Acuerdos de paz: algo no va del todo bien

Como siempre, el prestigioso intelectual James Robinson puso el dedo en la llaga. Hace algunas semanas, con motivo del título honoris causa que le otorgó la Universidad de los Andes, dio un discurso poco complaciente para el gobierno y las Farc. Para él, los acuerdos de La Habana no se ocuparon de un tema central: la manera como funciona –o no funciona– el Estado. Calificó como un “elefante en la habitación” cierto derrumbe parcial del mismo. Su mayor preocupación es que ese Estado, no fallido pero tampoco del todo capaz, tiene la tarea de implementar los acuerdos y construir la paz, algo que aún no se sabe si le quedará grande.

Lo que Robinson ha expuesto ante un auditorio académico coincide con la percepción que tienen muchos embajadores y miembros de la comunidad internacional, que trabajan en Colombia e intentan ayudar a que la transición de la guerra a la paz resulte exitosa. Sus preocupaciones, que son bastantes, no siempre han sido recibidas con beneplácito por el gobierno. SEMANA habló con un grupo significativo de ellos, de Europa y América, quienes expresaron sus inquietudes.

Para empezar, la comunidad internacional, en general, reconoce que el acuerdo de paz que logró Colombia es excelente. Justo por ello, apuestan a que su implementación también lo sea, pues podría ser ejemplar para el mundo en una coyuntura tan sombría como la actual. Sin embargo, hay también conciencia de que es muy ambicioso. Capítulos como los de la justicia transicional son sofisticados y complejos a la hora de llevarlos a la práctica. Desafíos como sustituir más de 100.000 hectáreas de coca por cultivos lícitos requieren demasiados recursos; y resolver el problema histórico de la tierra es prácticamente imposible sin el concurso de las elites agrarias, cosa que difícilmente ocurrirá. Todos están de acuerdo con que Colombia ha mejorado su situación radicalmente si se compara con las décadas pasadas, cuando el país estaba al borde del colapso y bañado en sangre. También existe un importante consenso en que el país tiene grandes capacidades institucionales. Justamente por eso resulta alarmante que se vea difícil tan pronto la implementación de los acuerdos en aspectos que parecen fáciles, o apenas prácticos, como la instalación de las zonas veredales para el desarme de las Farc, la puesta en marcha de la Ley de Amnistía o la reincorporación de 7.000 guerrilleros.

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La incertidumbre política

Se puede decir que la primera gran preocupación tiene que ver con los tiempos. La experiencia de los procesos de paz en el mundo ha demostrado que los primeros 18 meses luego de firmado un acuerdo son cruciales para que sea sostenible e irreversible. En Colombia esto es particularmente cierto porque en un año habrá elecciones presidenciales y en la baraja de candidatos con mayores opciones para suceder a Santos ninguno tiene el entusiasmo ni el compromiso del actual presidente. “La construcción de paz es tarea de los próximos tres presidentes de Colombia. Si ellos no asumen esto como una tarea principal, se habrá perdido una gran oportunidad”, dice un embajador europeo.

Por eso está abierto el interrogante de cómo se logrará realmente que la paz sea un propósito nacional y haya una reconciliación política. Una polarización tan extrema alrededor de la paz sorprende a los extranjeros. En muchos países ha habido resistencias o críticas a los acuerdos firmados, pero en Colombia esta situación parece particularmente exótica dados los beneficios tangibles que el fin de la guerra le ha dado al país en solo unos cuantos meses.

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País santanderista

“En Colombia sobran abogados”, repitieron varios embajadores a SEMANA. Si bien la mayoría de ellos reconoce que el fast track ha sido una fórmula acertada, los desconcierta la cantidad de leyes y decretos requeridos para sacar adelante el acuerdo. Aunque este es un rasgo propio de la sociedad colombiana, y también de América Latina, les preocupa que sacar adelante las leyes se haya convertido en el esfuerzo principal no solo de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), sino de la plana mayor del gobierno. Durante las sesiones para aprobar la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo, no solo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tuvo que trabajar para convencer a cada congresista, incluso de la coalición del gobierno, para que hiciera parte del quorum y votara a favor, sino que también tuvieron que participar el alto comisionado Sergio Jaramillo, el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, y hasta el ministro de Defensa. En contraste, la implementación en las regiones, donde realmente debe tener impacto, todavía no se siente.

Todd Howland, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, ha señalado públicamente esta excesiva carga política. Considera que mientras todo el gobierno se usa a fondo para lograr mayorías en el Congreso, los dividendos de la paz todavía no llegan a territorios donde se vive un desangre de líderes y el crimen organizado crece como hierba mala.

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La regular coordinación

La comunidad internacional ha recibido bien la llegada a la Vicepresidencia del general Óscar Naranjo porque se espera que cumpla el papel de articular a todas las instituciones y funcionarios del Estado involucrados en la implementación, algo que hasta ahora nadie está haciendo. En estos meses no solo han saltado a la vista celos y diferencias que han dificultado la toma de decisiones, sino la cultura de ‘feudos políticos’ en muchos ministerios y gobiernos locales.

Posiblemente la colisión entre diferentes ministerios es más grave en cuanto a la puesta en práctica del punto cuatro de La Habana sobre sustitución de cultivos. Mientras el Ejército y la Policía se trazaron una meta de erradicación forzada de 50.000 hectáreas, el Ministerio del Posconflicto hizo lo propio con la sustitución. El problema es que la estrategia del garrote (erradicación) tiene asegurados los recursos y muestra resultados inmediatos; la de la zanahoria (sustitución) marcha lentamente y no tiene los recursos asegurados. Este es un tema sensible para el gobierno de Estados Unidos, que, aunque respeta el acuerdo de La Habana en esta materia, es escéptico en sus resultados.

La coordinación también es particularmente crítica en cuanto a los asesinatos de líderes comunitarios y políticos. El gobierno, la Fiscalía, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo tienen lecturas diferentes sobre lo que ocurre, y cómo enfrentar el problema de la violencia residual y las nuevas violencias.

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¿Y la cooperación?

Para muchas personas fuera de Colombia, y también dentro del país, es difícil de entender por qué el presupuesto de este año tiene recursos tan lánguidos para implementar los acuerdos. Al respecto, en su último informe ante el Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU dice que “las tareas previstas en el acuerdo de paz ejercen una presión extrema sobre los recursos y capacidades para cumplirlas en un plazo muy limitado”.

Muchos delegados de la comunidad internacional se sorprenden de que el gobierno espere que por lo menos este año los recursos provengan de la cooperación. Sin embargo, no hay suficiente claridad sobre cuáles son los proyectos de envergadura que esta debe apoyar, y, de alguna manera, se está haciendo a retazos. Todos dicen tener mucho interés en contribuir a largo plazo. La pregunta es ¿hay un plan? ¿O el gobierno echa mano de la cooperación porque el sistema de contratación interno es tan complejo que no permite hacer inversiones inmediatas, como se necesita?

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Aunque los embajadores no consideran catastróficas estas dificultades, sí tienen claridad en que Colombia necesita apoyo por algún tiempo, y especialmente para que el proceso de paz se haga irreversible. Por eso casi todos apoyan la idea de que una segunda misión de la ONU vigile el cumplimiento de los acuerdos.

La misión que actualmente encabeza Jean Arnault, como delegado del secretario general de la ONU, termina con el desarme de las Farc, es decir, en junio. La segunda está contemplada en el acuerdo, pero aún no está claro su alcance. Como es lógico, el gobierno no es muy amigo de una permanencia amplia y prolongada de la ONU, pues lo considera innecesario y lesivo de alguna manera para la soberanía. Sin embargo, los embajadores la consideran más que necesaria, dada la incertidumbre política que hoy reina en el país.