Combates entre ELN y Golfo obligaron al desplazamiento de 67 familias en Chocó; Defensoría pide acciones inmediatas al Gobierno

Un dramático éxodo forzado afecta a 180 personas, entre adultos y menores de edad, representadas en 67 familias, en la remota Isla de Cruz, ubicada en la zona rural del municipio del Medio San Juan, en Chocó. Este lamentable suceso, de acuerdo con el reporte de la Defensoría del Pueblo, ha sido provocado por enfrentamientos armados entre el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, una facción de la guerrilla del ELN, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas como Clan del Golfo.

La situación se ha tornado crítica, ya que entre los desplazados se encuentran niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, quienes se hallan en peligro debido a los combates en la región. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha hecho un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y locales para brindar atención inmediata y completa a esta comunidad.

“La institucionalidad nacional, departamental y local debe volcar esfuerzos para que le dé una atención inmediata e integral a la comunidad desplazada, que en este momento es susceptible de vulneración de derechos, especialmente porque hay menores de edad, mujeres y adultos mayores, algunos de ellos requieren atención en salud”, es la solicitud del defensor Camargo Assis.

En un esfuerzo por proteger sus vidas y su integridad, las 67 familias que habitaban en la Isla de Cruz se vieron obligadas a desplazarse el pasado 16 de octubre hasta el corregimiento Dipurdú, también en la jurisdicción del Medio San Juan, una zona ubicada en el suroriente del departamento. La gravedad de la situación ha sido resaltada por el defensor del Pueblo, quien previamente había emitido una advertencia a través de la Alerta Temprana 020 de 2021 y el informe de seguimiento 012 de 2023.

El defensor Camargo hizo un llamado enérgico a los grupos armados ilegales involucrados en el conflicto, recordándoles que bajo ninguna circunstancia deben afectar a las comunidades, tanto en las áreas urbanas como rurales. Además, instó al ELN y las AGC a respetar plenamente el derecho internacional humanitario y a mantener a la población civil al margen de las hostilidades.

Ambos grupos armados ilegales buscan consolidar su control territorial en la zona para fortalecer sus actividades ilícitas, como el tráfico de cocaína y la extorsión al comercio local.

En un intento por evaluar la situación humanitaria que enfrenta la comunidad desplazada, una comisión de la Defensoría viajará a Dipurdú los días 20 y 21 de octubre. Mientras tanto, la Defensoría Nacional de Derechos Humanos está llevando a cabo una jornada de atención descentralizada móvil en Istmina, con el objetivo de restablecer y garantizar los derechos de la población en ese municipio y en el Medio San Juan, donde aún persisten confrontaciones armadas.

El Gobierno nacional también ha considerado la posibilidad de realizar un piloto de paz en la región, con el fin de supervisar un cese al fuego bilateral con el ELN y buscar soluciones a largo plazo para la seguridad y estabilidad en el área.

Defensoría alerta que aumentó el confinamiento un 31 %

De otro lado, cifras de la Defensoría evidencian que la política de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro cada vez funciona menos. Pese a los intentos por establecer mesas de diálogo con grupos armados ilegales con el objetivo de alcanzar la tan anhelada paz, los conflictos armados continúan azotando ciertas regiones de Colombia. Esto ha quedado al descubierto en el último informe del ‘Boletín de Movilidad Humana’ emitido por la Defensoría del Pueblo, que revela un alarmante aumento del 31% en los confinamientos en el país.

La entidad identificó un total de 156 eventos de este tipo entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023. Estos eventos afectaron a 39.942 personas, lo que equivale a 11.094 familias. Estas cifras representan un incremento de 37 confinamientos en comparación con el mismo período del año 2022, cuando se registraron un total de 119 incidentes de esta naturaleza.

El departamento de Chocó sigue siendo la zona más afectada por los confinamientos, con un total de 81 eventos reportados hasta septiembre. Le siguen en la lista Putumayo con 21, Nariño con 17, Arauca con 13, Cauca con 12, Valle del Cauca con 5, Bolívar con 4, Caquetá con 2, y Antioquia con 1 evento.

Estas tendencias se mantienen al comparar las cifras con el informe anterior ‘El Estado de la Movilidad Humana Forzada 2022′, presentado por la entidad en junio en la capital del Chocó, Quibdó, que ya evidenciaba un aumento en las restricciones a la movilidad.

El ‘Boletín de Movilidad Humana’ de la Defensoría del Pueblo también reveló los dos municipios con el mayor número de confinamientos. En primer lugar, se encuentra Puerto Rico, en Caquetá, donde 7.300 personas quedaron atrapadas en sus hogares de forma forzada. En segundo puesto, se encuentra el Bajo Baudó, en Chocó, con 6.047 personas afectadas por estas restricciones.