Comisión de Acusación de la Cámara: ¿con nuevos ‘méritos’ para aumentar su desprestigio?

La Comisión de Acusación de la Cámara, encargada de investigar a los magistrados, al fiscal general y al presidente de la República, entre otros altos funcionarios del Estado, luego de un leve despertar que tuvo entre 2016 y 2019, parece estar volviendo a las épocas en las que las investigaciones duermen el sueño de los justos.

Desde 2016 hasta mediados de 2019 fueron tres los exmagistrados que tuvieron que enfrentar una acusación de esta corporación, dos de los cuales perdieron su fuero y tuvieron que ir a juicio penal en la Corte Suprema de Justicia.

Antes de este boom, solo tres casos habían logrado un avance significativo. El primero fue el del general Gustavo Rojas Pinilla (presidente entre 1953 y 1957), a quien el Congreso declaró indigno por abuso de autoridad y concusión en 1959, pero siete años después fue absuelto y se le restituyeron sus derechos.

Los otros dos hacen referencia al del expresidente Ernesto Samper por el llamado proceso 8.000, quien fue absuelto por la Cámara en pleno, y otro es del exministro Humberto Salcedo, quien en esa misma instancia se libró de la acusación por irregularidades como servidor público.

Los pocos resultados de esta comisión han sido tan pocos en la historia, que en 2015, en la reforma del equilibrio de poderes, la Comisión de Acusación había sido reemplazada por un tribunal de aforados, pero un año después la Corte Constitucional la revivió al considerar que hubo un vicio de trámite al discutir esta propuesta.

Entre los expedientes que actualmente tiene la Comisión de Acusación figuran nombres como el del expresidente Juan Manuel Santos y del también exmandatario Álvaro Uribe, quien en la historia ha recibido cerca de 40 denuncias ante esta célula legislativa, ninguna de las cuales ha prosperado.

También está el del expresidente de la Corte Suprema de Justicia José Luis Barceló, investigado por supuestas interceptaciones ilegales al expresidente Álvaro Uribe por parte del alto tribunal.

Incluso hay dos procesos contra el presidente Iván Duque.

Sin embargo, independientemente de los nombres, son pocos los procesos que en los últimos años han tenido resolución y los que logran moverse terminando, generalmente, archivados.

Así podría ocurrir con el proceso que se lleva contra el presidente Duque por la llamada ‘ñeñepolítica’. El representante Óscar Villamizar, presidente de la Comisión de Acusación y representante investigador del caso, emitió un auto en el que le pide a la corporación archivar el proceso que se lleva por la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial del actual jefe de Estado.

Lo mismo ocurrió en agosto pasado con el proceso que se llevaba contra el expresidente Santos por el caso de Odebrecht. Los investigadores del caso, John Jairo Cárdenas y Andrés Calle, no encontraron suficiente evidencia para continuar con el caso.

Las razones

Hay varias razones por las cuales los resultados de la Comisión de Acusación históricamente han brillado por su ausencia.

La primera de ellas, como lo dijo en su momento el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, es que “los juicios contra aforados históricamente no han funcionado, tal vez por la contradicción que entraña atribuir funciones “judiciales” a un cuerpo esencialmente político”.

En concordancia con esto, se ha visto que en muchas ocasiones los representantes investigadores tienen alguna cercanía con el investigado. Por ejemplo, en el caso de la investigación contra Duque, el investigador es Óscar Villamizar, quien pertenece al mismo partido que el jefe de Estado.

Lo mismo ocurrió en la investigación contra Santos: el congresista Cárdenas ha sido férreo defensor del Acuerdo de Paz en el Congreso.

Otro elemento a tener en cuenta es la gran cantidad de procesos que debe llevar cada representante. Sin contar con un equipo adicional al que conforma su Unidad de Trabajo Legislativo, según fuentes de la Comisión de Acusación, cada representante tiene a su cargo al menos 40 procesos.

Adicionalmente, tal como ocurrió el año pasado cuando la corporación tenía un déficit de 1.900 millones de pesos, no siempre los recursos son suficientes, lo que dificulta contar con el personal de apoyo y hace casi imposible la práctica de pruebas.