¿Cómo está funcionando el estado de urgencia manifiesta tras la crisis en Cancillería? Colombianos en el exterior se quejan

El Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, reafirmó su decisión de declarar desierta la millonaria licitación para el suministro de pasaportes y visas en el país. Esto se produce después de que, en una audiencia reciente, el actual contratista, Thomas Greg, presentara una solicitud para revocar la decisión, que posteriormente fue rechazada en una nueva audiencia.

Tanto la Contraloría como la Defensoría han expresado sus inquietudes a la Cancillería sobre un posible desabastecimiento de pasaportes y visas a partir del 2 de octubre, fecha en que vence la extensión del contrato con Thomas Greg. En respuesta a esta situación, el Canciller Leyva emitió una resolución en la que declara un “estado de urgencia manifiesta” por un período de 12 meses.

El concepto de “estado de urgencia manifiesta” toma relevancia en el contexto de la gestión gubernamental y la toma de decisiones en situaciones excepcionales en Colombia. Este término se encuentra respaldado por la Ley 80 de 1993, específicamente en su artículo 42, y desempeña un papel crítico cuando se trata de mantener la continuidad de los servicios públicos y abordar circunstancias extraordinarias que impiden el seguimiento de los procedimientos habituales de selección y contratación.

En esencia, el estado de urgencia manifiesta se declara cuando la prestación de un servicio público esencial, el suministro de bienes vitales o la ejecución de obras inaplazables deben llevarse a cabo en un futuro inmediato y circunstancias excepcionales obstaculizan la posibilidad de realizar procesos de selección o concursos públicos para determinar al proveedor.

En otras palabras, es una medida que permite al Gobierno contratar directamente con una empresa o entidad, sin pasar por los procedimientos de licitación pública, cuando existe una imperante necesidad de continuar brindando un servicio crucial para la sociedad.

La Cancillería ha hecho uso de esta figura al declarar un estado de urgencia manifiesta por un período de 12 meses para abordar la situación relacionada con el suministro de pasaportes y visas en el país. La resolución emitida, en este caso, busca garantizar que los servicios críticos, como el suministro, formalización, prestación, personalización, custodia y distribución de pasaportes, así como la impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visas colombianas con zona de lectura mecánica, no se vean interrumpidos.

El documento también establece la obligación de las dependencias competentes de iniciar los trámites presupuestales necesarios para respaldar los compromisos que se adquieran en futuros contratos bajo esta modalidad.

Colombianos en el exterior se quejan

Sin embargo, varios colombianos residentes en el exterior o que se encuentran en otro país por turismo, trabajo o estudio, entre otras situaciones, se han quejado de los problemas en la atención en consulados y embajadas.

Y es que, aunque el servicio no debería verse afectado hasta el próximo 2 de octubre, día en el que se vence la extensión del contrato con Thomas Greg, al parecer ya se registran dificultades en los servicios que debe prestar la Cancillería a través de los consulados y embajadas.

Así lo asegura Fabián Uribe, un colombiano que se encuentra en los Estados Unidos y que afirma que no ha logrado conseguir cita para obtener un permiso de viaje con menores de edad.

En entrevista con el programa La Noche, del canal internacional NTN24, el analista internacional, consultor político y docente universitario Juan Falkonerth advirtió que Colombia está ad portas de un problema de orden público por la posible parálisis en el trámite para la expedición de pasaportes.

Otros ciudadanos afirman que, ante la imposibilidad para conseguir citas para la renovación del pasaporte colombiano, no quedará más remedio que viajar con el documento vencido y un sello de autorización de la ampliación de la vigencia.