Comandante del Ejército rechaza posible reclusión de Sneyder Pinilla y Olmedo López en guarniciones militares

El comandante del Ejército, el general, Emilio Cardozo, dijo no a la posible reclusión de Olmedo López y Sneyder Pinilla, en guarniciones militares. Desde el Puente de Boyacá, donde se conmemoraron los 205 años de la Batalla de Boyacá y al aniversario número 214 del Ejército Nacional, el alto mando se mostró en desacuerdo con el envío de los involucrados en el escándalo de corrupción a guarniciones militares.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, indicó que acatarán lo que disponga la justicia en el caso de López y Pinilla. Tanto la defensa de los implicados como la Fiscalía, le solicitaron al juez ese espacio para que queden privados de la libertad por medidas de seguridad.

“Esa es una decisión que toma el juez de garantías hacia dónde envía privados de libertad. Hubo una solicitud de la Fiscalía General si existían cupos en instalaciones militares para unas personas, pero la decisión es la que adopte el juez de control de garantías. Si existe la disponibilidad, pues en todo caso habrá que atender la orden de uso”, dijo el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

La reacción del sector defensa, se conoce después de que la Fiscalía General le pidió al juez del caso que se prive de la libertad a Olmedo López, a Sneyder Pinilla y al contratista Eduardo López Rosero, en una guarnición militar frente a la delicada situación de seguridad por la que estarían atravesando, tras colaborar con la justicia en uno de los escándalos que más ha golpeado al gobierno del presidente Petro.

La fiscal del caso detalló en medio de la audiencia de medida de aseguramiento que “han venido recibiendo amenazas contra sus vidas e integridad personal, en razón que han decidido colaborar con la administración de justicia”.

Lo cierto es que la Fiscalía reveló que el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, armó estratégicamente un equipo de trabajo para direccionar los contratos de la entidad y hasta armar un organigrama de una “empresa criminal” que influía en la millonaria contratación.

“El direccionamiento irregular de la contratación de la entidad en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros, haciendo prevalecer sus intereses económicos sobre el general”, detalló la fiscal en su intervención.

La Fiscalía volvió a insistir que la corrupción en la UNGRD salpicó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al exdirector de la DNI y al del Dapre, Carlos Ramón Gonzáles, que terminó llegando hasta los bolsillos de los congresistas Iván Name y Andrés Calle, a quienes, según los implicados, se les destinó 4.000 millones de pesos para que apoyaran las reformas del gobierno Petro.

Uno de los detalles que se conoció en medio de la audiencia que avanzó este miércoles 7 de agosto, la Fiscalía reveló que actualmente hay un grupo de funcionarios en la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD), que estarían vinculados a la “empresa criminal” que estarían desapareciendo la información que develaría toda la olla de corrupción que se cocinó al interior de la entidad.

La fiscal del caso detalló que los investigados “su poder e influencia política, económica e, incluso, frente a la opinión pública, la gravedad y modalidad de las conductas que desarrollaron con la concurrencia de otros funcionarios y particulares del entramado de corrupción de la UNGRD aún no vinculados procesalmente, por las que se hace urgente alejar a los aquí imputados del entorno”.

La segunda fase de este proceso judicial podrían venirse decisiones contra el exministro Luis Fernando Velasco y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González; la exconsejera Sandra Ortiz y los nueve congresistas que habrían participado de esta trama corrupta.