Nación
Comisión Nacional de Disciplina Judicial pide a la Fiscalía establecer origen y responsables de “interceptaciones” a magistrados
El alto tribunal exige respeto a la independencia y pide seguridad a los integrantes de la rama judicial.
Luego de que estallara un nuevo escándalo por las presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a uno de los despachos de magistrados de la Corte Constitucional, han sido varias las reacciones de desde diferentes sectores.
El más reciente pronunciamiento se ha dado desde la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, alto tribunal que le pidió a la Fiscalía investigar y determinar los orígenes y responsables de estas presuntas interceptaciones ilegales denunciadas por los propios magistrados.
Esta situación ha sido calificada como “grave”, por lo que también mereció el rechazo de este alto tribual, el cual indicó en un comunicado, que desestima cualquier acto de “intimidación” contra los miembros de la rama judicial.
“Rechaza de manera contundente cualquier acto de presión, intimidación o intervención ilegal en contra de la justicia, y en este caso específico en contra de los magistrados de la Corte Constitucional”, dijo la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
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Así mismo, le exigió a la Fiscalía General de la Nación dar celeridad a las investigaciones correspondientes para determinar quién habría ordenado estos presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales.
“Hace un llamado para que las investigaciones anunciadas por la Fiscalía General de la Nación establezcan lo más pronto posible el origen y responsabilidades alrededor de esas circunstancias lamentables”, agregó el comunicado emitido por el alto tribunal.
Por último, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial convocó a respetar la independencia de las ramas del poder público y a garantizar la seguridad de los miembros de la rama judicial, cuya misión es la de velar por la protección de la democracia.
“Exhorta a todos los sectores de la sociedad y el poder público en Colombia para que se garantice la independencia y seguridad de la rama judicial y todos sus integrantes, quienes tienen la misión de proteger la democracia y los derechos de los ciudadanos a través de la Constitución y las leyes”, agregó la Comisión.
Fiscalía investigará las interceptaciones
La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de la respectiva investigación, la cual estará a cargo de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema.
La propia fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó iniciar la investigación de manera inmediata y dispuso de todos los recursos al alcance de la entidad, para avanzar con celeridad y rigor para establecer los alcances y el impacto de la situación denunciada el pasado miércoles.
La reacción de la Fiscalía General de la Nación se da unos días después de recibir una carta de manos del propio presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar denuncia cómo él y su esposa están siendo víctimas de persecución por parte de organismos de inteligencia del Estado, las cuales incluyen interceptaciones telefónicas, seguimientos y perfilamientos.
Las alarmas se encendieron hace unos días, cuando un mensaje de un estado de WhatsApp se viralizó. Allí decía: “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”.
Este viernes, en la Fiscalía le confirmaron a SEMANA que dicho mensaje salió del teléfono celular del propio Ibáñez Najar, quien a través de la corporación de justicia hizo llegar su denuncia en una carta a la fiscal general de la nación para su respectiva investigación.
La carta, de dos páginas, tiene fecha del pasado 14 de junio bajo el asunto “situación irregular”. Allí, el magistrado Ibáñez le reportó al presidente de la Corte Constitucional que desde hace varios meses vienen siendo intervenidas sus comunicaciones, especialmente el teléfono celular.
“He llegado a la conclusión (de) que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”, señaló.
