Comandante de Andrómeda, a juicio disciplinario por supuesta venta de información secreta  

La investigación por una de las operaciones de inteligencia más cuestionadas, y que terminó sacudiendo el tablero político del país, acaba de escalar al máximo encargado de manejar la fachada de inteligencia militar de Andrómeda. Se trata del mayor Joany Alonso Guerrero Herrera, quien deberá responder al lado de dos de sus suboficiales a un pliego de cargos de la Procuraduría, una especie de juicio disciplinario. 

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La delegada para las Fuerzas Militares del Ministerio Público tomó la decisión de abrirles pliego de cargos al considerar que existe evidencia que demostraría la presunta venta de bases de datos del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) y de información de seguridad nacional con datos de desmovilizados. Dicha información al parecer era obtenida de manera indebida por el cabo primero Luis Humberto Moreno Montes, enlace entre la Central de Inteligencia Técnica y el GAHD.

Por esta información -dice el ente de control- habría recibido de manera indirecta remuneración económica, lo cual es calificado como una falta gravísima a título de dolo. La investigación se basa en información recogida en la sala donde funcionaba Andrómeda, ubicada en el sector de Galerías de Bogotá, además de información suministrada por Andrés Sepulveda. La existencia y actividades de esa fachada fueron reveladas en febrero de 2014 por SEMANA.

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El hacker señaló que el cabo segundo Carlos Alberto Betancur Sánchez, miembro de la Operación, le ofreció la venta de cien correos electrónicos que pertenecían a personas que se encontraban en la mesa de negociación de La Habana y software para el monitoreo de teléfonos celulares.   

En el documento de pliego de cargos, la Procuraduría asegura que Guerrero Herrera, como comandante, habría incumplido sus deberes y funciones porque al parecer no ejerció control sobre los suboficiales a su cargo. Lo sindica de haber permitido el desarrollo, la utilización y el ofrecimiento en venta de herramientas de información que tienen carácter reservado para la seguridad nacional. 

Andrés Sepúlveda actualmente paga una pena de 10 años de cárcel por las interceptaciones ilegales a los negociadores del equipo negociador del proceso de paz.

La sentencia fue dictada por un juez de la república después de una negociación con la justicia, en la que el ‘hacker’ se comprometía a dar información para esclarecer los hechos que tuvieron lugar durante la campaña presidencial del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga.

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La Fiscalía archivó la investigación penal contra el excandidato presidencial al considerar que no existe evidencia que demuestre que tuvo conocimiento de las actividades ilegales que adelantaba el ‘hacker’ Sepúlveda.  

En la misma decisión de la Procuraduría también se procedió a archivar las investigaciones realizadas en favor del capitán Manuel Alexander Betancur Montoya, del cabo segundo Yessid Aramis Cáceres y del cabo tercero Michael Steve Beltrán Durán.

Hasta ahora, los tres miembros de las Fuerzas Militares solo han acudido en calidad de interrogados a la Fiscalía.