Comité de Paro dice que está dispuesto a negociar, no solo a dialogar con el Gobierno

Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), informó que el Comité Nacional de Paro se mantiene en su decisión de negociar y no solo discutir o dialogar con el Gobierno nacional su pliego de emergencia, presentado el año pasado.

En las exigencias están los puntos más importantes, entre todos los que le presentaron al Gobierno en 2019 tras el paro nacional de noviembre, que copó las calles del país durante varios días.

Adicionalmente, piden que se archive el proyecto de reforma a la salud y la derogatoria del decreto 1174, por medio del cual el Ministerio de Trabajo reglamentó el piso de protección social aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo y que para algunos es una “reforma pensional por la puerta de atrás”.

Este jueves, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dio a conocer que el presidente Iván Duque está listo y dispuesto a reunirse con una delegación del comité para dialogar.

Sin embargo, esto se asemeja a lo que sucedió hace ya casi dos años, cuando el mismo comité entregó aquel listado interminable de peticiones que iban desde el cambio de la doctrina militar, hasta el desmantelamiento del Esmad. En ese entonces se instaló una mesa de conversación que estuvo estancada y no llegó a buen puerto, pues los participantes no pudieron ponerse de acuerdo con el nombre de ese acercamiento.

Como ahora, los promotores del paro exigían hablar de una negociación con actores de alto nivel que tuvieran injerencia y poder de decisión en el Estado, mientras el Gobierno se negó a ello y dijo que era una conversación.

La instalación de la bautizada Gran Conversación Nacional que vino después, con la idea de incluir a distintos sectores en temáticas planteadas por el presidente Duque, no terminó en conclusiones importantes ni determinantes en ningún sentido. En gran medida, porque muchos de los temas allí planteados ya se estaban tocando en otros espacios, como en la mesa del Ministerio de Educación con estudiantes para la reforma del Icetex o la que tiene con Fecode permanentemente.

Después llegó la pandemia y apagó casi por completo los ánimos de salir a las calles, que se reavivaron en cierta medida con el asesinato de Javier Ordóñez en septiembre del año pasado y ahora, tras la convocatoria masiva de el Comité Nacional de Paro.

¿Qué dice el pliego de emergencia?

Las exigencias presentadas en el documento recogen los aspectos centrales de lo que piden los trabajadores, estudiantes, campesinos y otras organizaciones que conforman el Comité Nacional de Paro.

El Gobierno presentó esta semana una “agenda sobre lo fundamental”, precisamente basada en dichos requerimientos que tiene sobre la mesa desde hace casi un año.

Los puntos, como lo cita la Escuela Nacional Sindical, son los siguientes:

• Intervención del Estado del sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia, estableciendo todas las medidas de bioseguridad requeridas y formalización laboral para todos los y las trabajadoras de la salud.
• Renta Básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo legal vigente por seis meses para treinta millones de personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis. Moratoria en el pago de créditos hipotecarios y de consumo, en el pago de los servicios públicos (agua, electricidad, internet, gas) durante cuatro meses, prohibiendo el corte de estos.
• Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina) y el empleo con derechos. Defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria: condonación de créditos agropecuarios y subsidios para la producción de las y los campesinos, y pequeños y medianos productores, y un programa de compras públicas para la producción agropecuaria. Que no se desmejoren las condiciones de las y los trabajadores y de las y los pensionados. Se completará el subsidio al valor total de las nóminas y la prima para las mipymes.
• Apoyo al sistema educativo público dirigido a garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y subsidios dirigidos a garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privada y apoyo al sector cultural. No retorno a las clases presenciales para el sistema educativo mientras no estén las garantías para ello.
• Mujer y diversidades sexuales: acciones diferenciadas y específicas para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia. Robustecer las acciones de prevención a las violencias basadas en género. Derogatoria de los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de la vida económica y social.
• No privatización de la red de transporte en oleoductos de Ecopetrol.