¿Cómo se va a aplicar el Código de Policía?

El martes de la semana pasada no había ventas ambulantes en las calles de Bogotá. Ese mismo día, se redujo el número de comparendos por consumo de alcohol en el espacio público, disminuyó el número de quejas por ruido a la línea 123 y el recaudo en TransMilenio demostró que hubo menos colados. Los buenos indicadores en el comportamiento de los bogotanos se asocian a que desde ese día comenzó en todo el país el cobro de multas por los comportamientos contrarios a la convivencia, consagrados en el nuevo Código de Policía.

Desde que entró en vigencia esa norma, hace seis meses, la Policía medió en casi 50.000 altercados y según señala el general Jorge Hernando Nieto, su director, mejoraron los índices de tolerancia. Entre febrero y julio las riñas se redujeron más del 20 por ciento frente al primer semestre del año pasado y los homicidios bajaron un 9 por ciento. Es probable que con la entrada en vigencia de las multas, las cifras de mejor convivencia sigan mejorando. No obstante, las amonestaciones, las sanciones monetarias o las que tienen que ver con detenciones temporales en Centros de Traslado por Protección no garantizan que los buenos comportamientos se sostengan en el tiempo.

De hecho, las autoridades civiles y de Policía que vienen trabajando en el tema desde febrero, sienten que solo ahora comienza la verdadera prueba de fuego para el código. “La implementación será un proceso lento, gradual y en el que tendremos que aprender sobre el camino”, dice Daniel Mejía, secretario de Seguridad de Bogotá, una de las ciudades en que más duro se ha trabajado para poner a andar las nuevas normas de convivencia.

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El primer reto tiene que ver con la coordinación entre autoridades nacionales y locales acerca de los alcances del código. La tarea de reglamentarlo a nivel nacional, de la cual dependen posteriores regulaciones locales, solo se concretó el lunes pasado, 12 horas antes de que entrara en vigencia la posibilidad de que la Policía cobre multas por malos comportamientos. “Eso nos trajo problemas. A partir de la reglamentación nacional, debíamos especificar sanciones complementarias a nivel local. No hemos tenido tiempo de hacerlo”, asegura un funcionario de la Secretaría de Gobierno de Cali, donde el ruido es una de las principales fuentes de conflicto.

Otro reto tiene que ver con la capacidad estatal. El código establece sanciones como las amonestaciones o llamados de atención para concientizar a las personas sobre los malos comportamientos; la participación en actividades pedagógicas de convivencia; las detenciones temporales y la imposición de pago de una suma de dinero cuyo monto depende del comportamiento. La mayor expectativa está puesta sobre las multas, que pueden oscilar entre 98.000 y 786.000 pesos. Pero en términos de retos, la dificultad no está en cómo poner estas multas, sino en cómo cobrarlas.

En la norma se establece que una vez puesta la multa por invadir el carril de una ciclorruta, portar armas blancas, vender trago a menores de edad o arrendar un local para un uso indebido, por ejemplo, el sancionado tiene tres días para objetarla. Después de cinco días, si la multa es general (entre 4 y 8 salarios mínimos diarios legales vigentes), puede solicitar que se conmute por la participación en programas comunitarios o pagarla con el 50 por ciento de descuento. Si no paga en el mes siguiente, es reportado al Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría, y si –por último– deja pasar seis meses sin pagar, no podrá obtener o renovar el permiso de porte de armas; ser nombrado en ningún cargo público; ingresar a las escuelas de formación de la fuerza pública; contratar con entidades estatales u obtener el registro mercantil. En este punto, los secretarios de Gobierno de las grandes ciudades coinciden en que recaudar la plata de las multas no va a ser fácil, puesto que las sanciones que se ponen por no pagar no afectan su vida cotidiana. “Seguramente para un colado en TransCaribe, no tener registro mercantil o pasaporte no implica ningún tipo de pérdida. En otras palabras, no es clara la motivación que tendrá para pagar”, asegura un asesor de la Alcaldía de Cartagena.

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También en términos de capacidad estatal, existe el reto de calificar más personas en los municipios para que le den trámite a las sanciones impuestas. Si el infractor no está de acuerdo, puede objetar la medida ante uno de los inspectores de Policía de la localidad, quien ratifica o tumba la multa. Dado que el código establece más de 100 comportamientos contrarios a la convivencia, es predecible que la capacidad de los inspectores estará desbordada. Previendo esta situación, en el caso bogotano la Secretaría de Gobierno aumentó de 45 a 63 el número de inspectores y espera contar con 100 al finalizar el año. Sin embargo, la situación de la capital es excepcional y el resto de municipios no han hecho lo mismo.

Con los cursos pedagógicos ocurre algo similar. En Bogotá se estableció que las casas de justicia realizarán procesos pedagógicos, a manera de sanción, sobre las normas de convivencia. Sin embargo, eso también requiere recursos y personal calificado.

Además de la capacidad, el reto también es presupuestal. Aumentar el número de inspectores implica mayores partidas para contratación. A eso se suma que, en el caso de las sanciones que obligan a los infractores a participar en programas comunitarios, el Estado debe facilitar las condiciones para ello. En plata blanca, coordinar una limpieza colectiva de fachadas o una jornada de limpieza de las calles en la que participen quienes hayan sacado basura en horarios indebidos requiere comprar insumos como pinturas y escobas, que ningún municipio tiene presupuestados.

En el caso de la capital desde hace meses se determinó que las multas se pagarán en cualquier sucursal del Banco de Occidente. No obstante, el martes pasado la mitad de los municipios del país no habían establecido el sistema de cobro. Algunos de los bancos, incluso, no han destinado recursos para los talonarios con que se impondrán los comparendos. También se requiere otro tipo de inversiones que las ciudades y las cabeceras municipales con menores recursos deberán presupuestar: la construcción de lugares para llevar los animales decomisados por tráfico ilegal, o la búsqueda de espacios para hacer centros de detención transitoria de personas.

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Finalmente, están los retos relacionados con la coordinación institucional en cada municipio. Ante la dificultad que tendrán los inspectores para resolver miles de casos y apelaciones, algunos funcionarios –como Miguel Uribe, secretario de Gobierno de Bogotá– plantean la necesidad de que varios de estos procesos vayan a despachos de descongestión creados por la Rama Judicial. Así mismo, en las grandes ciudades las entidades especializadas deberán coordinar cursos y mecanismos de sanción o reparación en temas tan variados como el desarrollo urbanístico, la salud pública o el medioambiente. Más adelante esta coordinación también deberá permitir un registro de medidas correctivas que incluya la identificación de las personas, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia que cometieron, las medidas correctivas que les fueron impuestas y si pagaron las multas.

Los desafíos anteriores dependen del grado de compromiso y eficiencia del Estado con el propósito de mejorar la convivencia. Pero en el largo plazo, la eficiencia del código dependerá, más que de la capacidad de las autoridades para sancionar, del apoyo popular para convertirse en un instrumento que construya cultura ciudadana.