Comité Nacional de Paro dice que con militarización el Gobierno “bloquea la negociación”

Los representantes del Gobierno de Iván Duque y el Comité Nacional de Paro se reunieron nuevamente este domingo, desde las diez de la mañana, después de un mes de protestas y ningún acuerdo entre las partes.

Si bien hace casi dos semanas se abrió la puerta a la negociación del pliego de emergencias del comité, un punto estancó el proceso y es el de los bloqueos de vías del país.

Mientras que el Gobierno ha reiterado una y otra vez a lo largo de la semana que el Comité Nacional de Paro debe rechazar con vehemencia estas acciones, este se niega y las justifica como una forma de protesta.

A pesar de que la reunión sigue, durante el encuentro el comité publicó una declaración refiriéndose al preacuerdo y a la situación actual del país, cuando el presidente Iván Duque ordenó para Cali y el Valle del Cauca la asistencia de más de 1.400 integrantes del Ejército para recuperar la seguridad y orden público. Además, al uso de Policía y militares para tratar la protesta en algunas zonas del país.

Antes de comenzar la negociación de las exigencias del comité, este pidió llegar a un preacuerdo de garantías para el derecho a la protesta, que en teoría estuvo listo el 24 de mayo y solo le faltaba la firma del presidente Iván Duque, quien no solo pidió exigir un rechazo tajante a los bloqueos, sino otras modificaciones.

“Tras 32 días de haber iniciado las protestas masivas, en todo el país, en las que las y los colombianos urgen la solución a las necesidades que nos aquejan y exigimos vías democráticas para ser escuchados, el Gobierno nacional sigue haciéndose el de los oídos sordos. A la fecha no ha querido establecer un proceso de negociación con los sectores sociales que aglutinan parte de las peticiones que se gritan en las calles. Se mantiene en silencio no solo frente a los válidos reclamos ciudadanos, sino que dilata de manera inconsecuente la firma de un acuerdo básico de garantías que abra el camino para instalar mesas de negociación”, dice el pronunciamiento.

En la madrugada del domingo, el Ejecutivo les envió a los miembros del comité las observaciones y ajustes al preacuerdo que habían logrado cerrar después de 9 días de exploración y concertación. Para los integrantes, los ajustes en realidad suponen volver a empezar toda la discusión, pues pretende eliminar temas como la desmilitarización y el no uso de asistencia militar para la protesta, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de la huelga, el no uso de armas de fuego en las manifestaciones y la excepcionalidad y límites a las acciones del Esmad.

Asimismo, el Gobierno pretendería, de acuerdo con la declaración del comité, no abrir el debate sobre la reforma a la Policía, así como eliminar del preacuerdo el uso de instrumentos del acuerdo de paz para avanzar en la solución del conflicto, las declaraciones condenando las violaciones de derechos humanos y la estigmatización en las protestas y la comisión de garantías que realizaría seguimiento al acuerdo, entre otras.

“Además, incorporan una exigencia al Comité Nacional de Paro para que condenemos y criminalicemos los cortes temporales de vías, o mal llamados ‘bloqueos’, desconociendo la postura que hemos hecho pública y las decisiones que se han tomado en varios territorios de reorientar los cortes de vías”, agregan, dejando claro que no rechazarán estas acciones que, por ejemplo, el consejero Emilio Archila esperaba que sí lo fueran a hacer.

Con todo, la interpretación que dan los miembros del comité es que el Ejecutivo no pide modificaciones, sino deshacer todo lo logrado y cerrar cualquier posibilidad de negociación.

Según los firmantes, el Gobierno ha priorizado los discursos de odio y las declaraciones de estigmatización de la protesta, así como el tratamiento militar contra quienes participan en las huelgas.

Para ellos, el presidente y sus funcionarios han guardado un “silencio cómplice” frente a los abusos de distintos agentes de la fuerza pública, como el Esmad, así como el ataque de grupos civiles que actúan al lado de estos.

Cuando se está tratando de adelantar una negociación, preocupa que para el Comité Nacional de Paro haya una “simulada voluntad de negociación” de parte del Gobierno.

Asimismo, señalan que el decreto 575 emitido por el mandatario el viernes en la noche, que impone asistencia militar a ocho gobernadores y 13 alcaldes, supone un estado de conmoción interior “parcial y de facto”, que elude el control constitucional e involucra a militares en el manejo de la protesta, subordinando a las autoridades civiles a los mandos militares. De acuerdo con el documento, lo interpretan como un golpe de Estado.

Finalmente, el Comité Nacional de Paro señala que el paro continuará y que “convocará a realizar las más grandes organizadas y pacíficas movilizaciones”. Con esto, el final del paro no parece acercarse.