NACIÓN
Esta es la comisión que elegirá los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz
Cinco personas tendrán la responsabilidad de seleccionar a casi un centenar de juristas e investigadores para la justicia transicional en cuyas manos quedarán los procesos de guerrilleros, militares y empresarios relacionados con el conflicto.
Se destaparon las cartas. Uno de los temas pendientes que más intriga ha causado desde que se cerró la negociación entre el Gobierno y las FARC quedó despejado: están listos los nombres de las cinco personas que elegirán a los magistrados que conformarán la justicia transicional.
En pocas palabras, al tiempo que en el Congreso se tramita el Acto Legislativo que le dará vida a la Jurisdicción Especial para la Paz, se conoce quiénes seleccionarán al centenar de jueces e investigadores que estudiarán los casos relacionados con delitos derivados de la guerra y cometidos por miembros de las FARC, agentes del Estado y civiles.
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El Consejo Europeo de Derechos Humanos, el secretario general de la ONU, los magistrados de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, fueron los encargados de seleccionar al grupo de personas que, a su vez, designarán a los magistrados de Salas y Secciones, a los integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación y de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
De la elección que ellos hagan, dependerá no sólo que no se politicen los cargos que se crearán por el periodo que dure el tribunal, sino también la legitimidad, independencia, credibilidad y equilibrio que los negociadores propusieron una vez el acuerdo se convirtió en una realidad.
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No es para menos, los miembros del Tribunal para la Paz (instancia jerárquica máxima, que tiene la última palabra en los juicios) reunirán los mismos requisitos de los miembros de las altas cortes, y los magistrados de Sala (segundo nivel en jerarquía) deberán tener las mismas condiciones de quienes hacen parte de los tribunales superiores.
Diego García-Sayán
La ONU nombró a Diego García-Sayán. De 66 años, este peruano ha sido ministro de su país en dos ocasiones, en justicia y relaciones exteriores. Como canciller promovió la adhesión de su país a la Corte Penal Internacional. También se destacó como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por más de una década, y fue presidente de ella entre 2010 y 2014. Se le conoce sobre todo por su voto concurrente en la sentencia dictada por la CIDH en el caso de la masacre de El Mozote, Salvador, en 2012. Allí García-Sayán pondera la aplicación de justicia con los contextos de pacificación y reconciliación, por lo que se considera que abre la puerta a la justicia transicional en un tribunal de derechos humanos. García-Sayán también aspiró a la presidencia de la OEA, en una campaña que no tuvo eco.
Juan E. Méndez
El ICTJ en Colombia nombró a Juan E. Méndez. Este argentino de 72 años es el presidente emérito del ICTJ, entidad que presidió entre 2009 y 2014. También fue relator de la ONU para la tortura. Él mismo fue torturado en su juventud durante la dictadura argentina lo que incidió para que se convirtiera en un destacado defensor de los derechos humanos. También asesoró a la ONU en temas de genocidio.
Álvaro Gil-Robles
El Consejo Europeo de Derechos Humanos nombró a Álvaro Gil-Robles. Este veterano jurista, de 72 años, doctor en derecho, fue defensor del pueblo de España entre 1988 y 1993, también Comisario de Derechos Humanos del Consejo Europeo. Es un reputado docente, escritor y humanista. Fue una de las figuras que por iniciativa de Slomo Ben Ami, postuló a Juan Manuel Santos al premio nobel. En ese grupo también estuvieron Felipe González y Ricardo Lagos, entre otros.
José Francisco Acuña
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La Sala Penal de la Corte Suprema nombró a José Francisco Acuña. Es el ponente en las investigaciones que se llevan en el alto tribunal contra el exmagistrado, Jorge Pretelt; el actual presidente del Senado, Mauricio Lizcano y la exsenadora Piedad Zuccardi. Es egresado de la Universidad Nacional, doctor en derecho por la Universidad de la Sapienza (Roma), magister en historia y especialista en derecho penal. Ha sido decano de la facultad de derecho de la Universidad Nacional en donde también dirige el área de derecho penal y el Observatorio de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Claudia Patricia Vacca González
La Comisión del Sistema de Universidades Públicas nombró a Claudia Vacca González. La férrea defensa que esta química farmacéutica de la Nacional emprendió desde hace muchos años contra los altos precios de los medicamentos y las "dictaduras" de los laboratorios le han dado un papel notorio en la sociedad. Actualmente es docente de la Universidad Nacional y directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder, también se ha desempeñado como asesora del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Washington. Su nombramiento como directora del Invima en el 2010 causó una tormenta en la industria que la terminó apartando del cargo. Además de toda la proyección internacional como académica, el manejo que le ha dado al lobby en su lucha, le ha valido el título de ser una mujer independiente.