¿Cómo impactan a los venezolanos las nuevas medidas de control migratorio?

Las nuevas medidas de control migratorio en la frontera con Venezuela ya están en funcionamiento. Pero una cosa son las cifras y otra la situación que se vive a lo largo de los 2.200 kilómetros de frontera. Las personas tienen miedo, están aterradas de quedarse de un lado de la frontera y no poder volver a ver a su familia, o no poder regresar a su lugar de origen después de conseguir alimentos o medicina.

Lo que sucedió el viernes al mediodía en el Puente Internacional Simón Bolívar en Cúcuta retrata la angustia de los venezolanos. Un tumulto intentó pasarse el control fronterizo al ver que no podían pasar normalmente. Las autoridades colombianas reaccionaron con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad. La situación se salió de madre.

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Estas son algunas de las consecuencias que ha tenido una de las medidas más importantes que tomó el Gobierno: suspender la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, TMF. El documento funcionó durante un año y sirvió para que las personas que vivían en la frontera se desplazaran legal y fácilmente y hubiera una migración pendular, es decir que pasaran de un país a otro, normalmente para abastecerse. Servía para que se quedaran hasta por seis días en Colombia, pero miles la utilizaron para pasar y no regresar a Venezuela.

Lo que ha aclarado el gobierno es que los 1.500.000 venezolanos que tienen la TMF podrán seguir utilizándola para entrar al país, y volver a salir. La suspensión ha traído otros problemas, por ejemplo, están empezando a falsificar el documento, sin embargo, no es tan sencillo hacerlo porque Migración Colombia cuenta con tecnología para verificar que la persona esté registrada. Pero “hecha la ley, hecha la trampa”, y por eso ahora esto deberá ser más eficaz que nunca.

"Tenemos conocimiento que ya hay personas inescrupulosas ofreciendo supuestas tarjetas, aprovechándose de la necesidad de algunos venezolanos, quienes se están viendo estafados", explicó Migración Colombia.

De fondo lo que ha dicho el gobierno es que los venezolanos sí podrán pasar si tienen la TMF o el pasaporte en regla. Este es el gran embudo. En lo que coinciden los analistas es en que en Venezuela se ha restringido la expedición de pasaportes para impedir o dificultar la salida del país de forma sistemática.

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“Muchos venezolanos no tienen la posibilidad de tener un pasaporte, porque el gobierno negó ese derecho excusándose en que no hay material, que hay muchas personas en lista. Toda esta situación hace que la gente se desespere”, explicó Alba, líder de los venezolanos en Bucaramanga.

La situación es tan compleja, que Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, asegura que conoce casos en los que se les han pedido en entre 2.000 y 8.000 dólares por la renovación de su pasaporte. Esto hace que sea muy difícil que un ciudadano en condiciones normales pueda acceder a un derecho de movilidad. “Eso se convirtió en una mafia, en un sistema de persecución. Las personas de estratos bajos no tienen pasaporte y no pueden acceder a ellos. Patrocina la salida por lógicas ilegales. Muchas bandas criminales están pidiendo dinero para pasar por la trocha ilegal. La medida que tomó el gobierno terminó siendo muchísimo más nociva para el pueblo venezolano”, explicó el experto.

Claro está que lo que el Gobierno colombiano ha dicho es que lo que quiere es que la migración sea segura, controlada y legal, y que por eso le apostó a reforzar la frontera. Se creó un grupo especial migratorio conformado por la Policía, Migración, Icbf y Dian que ayudarán a garantizar el respeto del espacio público, por ejemplo a controlar que no duerman en las calles.

En cuanto al Permiso Especial de Permanencia, los venezolanos que entraron por un puesto de control autorizado y sellaron su pasaporte antes del 2 de febrero podrán solicitarlo. Esta es la segunda versión del PEP, en julio se implementó por primera vez, y les permite a las personas acceder a un trabajo en Colombia con todos los requisitos de ley, así como estar en el sistema de salud.

Esta medida ha sido aplaudida por los venezolanos, lo ven como la posibilidad de tener mejores condiciones de vida en Colombia. Sin embargo, Daniel Carvajal Suárez, asesor migratorio venezolano, cree que hace falta mayor difusión de su existencia para que los ciudadanos del común sepan que es un documento válido. “Como nadie conoce el PEP entonces los derechos no se han podido ejercer plenamente”, advirtió.

Otra medida que ha generado alta expectativa es el registro que de ahora en adelante tendrán que hacer los venezolanos en las personerías y las defensorías. Esto servirá para realizar una especie de censo de la población que se encuentra dentro del país. "Esta es información estadística, al que se acerque no le va a brindar un status migratorio. Lo que queremos es proyectar qué situación se puede dar a futuro y qué herramientas son necesarias", explicó Christian Krüger, director de Migración Colombia.

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Pronto el gobierno dará a conocer el formulario que tienen que llenar los venezolanos en un plazo no máximo a los dos meses de entrar al país. Esto servirá sin duda para que Colombia sepa quiénes son las personas que están en Colombia, cuál es su nivel educativo, de dónde vienen exactamente. Sin embargo, podría haber resistencia de los venezolanos, miedo a dar todos sus datos porque el gobierno venezolano los ha utilizado para perseguirlos. “Hay miedo cuando hay más restricciones, porque debes ir a un país que no es el tuyo. Es importante establecer una metodología clara para que la gente no sienta temor de registrarse”, aseguró Francine Howard, coordinadora de Voluntad Popular en Colombia. El gobierno colombiano ha dicho que la idea es que se registren tanto los que entraron legalmente como los que no, que no van a tomar represalias.

Un paso en la vía correcta ha sido el Centro de Atención al Migrante que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas y tendrá la capacidad de atender 2.000 personas. Se construirá de forma modular, para que pueda ir creciendo en caso de que se necesite. Funcionará en Cúcuta, el lugar en donde se concentran la mayoría de los migrantes y las ayudas. Sin embargo, el año pasado se quedaron 550.000 venezolanos en Colombia, se teme que este número tienda a crecer en la medida que se agudiza la crisis en Venezuela, y ante este panorama la pregunta que nace es si el centro de atención será suficiente.

“Creemos que el gobierno de Colombia tiene que tomar acciones fuertes pero contra el régimen de Venezuela, no contra los ciudadanos venezolanos. Si Colombia declara que hay crisis humanitaria acá generada por la situación de venezolanos pueden intervenir organizaciones internacionales que tienen experiencia y recursos. Es algo que venimos diciendo desde hace tiempo, hay que abrir un canal humanitario, pero el régimen de Maduro se ha negado a hacerlo. En la frontera sí pueden hacerlo si Colombia lo pide”, dijo Howard.

De hecho la Comisión Internacional de Derechos Humanos, CIDH, solicitó este lunes tanto a Colombia como a Venezuela una visita a la zona fronteriza para verificar la situación de la población desplazada. “De acuerdo con información del ACNUR, en algunas áreas grupos armados y bandas criminales explotan a personas venezolanas recién llegadas”, dijo en rueda de prensa el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.

De eso no hay duda, a lo largo de la frontera persisten problemas de seguridad. Por eso, el gobierno dispuso 3.000 hombres de la fuerza pública que ayudarán a reforzar el territorio. Migración Colombia está a cargo de los siete puestos de control que existen, pero el Ejército tendrá a su cargo las trochas, las zonas porosas en las que se agrava todo.

Se dio inicio a la operación Esparta a cargo del general Jesús Alejandro Barrera, director de Inteligencia policial. Esto será vital para combatir las bandas criminales, por ejemplo. En cuanto al contrabando, lo que señalan los expertos es que hay que tener en cuenta que la Guardia Bolivariana está involucrada también y que por tanto el problema es más delicado.

Todas estas medias del gobierno Santos son transitorias, servirán mientras se encuentra una mejor alternativa. Están estudiando cuál va a ser el estatus migratorio para que los venezolanos que permanezcan en Colombia estén cobijados por la legalidad. La tarea no es sencilla, hay una crisis humanitaria que no da tregua. Y al paso que va la situación deberá ser asumida por el próximo presidente. “Incluso si hoy se acaba el gobierno de Nicolás Maduro la transición a un nuevo sistema económico y político se demorará en el mejor de los casos una década”, advirtió Rodríguez.