Comunidad Wayúu denuncia que el Gobierno pretende implementar reforma a la salud a través de decretos

Las autoridades Wayuu, a través de un comunicado, expresaron su inconformidad al asegurar que el Gobierno por medio del decreto No. 1270 del 31 de julio de 2023 por el cual se adoptan medidas en materia de salud en el marco del estado de emergencia económico, social y ecológica declarado en el departamento en la Guajira, ‘‘pretende implementar un proyecto de reforma de salud en el Departamento de La Guajira, sin surtir el trámite legislativo de formación y aprobación de las leyes que corresponde al Congreso de la República’'.

La comunidad señala que el decreto desconoce los derechos del pueblo indígena wayúu, reconocidos en el Tratado Internacional, Convenio 169 de la OIT.

‘‘Postulados constitucionales y disposiciones legales especiales como la Ley 691 de 2001 que regulan la Participación de los pueblos indígenas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS. Conforme al Convenio Internacional 169 de la OIT, los pueblos indígenas gozan del derecho de propiedad sobre su territorio ancestral que, para el caso del Departamento de La Guajira, es el pueblo indígena Wayuu’', señalan en el texto.

Los wayúu denuncian que ‘‘este decreto propone la formulación, adopción e implementación de un nuevo modelo de salud Propio e Intercultural, sin tener en cuenta el precedente legal estipulado en el Decreto 1953 de 2014 que regula el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural -SISPI fundamentado en la cosmovisión, realidad sociocultural de los pueblos indígenas y que se encuentra reconocido por la Ley 1751 de 2015 Estatutaria de Salud, garante del principio de progresividad de nuestros derechos fundamentales respecto al acceso y participación en el sistema de salud vigente’'.

Las autoridades ancestrales y tradicionales wayúu, firmantes de los mandatos expedidos en los Encuentros por la Salud y Unidad Wayuu, celebrados los días 13 de agosto, 15 de diciembre de 2022 y 21 de junio de 2023, ratifican sus decisiones contenidas en estos, en especial el respaldo a la permanencia y fortalecimiento de la institucionalidad propia de salud indígena del Pueblo Wayúu, razón por la cual hacen un llamado al Gobierno.

‘‘Respetuosamente reiteramos nuestra solicitud de ser escuchados, concertados y consultados en los procesos, decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarnos, en garantía del derecho fundamental a la consulta previa, de acuerdo con los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT y los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional al respecto’', señalan.

¿Cómo es el modelo de salud que el Gobierno Petro busca implementar en La Guajira?

El Gobierno nacional emitió 12 decretos nuevos al mismo tiempo con el fin de mejorar las condiciones de las comunidades de La Guajira, después de que se había declarado una emergencia económica y social en el departamento. Uno de ellos, el 1270, busca implementar cambios profundos en el modelo sanitario. Muchas de las medidas también están contempladas en la reforma a la salud, que aún no ha sido aprobada en el Congreso.

La normativa tiene el fin de adoptar “medidas en materia de salud en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira”.

Entre otras consideraciones, el decreto reconoce las difíciles condiciones sanitarias que atraviesan las comunidades que viven en territorio guajiro. Por ejemplo, recuerda que las cifras de desnutrición infantil y enfermedad diarreica aguda que se presentan en el departamento son particularmente altas en comparación a lo que ocurre en el resto del país.

Desde su artículo 1, el decreto le otorga importantes responsabilidades al Ministerio de Salud. Según indica la nueva norma, esa cartera ministerial ejercerá “la dirección y coordinación del sector salud en el departamento de La Guajira en articulación con la Secretaría de Salud del Departamento, las secretarías de salud municipales y la participación de las Autoridades Tradicionales de los pueblos indígenas, incluyendo al pueblo Wayuu; afrodescendientes y Rrom”.

Teniendo en cuenta la importancia de estos pueblos étnicos, el decreto también señala que tendrán que crearse espacios de concertación con las comunidades con el fin de implementar un “Modelo de Salud Propio e Intercultural”.

A su vez, señala que las decisiones que se tomen en esos escenarios serán vinculantes y deberán ponerse en práctica.

La normativa advierte que el Ministerio de Salud creará unos “territorios para la gestión y operación en salud” para aplicar el nuevo modelo, los cuales también se establecerán de la mano de las comunidades en espacios de concertación. La idea es que el aseguramiento sanitario opere por medio de esas divisiones territoriales.

También explica que se establecerá una red integrada de salud que incluye algunos elementos que ya habían quedado expuestos en el texto de la reforma, como los conocidos centros de atención primaria (Caps) y los equipos territoriales de salud, que buscarían y les brindarían servicios a los pacientes en sus propias casas.

“La red será habilitada por el Ministerio de Salud y Protección Social y tendrá un componente primario de atención territorializado que garantice servicios de salud de calidad, resolutivos e interculturales, bajo las modalidades de prestación intramural, extramural, telemedicina y comunitaria a través de Centros de Atención Primaria en Salud-CAPS y equipos de salud territoriales, los cuales se constituyen en el primer contacto y puerta de entrada de la población al sistema de salud; así como un componente complementario con servicios de mediana y alta complejidad”, detalla el decreto.

Temporalmente, además, se permitirá habilitar el funcionamiento de los servicios de salud de baja y mediana complejidad en lugares que no están originalmente destinados a ese fin. Esto se hará con el objetivo de “conjurar” las causas que provocaron la declaratoria de emergencia en La Guajira.

Así mismo, se crearán unas Instituciones de Salud del Estado (ISE) que no solo prestarán servicios de baja complejidad, sino que también de nivel complementario de mediana y alta complejidad. “Los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) serán financiados por oferta con base en un presupuesto que considere costos y gastos de operación según reglamentación del Ministerio de Salud y Protección Social”, anota el decreto.

Y tal vez uno de los puntos más polémicos y novedosos del articulado tiene que ver con el giro directo por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Según la norma, ese ente estatal oficiará “en nombre” de las EPS y les girará “recursos de manera directa a los prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud, los recursos correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación - UPC de los regímenes contributivo y subsidiado de la población asegurada del Departamento de la Guajira”.

En otras palabras, les quitaría la función de administración del riesgo financiero y el manejo de recursos a las EPS en el departamento, algo que también se ha propuesto en la reforma a la salud y que ha causado gran molestia en múltiples sectores.