Comisión de paz, mutis por los protocolos

La Comisión  de Paz del Congreso la conforman todos los partidos políticos, desde el extremo del Centro Democrático, pasando por los aliados del gobierno, los independientes, la oposición, hasta el extremo de la Farc. Este martes se reunieron de forma extraordinaria para analizar salidas políticas frente a la crisis del proceso de paz con el ELN, suspendido por el gobierno nacional después del brutal atentado perpetrado por esa organización ilegal contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander y que cobró la vida de 21 personas.

Pocos fueron los puntos en los que se pudieron poner de acuerdo los parlamentarios que la integran. El más álgido asumir una postura frente a la decisión del gobierno de desconocer los protocolos firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos con esa guerrilla en caso de ruptura de las negociaciones, y exigir al gobierno de Cuba su colaboración para la extradición de los negociadores de paz del ELN que se encuentran en La Habana.

Las posiciones estaban encontradas. Por un lado las del Centro Democrático, que a pesar de ser minoría en la Comisión de Paz, reclamaban una voz de respaldo a la decisión del gobierno, sustentada en los argumentos esgrimidos por el comisionado de paz, Miguel Ceballos, y el canciller Carlos Holmes Trujillo, que el pasado lunes señalaron que los protocolos firmados eran una política de gobierno pero que no comprometían al Estado colombiano.

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Una tesis que este martes reiteró el comisionado Ceballos, al señalar que dichos protocolos “no pueden ser considerados una decisión de Estado pues nunca fueron sometidos a consulta ni aprobación por parte del Congreso de la República ni pasaron por el examen de la rama judicial”.

En cambio, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Paz defendía la tesis de respetar los protocolos con el argumento de que incumplirlos sería un mensaje equivocado a la comunidad internacional. “Los protocolos  hay que cumplirlos, no con la contraparte del ELN, sino con Noruega, Cuba, Chile y Brasil, los países que de buena fe sirvieron de garantes y no pueden ser puestos contra la pared”, explicó Roy Barreras (La U), uno de los copresidentes de la Comisión.

Para el sector mayoritario, el incumplimiento de los protocolos impediría la más mínima posibilidad de reanudar diálogos de cualquier naturaleza, pero también tendría efectos internacionales como que las Naciones Unidas, garantes de paz en el mundo entero, no podría sentarse a ninguna mesa si se descalificaran los protocolos de seguridad que se hacen en todo los procesos de paz y que han cumplido en todos los intentos de negociación en Colombia (ver antecedentes).

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“Nadie nunca iría a una mesa de diálogos si sabe que como resultado de ir a la mesa se le va a capturar. Hay que cumplir esos protocolos mínimos, porque de lo contrario sería darle un portazo a cualquier proceso de paz en el futuro, cuando se den las condiciones”, fue la tesis de la representante Juanita Goebertus, del partido Alianza Verde.

A pesar de que esta tesis era mayoritaria, el uribismo se opuso a que fuera incluida en la declaración de la Comisión de Paz. Y para evitar cualquier fractura en momentos en los que el llamado es a la unidad nacional contra el terrorismo, se optó por la decisión salomónica de no incluirla en la declaración, circunstancia que dejó inconforme a más de uno. Hubo mutis frente a este tema. 

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Este martes también se conocieron pronunciamientos encontrados de dos de los países garantes del proceso con el ELN. En una carta, Noruega manifestó que se debe cumplir con los protocolos, misma tesis que acogió el gobierno de Cuba, sede de los frustrados diálogos. Mientras que Chile, en un comunicado, priorizó la decisión del gobierno colombiano de su determinación de llevar a la justicia a los responsables del atentado: no hizo mención alguna de los protocolos.

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Otros de los asuntos que generaron tensión al interior de la Comisión de Paz tuvieron relación con la decisión del gobierno de suspender las negociaciones con el ELN. En este punto la mayoría respaldaba al presidente Iván Duque, pero la oposición representada en partidos como la UP y la Farc pretendía que en la declaración se rechazara esta postura.

El punto de encuentro fue acogerse a unas palabras que el presidente Duque pronunció en su alocución del pasado viernes, 24 horas después del carro bomba, cuando dio por suspendido el proceso de paz con el ELN: “Si el ELN realmente quiere la paz, necesita mostrarles al país hechos concretos como la liberación inmediata de todos los secuestrados y el fin de todas sus acciones delictivas”.

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Esa declaración dejaba entrever que aunque el presidente Duque le había cerrado la puerta a cualquier negociación con el ELN no les ponía candado. Por eso el segundo punto de la declaración de la Comisión de Paz quedó con la siguiente redacción: “Entendemos la decisión del Gobierno nacional de suspender en este momento el diálogo con el ELN y valoramos la decisión de dejar abierta la posibilidad de un diálogo hacia futuro, bajo el cumplimiento de una serie de condiciones”.

En ese sentido la comisión hizo un llamado al ELN para que tome una decisión inequívoca de abandonar de manera definitiva la lucha armada, y en general el uso de la violencia, a la vez de exigir la liberación inmediata de los 3 ciudadanos tripulantes del helicóptero que fueron secuestrados el pasado 11 de enero en el Catatumbo, de conformidad con las gestiones humanitarias avanzadas por la Defensoría del Pueblo.

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Las 498 palabras de la declaración de la Comisión de Paz tuvieron que ser revisadas de forma escrupulosa para que todos sus integrantes la firmaran. Otra de las controversias fue en torno al término de conflicto armado que pretendían incluir los sectores de la oposición frente al de amenaza terrorista que pretendía el uribismo. El acuerdo al que llegaron fue el concepto de confrontación entre el ELN y el Estado.

Pleno acuerdo

En lo que sí hubo pleno acuerdo fue en la conformación de una mesa humanitaria entre las Comisiones de Paz, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para velar por la protección de los derechos humanos de la población civil que sufre las consecuencias de la confrontación armada.

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También en la citación al Congreso al comisionado de paz Miguel Ceballos, para que rinda cuentas sobre la estrategia del Gobierno nacional frente a la guerrilla del ELN, y en la solicitud al presidente Duque de una reunión con los miembros de la Comisión de Paz del Congreso con el fin de conocer su visión sobre la construcción de paz en el país y hacer recomendaciones al respecto.

La Comisión de Paz del Congreso había completado seis meses intentado fórmulas para destrabar la mesa de negociaciones entre el Gobierno colombiano y el ELN. Estas no habían tenido ningún avance desde la recta final del gobierno de Juan Manuel Santos y prácticamente quedaron congeladas tras la posesión del presidente Iván Duque. El nuevo gobierno había exigido gestos de paz concretos para avanzar en los diálogos, y la la liberación de todos los secuestrados, así como el cese unilateral de acciones criminales, eran sus condiciones inamovibles.  

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Ante esa circunstancia, los “buenos oficios” ofrecidos por esta comisión, integrada por senadores y representantes de todos los partidos políticos, desde el Centro Democrático hasta la Farc, no fueron atendidos. Solicitaron varias reuniones con el comisionado de paz Miguel Ceballos, con el propio presidente Duque, y hasta se ofrecieron para conformar una delegación que viajara a Cuba para entrevistarse con los negociadores del ELN, a sugerencia de los miembros de este grupo guerrillero. El gobierno no aceptó, y la labor de la Comisión de Paz también quedó sin mayor margen de maniobra.

Aunque la mayoría de los integrantes de la Comisión de Paz consideran que el gobierno debe cumplir los protocolos con el ELN, el uribismo impidió que esa postura quedara consignada en la declaración oficial que finalmente firmaron todos los sectores, desde el Centro Democrático hasta la Farc. 

Este fue el texto de la declaración: 

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