-2010) le correspondió toda la estrategia de defensa jurídica, y antes de terminar su gobierno se comprometió a respetar el fallo. Santos llegó al diferendo cuando Colombia ya había presentado sus alegaciones, cuando las cartas ya estaban jugadas. Pero le tocó ser el presidente en afrontar el fallo adverso del 2012 y liderar la estrategia contra la decisión que le quitó a Colombia cerca de 72.000 kilómetros cuadrados de mar territorial alrededor de San Andrés.

Es natural que en Colombia la gente busque responsabilidades y culpas ante las derrotas. Las decisiones adversas de la Corte de La Haya no han sido la excepción. Y desde que Colombia perdió el litigio con Nicaragua, se ha responsabilizado en diferente medida, a cada uno de los mandatarios a los que les correspondió la defensa jurídica de los intereses nacionales.

Este jueves no hubo lugar a culpas. Los partidos políticos coincidieron en rechazar la decisión del tribunal de La Haya, que se declaró competente para fallar sobre las nuevas demandas de Nicaragua, pero, sobre todo, en llamar a la unidad nacional para controvertir esta decisión.

Por eso, Álvaro Uribe y los partidos Conservador y Liberal principalmente, rodearon al presidente Santos, que horas después de que la Corte se declaró competente, anunció que Colombia no volvería a comparecer ante el tribunal internacional de La Haya. Más allá de las consecuencias diplomáticas de esta decisión, el mandatario tuvo el apoyo de sus aliados, pero también de sus contradictores.

La declaración del senador Álvaro Uribe es elocuente: “Es mejor soportar un siglo de dificultades diplomáticas que ceder un milímetro de la patria”. Según Uribe, la sentencia del 2012, que calificó de ilegal y de despojo, dio los motivos para perder confianza en esta jurisdicción internacional. “Existen casos de países que han procedido de la misma manera. Somos conscientes de que esta recomendación generara tensiones diplomáticas y jurídicas, pero es preferible enfrentarlas a permitir un despojo de la patria”. Uribe insiste en una consulta popular en la que los colombianos ratifiquen la soberanía sobre San Andrés.

Clara López, presidenta del opositor Polo Democrático, considera que ha habido una articulación de errores de la diplomacia colombiana, pero aplaudió la decisión de Santos de negociar un nuevo tratado con Nicaragua. “Eso es lo que se ha debido hacer desde un comienzo. Es la única salida que le queda a Colombia a para salvaguardar algo de la soberanía que se ha perdido por los errores de la diplomacia en estas últimas tres administraciones”.

El partido de la U respaldó, como es lógico, la posición del presidente. “Quedarnos ante la Corte Internacional de la Haya y su competencia es un riesgo muy grande para la soberanía de Colombia”, aseguró el senador Mauricio Lizcano.

El presidente del Partido Conservador, David Barguil, considera que los fallos de la Corte de La Haya han demostrado el “interés sesgado” del alto tribunal para beneficiar a Nicaragua en sus pretensiones. Respalda al gobierno, pero pidió rodearse de un grupo de expertos internacionalistas con el propósito de defender la soberanía nacional.

En el caso de los conservadores, pidieron a la exministra Noemí Sanín para contribuir a la defensa de los intereses de la Nación. Sanín ha manejado la tesis de que la Corte habría favorecido los intereses de China alrededor de un canal interoceánico en aguas de Nicaragua.

El Partido Liberal calificó de “injustas y atrabiliarias” las decisiones de la Corte de La Haya porque desconocen el derecho internacional y los intereses nacionales. Manifestó su apoyo al presidente Santos y a su gobierno. “Colombia no puede aceptar competencias inexistentes, ni jurisdicciones parcializadas, ni atropellos regionales”, expresó el partido mediante un comunicado.

Claudia López, senadora de la Alianza Verde, considera que las decisiones de los jueces se deben acatar y esta no es la excepción, por lo que Colombia ha tenido que ir a defenderse ante las nuevas pretensiones de Nicaragua. “Hay que cumplir el fallo del 2012 y se debe negociar un acuerdo bilateral con Nicaragua e incorporarlo en la Constitución”.

Tras la decisión del tribunal de La Haya, los partidos políticos con representación en el Congreso firmaron una declaración conjunta. El siguiente es el texto. 

Frente a la decisión adoptada por La Haya en el día de hoy, los partidos políticos representados en el Congreso Nacional  hacemos la siguiente declaración:

1. Manifestamos nuestro rechazo al reciente fallo del tribunal de La Haya.

2. Expresamos que la defensa de la integridad territorial debe ser un propósito colectivo por encima de cualquier diferencia política o ideológica.

3. Rechazamos la competencia de la Corte Internacional de La Haya sobre los reclamos de Nicaragua entorno al fallo del 2012 sobre la plataforma continental de Colombia.

4. Compartimos la determinacion gubernamental de no seguir concurriendo a los procesos del tribunal de La Haya que involucren a nuestro país, y abrir una negociación directa con Nicaragua.

5. Ratificamos que los limites territoriales y marítimos del país solamente se pueden modificar mediante tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional, y expresamos nuestra negativa a aprobar cualquier decisión que menoscabe los derechos de Colombia.

6. Expresamos nuestra solidaridad con nuestros compatriotas raizales y los habitantes del archipiélago de San Andrés y nuestra voluntad de adelantar lo más pronto posible el más amplio debate público sobre estos asuntos con el propósito de establecer eventuales responsabilidades, y para neutralizar riesgos futuros contra nuestra integridad nacional.