Colombia y Ecuador, unidos para defender los derechos humanos de inmigrantes

Este miércoles 20 de abril, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en compañía de su homólogo ecuatoriano, César Marcel Córdova, firmaron un acta de entendimiento con el fin de avanzar entre ambos países en el proceso de verificación de las condiciones de los residentes que habitan en la frontera entre las dos naciones, con el fin de emitir una alerta temprana binacional.

La idea que se tiene entre ambos países es que allí, durante el proceso, se intercambien diferentes prácticas, experiencias o protocolos exitosos en cuanto a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos de las personas que viven en la frontera binacional.

Asimismo, esta alianza busca que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) sea más robusto y se fortalezca con la implementación de este convenio entre Colombia y Ecuador, ya que desde el gobierno se proyecta ayudar al vecino país en la identificación de las diferentes dinámicas de riesgo, factores de amenaza y reconocimiento de las actuales vulnerabilidades de las comunidades.

“Las alertas tempranas tienen un enfoque de prevención humanitaria integral, con perspectiva de DD.HH. y sus recomendaciones no se basan solo en la adopción de medidas de seguridad, pues la respuesta del Estado se dirige a la protección de las comunidades en condición de vulnerabilidad y a evitar eventuales vulneraciones a los derechos humanos en el territorio”, dijo Camargo Assis.

Otro de los objetivos que se buscan es el de definir diferentes medidas de protección para estas personas que están privadas de la libertad en ambos países, con el fin de velar por el cumplimiento y la defensa de los derechos humanos. Además de esto, la idea es verificar las condiciones de vida de los migrantes establecidos y los que están en tránsito por la frontera entre Colombia y Ecuador.

Para este proceso, desde la Defensoría del Pueblo se informó que se desarrollarán programas de visitas, pasantías y diferentes actividades de capacitación de carácter técnico-profesionales, en modalidades presencial y virtual, ya sea en seminarios, cursos o demás, con el fin de instruir a esta comunidad.

Además, por su parte el funcionario ecuatoriano destacó la importancia de trabajar para prevenir las vulneraciones a las que esta comunidad fronteriza está expuesta con relación a la violación de los derechos humanos en cualquiera de los dos territorios nacionales.

Para finalizar, el defensor del Pueblo de Colombia concluyó que “teniendo en cuenta que el fortalecimiento de la cooperación internacional es necesario para robustecer nuestra protección de los derechos, atendiendo a los lazos de amistad y cooperación que nos unen con la Defensoría del hermano país del Ecuador, y reconociendo que nuestro trabajo requiere una actuación coordinada, hemos acordado suscribir esta carta de entendimiento y estamos seguros de que nos traerá muy buenos resultados en la labor de promocionar y defender los derechos humanos”.

Por otra parte, en la política de migración, desde la Casa de Nariño el Gobierno nacional entregó detalles de una multimillonaria inversión en el marco del programa Integra que realizó Estados Unidos para atender a la población migrante en Colombia, que en su mayoría ha huido del señalado régimen de Venezuela de Nicolás Maduro.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) invirtió 40 millones de dólares, recursos que según la Presidencia de la República estarán destinados para mejorar la situación de la población migrante.

El evento contó con la participación del mandatario colombiano, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, el gerente de Fronteras, Lucas Gómez, y el director de Usaid en Colombia, Larry Sacks.

De acuerdo con las autoridades, Integra pretende apostarle a Colombia para que tenga una política más robusta que permita mejorar la gestión migratoria y facilitar una integración sostenible, la cual se pueda ver reflejada en oportunidades para la población migrante y retornada desde Venezuela, en la cual se garantice sus derechos y beneficios.

“La iniciativa trabaja bajo los principios de la articulación, construir sobre lo construido y la co-creación con todos los sectores de la sociedad, fortaleciendo a nivel nacional y local las capacidades institucionales y la cohesión social, y a nivel individual y comunitario las capacidades humanas”, explicó el Gobierno nacional.