Nación
Defensoría denuncia que 15 reincorporados fueron retenidas por un grupo armado en Arauca
El hecho se produjo en el sector de Alto Purare de Tame. Entre los retenidos se encuentran menores de edad.
Comunidades de varias veredas de Tame, Arauca, se encuentran confinadas debido a la acción de grupos armados ilegales, lo que llevó a la Defensoría del Pueblo a lanzar un llamado de alerta al Gobierno nacional para que adopten las medidas necesarias para protegerlas.
La entidad señaló que estas organizaciones persisten en los enfrentamientos y acciones armadas que afectan a la población civil, en sus derechos fundamentales.
“Desde el 2 de enero pasado se presentó un recrudecimiento de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y, aunque hubo una reducción de las acciones violentas en el marco de la jornada electoral en el país, los actores armados ilegales vuelven a ejecutar acciones que ponen en riesgo a la población”, dijo el jefe de ese despacho, Carlos Camargo.
El funcionario señaló que desde el pasado fin de semana se han reportado enfrentamientos que afectan veredas como El Temblador, Gran Bucare, Canoas, La Holanda y el resguardo indígena La Esperanza, entre otras zonas del municipio de Tame, cuyas comunidades se encuentran confinadas ante el temor de resultar afectadas.
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“Lamentamos que se sigan presentando hechos como los ocurridos en Tame en que las comunidades también están en riesgo de desplazamiento forzado, por lo tanto, les exigimos a los actores armados respetar los derechos de las comunidades y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario”, dijo Carlos Camargo.
Señaló que “en las últimas horas, en el sector de Alto Purare en Tame, por lo menos 15 personas cercanas a procesos de reincorporación, fueron retenidas, entre las que se encuentran menores de edad. Exigimos respeto por su vida e integridad”.
De la misma manera, reiteró que “desde la Regional Arauca estamos con estas familias, acompañando y activando las rutas de atención y disponiendo los canales humanitarios necesarios para el retorno a sus hogares, y mantendremos el diálogo permanente con el fin de lograr la garantía de sus derechos”.
Indicó que funcionarios de la Defensoría del Pueblo han participado, desde comienzo de año, en los diferentes consejos de seguridad, comités territoriales de justicia transiciones y subcomités de prevención, protección y garantías de no repetición, haciendo incidencia para implementar las rutas para garantizar los derechos de estas comunidades.
Finalmente, Camargo reiteró la petición para que las autoridades acaten las recomendaciones de las cuatro alertas tempranas de la Defensoría que tiene vigentes ese departamento: 081-18 para el municipio de Arauca, 06-21 para zona urbana y periurbana de Arauca, 029-19 para Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, y la 023-21 para Puerto Rondón y Cravo Norte.
Desde inicio de año se han reportado 228 homicidios en el marco de las confrontaciones que persisten en los siete municipios de Arauca y en Cubará (Boyacá).
Disidencias de las Farc incrementan sus acciones en Tolima
Ante la presencia, crecimiento y expansión de dos disidencias de las antiguas Farc: la Segunda Marquetalia y el Comando Coordinado de Occidente, que buscan recuperar el control ilegal que ejercían en estas zonas antes de la firma del Acuerdo de Paz, en septiembre de 2016, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 016-2022.
La decisión, con la que se busca que las autoridades y entidades oficiales adopten las medidas de protección correspondientes, cobija a los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco de ese departamento.
“Desde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), identificamos alto riesgo de desplazamiento forzado de la población civil, amenazas y atentados contra la vida e integridad de líderes sociales”, explicó el defensor del Pueblo.
El funcionario señaló que “también existen riesgos para las personas en proceso de reincorporación; de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; de extorsiones y la utilización de armas no convencionales”.
Según manifestó, en esos municipios las dos estructuras disidentes entregan panfletos en los que incluyen normas de control social.
Igualmente, advirtió que en los últimos meses, estos grupos han llegado a más sectores rurales mediante pequeñas ‘comisiones’ para no ser identificados por las Fuerzas Militares, y de este modo ir reconfigurando el control hegemónico que en algún momento tuvieron las antiguas Farc.
“Vale señalar el incremento de los homicidios en los cuatro municipios: mientras en 2020 se presentaron 28 muertes violentas, para 2021 alcanzaron los 41 casos”, destacó.
Para enfrentar esos riesgos, la Defensoría del Pueblo entregó 50 recomendaciones a diversas entidades del Estado (de manera particular a la Gobernación del Tolima y a las alcaldías municipales).
Entre ellas se encuentran coordinar acciones para atender la situación de riesgo y detallar los recursos humanos y financieros, así como los plazos y acciones concretas para evitar vulneraciones a los derechos de la población civil.
