Así funciona el país político en cuarentena

La Casa de Nariño está vacía. Por sus pasillos no se ve el desfile de congresistas, ministros, alcaldes, gobernadores, corriendo de un lado para otro. El que quiera ingresar debe justificar sus razones, responder preguntas de salud y someterse a un control de temperatura. Muchas oficinas están cerradas. Nunca antes el palacio presidencial se había visto así, en absoluto silencio. El cambio obedece a una poderosa razón: el coronavirus.

En medio de la cuarentena, la nación se gobierna desde las pantallas. Primero, está la pantalla de un computador de escritorio, al cual se conecta desde muy temprano el presidente Duque para cumplir la agenda. Sus planes cambiaron de un día para otro, y ahora, con un comité científico, el objetivo es contrarrestar la pandemia. “Salvar vidas y que el país funcione” es la máxima que se repite en Palacio.

Luego está la pantalla del televisor. Todos los días, a las seis de la tarde, el mandatario presenta en vivo el programa Prevención y acción, en el que hace los anuncios. El más reciente fue la prolongación de la cuarentena hasta el 27 de abril.

En el Congreso la cuarentena llegó para cambiarlo todo. Antes de que el coronavirus se reportara en Colombia, el 6 de marzo, los 108 senadores y 171 representantes a la Cámara se preparaban para el segundo tiempo de Duque. La expresión de moda era la “nueva gobernabilidad”, y la meta era que los proyectos del Gobierno no se hundieran como en el primer año.

Sin embargo, el esperado debut de la ministra del Interior, Alicia Arango, se estrelló de frente con el coronavirus. La pandemia dejó en suspenso las reformas que tenían listas para ser presentadas, entre ellas la pensional, la de la política y la de la justicia. De aquí en adelante, la prioridad estará puesta en aquellas iniciativas que permitan reconstruir la economía y el tejido social.

En el Capitolio, la instalación de las sesiones ordinarias, que estaba prevista para el 16 de marzo, sigue en el limbo. Hoy, a diferencia de lo que pasa en la Casa de Nariño o en el Concejo de Bogotá, los congresistas están desconectados.

Ni los senadores ni los representantes han podido hacer teletrabajo, pese a que el presidente firmó el Decreto 491 para ello. Esa parálisis del Legislativo en medio de la crisis que afronta el país es difícil de entender y ha desatado una oleada de críticas hacia el Congreso.

Las sesiones virtuales están empantanadas por razones jurídicas y técnicas.En primer lugar, a juicio de algunos, la Ley 5 de 1992 –que regula el Congreso– no las permite explícitamente y los proyectos que se aprueben de esta manera se podrían caer por vicios de forma. Otros consideran que en el fondo lo que hay es un “debate leguleyo” y que, amparados en los artículos 140 y 145 de la Constitución, los congresistas debieron reiniciar sus labores hace tiempo.

Pero a este embrollo jurídico, que es el mejor retrato de una nación eminentemente santanderista, se le añade una paradoja: en esta época donde lo virtual se impone, el Congreso no cuenta con una plataforma tecnológica idónea para poder funcionar.

En la Cámara, por lo menos, todo indica que el tema se podría superar en los próximos días. Una comisión accidental de la Cámara, conformada por diez representantes de todos los partidos, le pidió a la Dirección Administrativa “contratar una plataforma a la mayor brevedad, y con criterio de austeridad”.

La herramienta debe permitir que los ciudadanos accedan en tiempo real a las sesiones y que estén en línea los proyectos, las ponencias, las proposiciones, las constancias y los impedimentos. Además, que el presidente de la sesión de turno pueda controlar los tiempos de cada una de las intervenciones. En un Congreso donde a veces nadie se escucha en medio del desorden esto se convertirá en un verdadero desafío.

La directora administrativa de la Cámara, Carolina Carrillo, prometió que habrá sesiones virtuales muy pronto. Aunque no se conocen sus valores, hay siete cotizaciones de plataformas, y ahora la duda está en la fuente de financiación.

En principio, la cuarentena finaliza en dos semanas, pero es probable que muchas actividades que impliquen reuniones masivas sigan siendo virtuales. El regreso a la normalidad del país no se dará de un día para otro, sino de forma progresiva. Por esa razón, es necesario analizar si el Congreso deberá funcionar a la distancia mientras se logra el control del coronavirus.

A diferencia de la Cámara, en el Senado hay mucha más incertidumbre. El congresista Jorge Robledo, uno de los líderes de la oposición, no está de acuerdo con las sesiones virtuales y las califica de inconvenientes e ilegales. Él es partidario de que se realicen de manera presencial, “con todos los controles sanitarios”.

El presidente del Senado, Lidio García, asegura que la Corte Constitucional es la que debe pronunciarse para despejar las dudas sobre la legalidad del teletrabajo. “El decreto presidencial permite que trabajen notarios, ‘call centers’, mineros. Es penoso que no lo estemos haciendo nosotros. Es un peligro para un país que el Congreso no trabaje”, advirtió la senadora Angélica Lozano.

La discusión parece no tener fin. El senador Rodrigo Lara considera que los congresistas no deberían legislar desde una pantalla. Él propone que los partidos escojan a unos delegados para que conformen un quorum reducido que asista al Congreso.

“Siento que en esta cuarentena he trabajo incluso más que cuando hay sesiones ordinarias. Mil reuniones para ambientar el tema de las sesiones virtuales, y estamos avanzando”, dice el representante a la Cámara José Daniel López.

Hablar de política en tiempos del coronavirus implica mirar la edad. El Gobierno notificó que aquellas personas mayores de 70 años tendrán un confinamiento obligatorio hasta el 31 de mayo por ser los más vulnerables ante la enfermedad.

Con esa medida quedan cobijadas figuras de la oposición, como el propio senador Robledo, que acaba de cumplir 70 años; el representante a la Cámara Germán Navas Talero, de 79 años; y la senadora Aída Avella, de 71 años.

En el Gobierno también hay funcionarios claves que, si bien pueden ser la voz de la experiencia, son población de alto riesgo. Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, tiene 68 años y está muy cerca de la edad límite. La canciller Claudia Blum cumplió 71 y está confinada.

En las regiones, las tensiones han cesado temporalmente por el coronavirus. Los alcaldes, que por esta época están cumpliendo 100 días de mandato, están pensando en cómo evitar el mayor número de contagios y víctimas fatales, y en cómo ajustar sus planes de desarrollo a la nueva y compleja realidad.

La disputa del uribismo con Daniel Quintero en Medellín, el ventilador que prendió Aida Merlano desde Venezuela contra la clase política de la costa, por ejemplo, pasaron a un segundo plano, por ahora.

La alcaldesa Claudia López ha sido la más activa en medio de la pandemia y ha tenido roces con Duque por las medidas que deben tomar. Desde hace unas semanas, sus ruedas de prensa son virtuales.

En Medellín, el alcalde Quintero no ha dejado de salir a la calle a entregar ayudas y a conseguir camas para las unidades de cuidados intensivos. El mandatario sostuvo que su plan de gobierno estará encaminado a la recuperación de la economía maltrecha que dejará la cuarentena.

Como médico que es, las prioridades del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, están claras. Por medio de teleconferencia se conecta diariamente con su equipo de trabajo. Esta semana se reunió virtualmente con los gerentes de las EPS para hablar de recursos y traslado de pacientes.

En las últimas semanas, la justicia también se ha visto inmersa en un escenario casi que futurista. Las audiencias de baranda judicial con larguísimas intervenciones se realizan por videoconferencia, y allí más vale ser concreto porque la señal puede caerse. Así, en los complejos judiciales ahora se ven más ingenieros de sistemas y técnicos que jueces o abogados.

En las URI (unidades de reacción inmediata) se habilitaron recintos con cámaras y pantallas en las que aparecen los jueces de garantías despachando desde sus hogares. La participación de los abogados defensores, fiscales y procuradores se da asimismo remotamente. En las cárceles se prohibieron las visitas, pero se instalaron cubículos en los que los internos pueden tener videollamadas de hasta una hora con sus familiares o abogados.

Por su parte, los magistrados de altas cortes están sesionando en salas plenas virtuales. Previamente se intercambian los proyectos de fallo en formato digital, y en la sesión los discuten y votan.

Una sorpresa ha sido lo que ha ocurrido con las acciones de tutela, que son una herramienta que no se podía suspender. Al iniciar la crisis se temía que el país tendría una tutelitis, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. “Durante la última semana las solicitudes de tutela tuvieron una baja significativa del 78 por ciento: pasamos de recibir 2.440 tutelas el viernes 13 de marzo a 536 el viernes 20 de marzo”, explica Diana Remolina, magistrada presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.

Este escenario nacional parece el libreto de una película. Pero es la realidad que ha impuesto la pandemia. Lo cierto es que las pantallas han permitido que el país siga funcionando, pese a las adversidades.