Comité del Paro: ¡llegó la hora de negociar!

Este domingo, el Gobierno y el Comité Nacional del Paro se mirarán frente a frente en un nuevo ciclo de fases exploratorias de diálogo que les permitirá –si así lo consideran las partes– ponerle fin a más de treinta días de bloqueos y protestas que dejan más de 15 billones de pesos en pérdidas económicas para el país.

Sin embargo, aunque el optimismo de los colombianos es apremiante ante el nuevo encuentro, sobre el terreno pareciera que no se avanza y que no existe de fondo una verdadera intención de diálogo por parte de los promotores de las movilizaciones. De momento, el gobierno y el Comité del Paro solo se ponen de acuerdo en el cumplimiento de las exigencias y garantías de las partes para instalar las conversaciones oficiales, es decir, una antesala a lo verdaderamente importante.

Aunque el gobierno de Iván Duque aceptó la visita a Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo exigían los promotores del paro, el Comité Nacional del Paro rechazó este sábado los hechos de vandalismo, pero no lo hizo frente a los bloqueos en las carreteras, una de las afectaciones más graves que está viviendo actualmente el país, que lesiona aún más la deteriorada economía tras la pandemia por la covid- 19, que está generando serios problemas de desabastecimiento de gasolina, víveres y oxígeno y que, de paso, está poniendo en riesgo la vida de ciudadanos por la obstrucción de las misiones médicas durante los cierres viales. La legitimación de los bloqueos por parte del Comité, sería el punto de quiebre en la reanudación de las conversaciones con la Casa de Nariño.

Si se destraba el tema, el gobierno empezará a dialogar sobre unas exigencias complejas por parte de los voceros que parecen no entender la situación real del país, que no es ajena al mundo. Se trata de la renuncia a la declaración de conmoción interior: “¿Cómo entender que los negociadores le sigan exigiendo al Presidente la renuncia a su facultad constitucional de aclarar el estado de conmoción interior y se resistan a condenar estas acciones violentas?”, se preguntó en su columna dominical de El Tiempo el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Aunque varios sectores de derecha le exigen a Duque que decrete la medida consagrada en la Constitución Política y que garantice el orden público, el presidente es demócrata, pacífico y sería la última opción en sus manos.

También saltará sobre la mesa la propuesta de una renta básica de un salario mínimo para al menos 30 millones de colombianos que pasan por una difícil situación económica como consecuencia de los encierros por las cuarentenas, una petición insistente de la izquierda durante la pandemia y antes de iniciar el paro en el país.

Sin embargo, ¿de dónde saldrán los recursos para financiar la propuesta? Atender a dicha población superaría los 80 billones de pesos, una cifra elevada que el gobierno Duque no está dispuesto a asumir porque desfinanciaría el resto de programas sociales y los temas urgentes de salud que Colombia necesita tras un virus que no se detiene, que se agudiza por las aglomeraciones en las marchas y que este viernes dejó 540 muertos, una cifra que parece sostenerse y dispararse con los días.

Hay que recordar que la reforma tributaria del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla pretendía obtener 25 billones de pesos para saldar el hueco fiscal de Colombia y se hundió sin ni siquiera ser estudiada en el Congreso. Y para la renta básica, se requiere cuatro veces más esa billonaria cifra. SEMANA conoció que al Gobierno no le es esquiva una propuesta de renta básica, pero no sobre un salario mínimo. La propuesta se conocerá cuando se comience a concertar la nueva reforma tributaria que estructura el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que promete tocar exclusivamente el bolsillo de la clase alta del país y que pasaría sin mayor problema en el legislativo por los acercamientos desde el palacio presidencial con el Conservatismo, Cambio Radical, La U, y otros sectores políticos.

Los promotores –pese a la crisis del país– también insistirán en la matrícula 0 en las universidades públicas, un anuncio que ya hizo el presidente Iván Duque y que requerirá la aprobación del Congreso para su permanencia en los próximos semestres.

Lo importante es que los voceros del Comité entiendan que el país no puede detenerse más, que los bloqueos están terminando por hundir la economía, que 2.7000.000 colombianos perdieron al menos la mitad de sus ingresos por la pandemia, y que más de 7 millones de ciudadanos se encuentran en pobreza extrema.

Y lo más importante: que no aprovechen la situación de Colombia para hacer exigencias inconscientes como en Buenaventura, donde el Comité del Paro de esa región pretendió decidir qué insumos salían e ingresaban al puerto y de paso acompañar las labores de la Policía, un preacuerdo firmado por el viceministro del Interior, Juan Pablo Díaz Granados, y el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, que fue desautorizado en parte por el ministro del Interior, Daniel Palacios, porque se cedía un terreno que es competencia exclusiva del Gobierno.

Es hora de entender que el país retrocedió una década, que el presidente Iván Duque ha escuchado y que por tanto debe acelerarse los avances de las concertaciones.

Colombia ya se acerca a los 90.000 muertos, diariamente la cifra de contagios supera las 25.000 y están falleciendo por encima de 500 personas diarias, una cifra que ni siquiera se registró en el primer pico, cuando el país empezaba a conocer del virus.

En Bogotá –según Saludata– solo quedan 60 camas para atender a pacientes contagiados del virus en unidades de cuidados intensivos, es decir, registra una ocupación del 97.3 por ciento de camas UCI, cifra que tiene en máxima alerta a las autoridades de salud del país. Sin embargo, el Comité, al parecer alejado de la realidad del país, insiste en convocar a marchas pacíficas por la vida, la paz y los derechos humanos que no solamente concentran aglomeraciones de ciudadanos y disparan aún más el virus, sino que sirven de escenario perfecto para que se camufle el vandalismo y genere zozobra en el país.