Comandante de las FF.MM., a declarar por bombardeo en Caquetá donde murieron menores

Para dar su versión sobre el bombardeo de las Fuerzas Militares en una operación en Caquetá realizada en agosto de 2019, dónde habrían muerto varios menores de edad, fue citado el comandante de esa institución, el general Luis Fernando Navarro.

La Procuraduría aseguró que la diligencia se realizará el próximo viernes 30 de octubre en el marco de una investigación en la que ya fueron escuchados integrantes del Ejército y de la Fuerza Aérea, entre ellos oficiales asesores en derecho operacional. El objetivo del Ministerio Público es conocer en detalle los hechos que rodearon el bombardeo en el campamento de ‘Gildardo Cucho’, jefe de las disidencias de las Farc en esa región del país.

La diligencia se adelantará luego de que el Ministerio Público ya valorara los informes enviados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aérea.

Vale mencionar que los hechos se conocieron tras una denuncia del senador Roy Barreras, quien ese momento alertó que el bombardeo de las Fuerzas Militares en esa zona del país no respetó los derechos internacionales y dejó ocho menores de edad muertos.

En su momento, el congresista aseguró que las Fuerzas Militares tenía conocimiento de la presencia de los menores de edad en el campamento de ‘Gildardo Cucho’. En la acción el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, reportó la muerte de ‘Gildardo Cucho’ y de otros seis integrantes de las disidencias pero nunca mencionó la presencia de menores de edad en la zona. Por este motivo, el Legislativo decidió adelantar una moción de censura contra el jefe de la cartera de Defensa, la cual fue aprobada y Botero tuvo que salir del cargo, dejando como ministro a Carlos Holmes Trujillo.

Tras el escándalo en el Senado, la Fuerza Pública aseguró que dicha estructura guerrilla había reclutado forzosamente a los menores, vulnerando así sus derechos fundamentales al ubicarlos como objetivo militar.

En su oportunidad, el mismo general Navarro aseguró que ese reclutamiento representaba un “acto de guerra” el cual le era repudiable a dicha estructura armada ilegal comandada por ‘Gildardo Cucho’.

El trabajo forense en el campamento bombardeado duró alrededor de seis horas. Luego de eso, los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal en Villavicencio. Cuatro días después, el Ejército entregó públicamente los resultados de Atai. En rueda de prensa se reportó la muerte de 14 disidentes, entre ellos Gildardo Cucho. El presidente Iván Duque calificó esa operación como “impecable”. Pero era un reporte incompleto, que obviaba que al menos la mitad de las víctimas eran menores de edad.

Según señaló en su momento Medicina Legal, al instituto llegaron 17 cuerpos. Quince fueron identificados y entre estos aparecieron ocho menores de edad. Varios de estos menores fueron reclutados a la fuerza en la región, e incluso explotados sexualmente por los disidentes. Ángela María Pérez, de 12 años, fue una de ellas. Su madre llegó a ir al campamento para intentar liberarla, pero la joven, con miedo, le pidió que se fuera antes de que la vieran.

Los menores habían sido reclutados forzosamente por las disidencias de Gildardo Cucho y eso no era un secreto en la región cuando se ordenó la operación en la que murieron. Herner Carreño, el personero de Puerto Rico, Meta, había dado informes públicos en los que denunciaba, con algunos nombres propios, la situación de los niños que luego murieron.