Comisión de la Verdad, tras fuertes críticas al Esmad, recomienda la reforma o eliminación

Citando las graves situaciones que se presentaron durante las manifestaciones que se registraron en diferentes ciudades del país el año pasado, la Comisión de la Verdad le solicitó al Estado realizar las acciones pertinentes para que no se presenten violaciones y afectaciones a la vida e integridad de los manifestantes.

Recordando que las protestas son un derecho avalado por la Constitución Política de Colombia y el uso de la fuerza es el último recurso que se debe utilizar, la Comisión señaló que es clave modificar o eliminar definitivamente el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), el cual es la fuerza policial que es enviada a controlar la situación y reanudar el orden público.

En el capítulo 3, del documento de 896 páginas, titulado ‘Hay Futuro Si Hay Verdad’, se ponen de presente recomendaciones a corto, mediano y largo plazo con el fin de garantizar la protesta social en Colombia y la seguridad de los manifestantes.

“La reforma o eliminación del Esmad e incorporación de procesos de formación públicos y evaluables para prevenir la estigmatización y criminalización de movimientos y organizaciones sociales. Es necesario, igualmente, garantizar el cumplimiento de los estándares sobre uso de la fuerza por parte de instituciones policiales”, señala la Comisión.

Igualmente, se le hizo un llamado al Gobierno y el Congreso de la República para emitir decisiones de fondo para que no se estigmatice a las personas que lideran y participen en las manifestaciones, esto citando que en las manifestaciones del 2021, se presentaron constantes ataques contra los representantes y defensores de derechos humanos, esto con el fin de afectar la premisa de la protesta.

“(…) Realizar los ajustes normativos, institucionales, culturales y políticos necesarios para dar garantías al ejercicio de la movilización y la protesta como derecho”. En este sentido, se considera que es necesario blindar y proteger a la protesta social como derecho establecido por la Carta Política.

La Comisión señaló que es clave reconocer la “legitimidad” de la Minga indígena “como una institución étnica de concertación y diálogo entre autoridades, y garantizar, por parte de los representantes del Estado y de la sociedad civil, la no estigmatización de esta expresión válida de gobierno”. Esto teniendo en cuenta que durante las manifestaciones se presentaron acciones en contra de las minorías étnicas.

La Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales deberán realizar campañas de acompañamiento para los manifestantes, organizaciones y movimientos sociales. “Mensajes públicos de las autoridades del Estado del más alto nivel de respeto y respaldo a las manifestaciones legítimas de protesta social, y de rechazo a la violencia como medio de resolución de la conflictividad social”.

Frente a esto, se pide hacer un cambio del “sistema penal y las acciones policivas” para que las represiones y medidas carcelarias sean el último recurso en estas manifestaciones, esto con el fin de garantizar la manifestación pacífica. La Comisión pude que se realicen las respectivas medidas para que los medios de comunicación puedan ejercer su derecho a informar “a través de capacitaciones, entrenamientos, sensibilización y pedagogía sobre el acompañamiento y la garantía de la protesta social como derecho. Estos deben incorporar un enfoque étnico, de género y de derechos de las mujeres”.

En este capítulo se recuerda que en el Acuerdo de Paz se establecieron las garantías para la movilización y la protesta pacífica. “Garantías para los movimientos y organizaciones sociales del Acuerdo final de paz que establece medidas como el fortalecimiento, intercambio de experiencias exitosas, agendas de trabajo locales, metodologías de incidencia, entre otras, para garantizar una sociedad democrática y organizada como una condición necesaria de la construcción de paz”.

Estas recomendaciones se suman a una decena que hizo la Comisión en su informe final, entre las que se destacan modificaciones a la Fuerza Pública y sus políticas de seguridad, el reconocimiento de ejecuciones extrajudiciales y la protección al medio ambiente mediante la suspensión del glifosato.