Comisión de Acusación: peor que siempre

El descrédito de la Comisión de Acusación no es reciente. En 50 años de funcionamiento ha castigado a solo tres personas: al general Gustavo Rojas Pinilla, a quien declaró indigno por abuso de autoridad en 1959, aunque después fue absuelto; al exmagistrado Jorge Pretelt por concusión en el escándalo de Fidupetrol; y al exmagistrado Gustavo Malo, en la investigación del cartel de la toga. Desde 1972 se han abierto un poco más de 3.600 procesos.

Se estima que de las indagaciones, 50 por ciento son contra magistrados, 28 por ciento contra presidentes y el 22 por ciento restante contra fiscales. Actualmente, existen procesos en contra del fiscal Francisco Barbosa y los exfiscales Luis Camilo Osorio, Mario Iguarán, Alfonso Gómez Méndez y Alfonso Valdivieso, de los que ni ellos deben saber de su existencia.

También hay investigaciones en contra de los expresidentes Andrés Pastrana, Ernesto Samper, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Además, contra el presidente Iván Duque, y cientos de preliminares a magistrados de las altas cortes.

La ineficiencia de la Comisión ha sido tal que, por ejemplo, en diciembre de 2018 se cerró una indagación contra el expresidente Belisario Betancur, denunciado por la toma del Palacio de Justicia en 1985. El archivo se presentó porque en ese mes el exmandatario murió, y la carpeta, que estuvo refundida durante más de 20 años, se tuvo que desempolvar.

“La función judicial del Congreso es inapropiada porque no hace parte de la rama, ni la formación de los congresistas es para administrar justicia”, dice el representante Mauricio Toro, quien forma parte de la Comisión. El punto clave es que un órgano político tenga facultades judiciales y ello hace, evidentemente, que los procesos no avancen y duerman el sueño de los justos.

Para el abogado penalista Francisco Bernate, es preocupante que haya 1.185 casos represados porque se puede configurar una vulneración de derechos para el denunciado y para el denunciante. Durante años, un aforado puede permanecer con un proceso abierto y con los señalamientos a cuestas. “Si hay un inocente denunciado, pues también tiene derecho a que se resuelva el proceso”, asegura Bernate.

Temas gruesos y espinosos hay muchos. Odebrecht, interceptaciones ilegales, chuzadas del DAS, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, el acuerdo de paz con las Farc, la Ñeñepolítica, masacres y asuntos relacionados con la covid-19. Justamente, la pandemia tiene en cuidados intensivos a la Comisión de Acusación.

A pesar de que todos los miércoles hay sesión a las siete de la mañana, casi nunca se logra el quorum necesario para tomar decisiones. El Congreso está funcionando de manera virtual, y el presidente de este órgano, Carlos Cuenca, explica que los casos no se pueden discutir por medio de plataformas para evitar que se “filtre” información o sean hackeados.

Además, varios integrantes de la comisión viven fuera de Bogotá y su traslado en tiempos de pandemia no es sencillo por las medidas de bioseguridad. Toro considera que la Comisión fue hecha para que no opere eficazmente, ya que las instancias son largas y en 1991 los constituyentes exageraron en las garantías procesales para los aforados. Muestra de ello es que quienes están bajo esta jurisdicción tienen más de seis instancias, lo que hace inviable una acusación.

Por si fuera poco, la Comisión no cuenta con un presupuesto autónomo y depende de la buena voluntad del Ministerio de Hacienda. De los 12 meses del año, en ocasiones, solo en seis tienen recursos para contratar abogados y asesores que apoyan el estudio de los procesos. La precariedad de la Comisión ha llegado a tal punto que algunas diligencias que se ordenan se han tenido que hacer en transporte público. “Una vez ordené una inspección y tocó hacerla en taxi”, recordó un representante investigador.

Otro miembro de la Comisión expuso que al adelantar una actuación, su ejecución puede tardar como mínimo, si les va bien, tres meses. Los representantes investigadores deben hacer fila para solicitar la sala de audiencias porque solo hay una. “Toca pedir turno y esto puede tardar demasiado tiempo”, dijo un integrante del Centro Democrático.

Todos estos elementos y los procesos represados demuestran que la Comisión de Acusación es inoperante y, aunque muchas veces se ha dado el debate de una reforma a fondo de su funcionamiento, tampoco se avanza en este tema, que se ha propuesto en diferentes reformas a la Justicia tramitadas en el Congreso.