¿Cómo explicar la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales?

¿Quién está matando a los líderes? ¿Hay sistematicidad? Muchos son los informes y análisis que se han desarrollado alrededor de esta problemática, pero esta es la primera vez que una investigación de este tipo busca identificar y clasificar patrones claves, que ayudarían a entender la ola de violencia que están viviendo los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.

Le sugerimos el especial ¿Quién podrá defenderlos?

257 líderes sociales y defensores de derechos humanos (DD.HH.) fueron asesinados entre el 24 de noviembre de 2016 -fecha de la firma del acuerdo de paz- y el 31 de julio de 2018, de acuerdo al informe ‘¿Cuáles son los patrones?: Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo‘, elaborado por diferentes organizaciones como el programa Somos Defensores, el Cinep, la Universidad Nacional de Colombia, la Comisión Colombiana de Juristas, el portal Verdad Abierta, entre otros.

Número de líderes sociales y defensores(as) asesinados entre el 1 de enero de 2016 al 31 de julio de 2018. Fuente: Informe ‘¿Cuáles son los patrones?: Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo‘

Desde la firma del acuerdo de paz el asesinato de líderes sociales ha logrado acaparar la atención de la opinión pública, no solo ha ocupado portadas en los diferentes medios de comunicación, sino que además, la indignación frente a la falta de garantías de seguridad por parte del Estado colombiano, ha llevado a que miles de personas alrededor del mundo salieran el pasado 5 de julio de 2018 a las calles con el objetivo de exigir que se detuviera el asesinato de los líderes y lideresas.

Puede leer: Duque lanza campaña para enfrentar a asesinos de líderes sociales

Entre los alarmantes hallazgos de este informe resalta el hecho de que más del 44 por ciento de los asesinatos se realizaron en las viviendas de los líderes sociales, lo cual muestra un patrón que indicaría la sistematicidad en estos siniestros, debido a que las violaciones la vida serían el resultado de unas actividades de seguimiento y planeación por parte de los victimarios.

Puede leer: Los alarmantes patrones que rodean el asesinato de líderes sociales

En esta línea, cabe resaltar que el pasado 11 de enero del presente año el Estado colombiano reconoció que existe una sistematicidad en el asesinato de líderes sociales en el país.

Adicionalmente, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, indicó que dicha sistematicidad se presentaría activamente “desde el punto de vista que se trata de organizaciones criminales estructurales que están operando en los territorios. Y hay sistematicidad pasiva, pues desde el punto de vista del 50 por ciento de la afectación de víctimas, pero no existe, como existió en los años 80, una sistematicidad que pueda involucrar a agentes del Estado”.

De igual manera, Camilo Bonilla -uno de los investigadores de este informe y representante del Comisión Colombiana de Juristas- indicó que “la sistematicidad se puede ver en que los ataques, además de ser reiterados y continuos, también muestran indicios de planeación”, así mismo dijo que, “la omisión por parte del Estado también puede indicar sistematicidad”.

El documento también reconoce que, no es un solo actor el responsable de dichas violaciones al derecho a la vida, sino que son varios los actores implicados en dicha victimización, pero son relativamente pocas las temáticas que manejan quienes se han convertido en las víctimas de los grupos armados.

¿Quién los está matando?

Esta es la pregunta que se hacen los analistas, el Gobierno y los mismo líderes, que quieren saber quiénes son sus victimarios. En la complejidad del territorio varían los intereses y los autores. Según el informe, la mayoría de los asesinatos (118) todavía no tienen un autor identificado, y en los demás casos en la mayoría son presuntos autores, porque todavía no hay un esclarecimiento en el proceso judicial.

Sin embargo, dentro de los autores identificados por el informe llama la atención que la mayoría de los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos habrían sido cometidos por paramilitares. Aunque en 2006 se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia, y desde ese entonces el Gobierno no ha reconocido el paramilitarismo, el informe asegura que todavía “persiste el fenómeno” al cual se le han dado varias denominaciones como “narcoparamilitares”, Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), los que antes se conocía como Bacrim.

Consulte: Sombras sobre El Salado

“Registramos un total de 44 violaciones al derecho a la vida a manos de los paramilitares, de los cuales la mayoría (20) fueron las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Los Caparrapos (5)”, puntualiza el informe. Los municipios más afectados fueron Medellín (Antioquia) con cuatro casos; Riosucio (Chocó), San José de Uré y Tierralta (Córdoba), Buenaventura (Valle del Cauca) y Cáceres (Antioquia) con tres violaciones cada uno.

De igual forma, las disidencias de las Farc se han convertido en un actor armado cada vez más relevante. Son presuntos responsables de 19 asesinatos, de los cuales 4 víctimas eran mujeres y uno pertenecía a la comunidad LGBT. Los departamentos más afectados son Nariño con 7 casos registrados, mientras que Caquetá, Cauca y Guaviare con tres casos cada uno.

El informe también le atribuye la presunta responsabilidad a la fuerza pública de 14 asesinatos de civiles: 11 a manos del Ejército y tres de la Policía. Sin embargo, el documento asegura que en cinco casos "el ejército reportó a las víctimas ante los medios de comunicación como: un disidente de las FARC-EP, tres miembros del ELN y un ladrón", lo cual niegan las organizaciones sociales.

En la presunta autoría de los asesinatos, el ELN tendría la responsabilidad de 8 de ellos mientras que el EPL de 2. El informe también indica que, hay 35 casos de asesinatos a manos de un "grupo armado sin identificar" y de civiles capturados a los cuales todavía se les busca establecer a cuál grupo pertenecen. Esta tarea es para la Justicia.

¿Cuáles son los patrones?

El informe indica que, los patrones concretos encontrados son “los referentes a las violaciones a los derechos a la vida e integridad en cuanto a: su localización dentro de un determinado ámbito geográfico, las personas contra las que se perpetran las violaciones, el modo en el que estas violaciones se llevan a cabo, su frecuencia y sus posibles perpetradores”.

En cuanto al ámbito geográfico Bonilla señaló que la manera en que se generó este indicador está relacionado no solo con los municipios en los que se presentan mayor número de asesinatos de líderes sociales, sino que además, contempla otros factores como las tasas de homicidio registradas en dichos regiones, el vacío de poder por parte del Estado, la presencia de cultivos ilícitos y algunas zonas donde se están llevando a cabo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

¿Faltan reportes en Medicina Legal?

Los investigadores encontraron que en algunos municipios las cifras de asesinatos de líderes no concuerdan con los registros de Medicina Legal en siete casos. Por ejemplo, en Belén de Bajirá (Chocó) y López de Micay (Cauca) Medicina Legal no tiene registros de homicidios para 2017 y el informe registra dos homicidios de líderes en cada uno.

"Se puede deber, es una hipótesis, a que Medicina Legal registró el homicidio en el lugar donde hace el levantamiento del cadáver que no siempre corresponde al lugar donde fue el ataque", explicó Bonilla.

¿De dónde salen las balas?

La mayoría de los líderes son víctimas del sicariato, y en 212 casos sus asesinatos se han cometido con armas de fuego.

“De estas armas de fuego utilizadas en los crímenes un porcentaje importante son armas cortas, tipo pistola que utilizan munición 220 de calibre 9 mm y expulsan los casquillos o son tipo revólver, que utilizan balas de calibre 38. Cada uno de los elementos que componen la munición poseen características específicas dependiendo de la fábrica que la produzca (composición química específica de la pólvora, el casquillo y el proyectil; marcas de número de serie, año y fabricante presentes en el casquillo”, aseguran los investigadores.

El informe se pregunta si las municiones provienen de una misma fábrica, por eso plantean como una necesidad que la Fiscalía revele de dónde salen las balas, ya que creen que teniendo el casquillo y el proyectil, resulta posible rastrear el origen.

Según el informe, el Estado no ha sido eficaz para evitar que se den más asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos. De hecho, advierte que las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo no han tenido una respuesta eficaz y que por esto la "situación sigue siendo crítica". El informe también pone el dedo en la llaga sobre la estrategia militar del gobierno, pues aseguran ante la "ausencia de compromiso serio por poner fin al conflicto armado" estos planes militares implicar "graves riesgos para los líderes" que viven en estas zonas.

"La ausencia de una voluntad decidida en el Estado para desmontar las estructuras paramilitares, evidenciada en la falta de estrategias eficaces para su sometimiento a la justicia o para la persecución contra sus estructuras, así como para la depuración de la fuerza pública y otras entidades estatales que han colaborado con ellas", puntualiza el informe.

Para finalizar es necesario resaltar que, el informe llama la atención sobre el hecho de que “la situación (que viven día a día los líderes sociales y defensores de DD.HH.) es más grave de lo que exponemos en este documento”.