La suerte de los magistrados Bustos y Ricaurte en manos de un liberal y un uribista

Este miércoles 16 de agosto, a las 10:30 de la mañana, la Comisión de Acusaciones recibió de parte de la Corte Suprema de Justicia copias de investigaciones penales, evidencias y material probatorio, para que se investigue a los exmagistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos.

La compulsa de copias fue radicada con el número 4869, y ese será el guarismo que identifique el expediente correspondiente a uno de los escándalos de corrupción más graves de la historia registrados al interior de la Corte Suprema de Justicia. El proceso que se abrió este miércoles pretende determinar si los dos exmagistrados mencionados recibieron o pidieron dinero para dilatar procesos judiciales contra congresistas.

Fabio Arroyave, representante liberal y presidente de la Comisión de Acusaciones, y el uribista Edward Rodríguez, fueron designados como los congresistas investigadores. La primera determinación que asumirán en los próximos días será evaluar la compulsa de copias y determinar si hay méritos suficientes para la apertura de investigación preliminar contra los mencionados exmagistrados.

Arroyave se comprometió a que la Comisión actuará con celeridad y eficacia. Brindando todas las garantías procesales a fin de esclarecer los hechos materia de investigación.

El congresista liberal reivindicó la labor que ha venido adelantando la Comisión en los últimos años y mencionó el caso del magistrado Jorge Enrique Pretelt, de la Corte Constitucional, quien fue acusado por la Cámara y está a la espera de un juicio de indignidad política en el Senado.  “La  Comisión no será inferior al reto que asume frente al país”, dijo.

En los próximos días Arroyave y Rodríguez estudiarán la compulsa de copias remitida por la Corte Suprema de Justicia para decretar la apertura de la indagación preliminar y practicar las pruebas que lleguen a ser solicitadas.

Estos dos congresistas serán los encargados de determinar si abren investigación formal, en ese caso deberán adelantar la instrucción del proceso, evaluarlo y someterlo a consideración de la Cámara de Representantes, y en caso de que esta corporación decida acusar a los exmagistrados, se adelanataría un juicio político en el Senado. Las implicaciones penales seguirán siendo de la órbita de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, la suerte de los exmagistrados Bustos y Ricaurte, y el caso que hoy estremece al poder judicial, quedará en manos manos de un liberal y un uribista.