Comunidades se oponen al proyecto del canal del Dique, ¿por qué?

Las poblaciones que se encuentran ubicadas en las orillas del canal del Dique han sentado su voz de protesta ante la adjudicación y contratación de la APP Canal del Dique, que se realizará este jueves 4 de agosto.

Los habitantes de los municipios de Soplaviento, Gambote y Calamar, se han manifestado por las afectaciones que traería la obra a su forma de vida.

De hecho, los residentes de otras zonas que están cerca del canal (Bolívar, Atlántico y Sucre), se oponen a la adjudicación de los contratos para iniciar la construcción.

Igualmente, las comunidades raizales del lugar aseguran que el Gobierno y las entidades no se han acercado para tener un diálogo y establecer mesas de negociación sobre el megaproyecto y cómo afectará sus vidas.

En medio de las protestas, afirman que el gobierno no les ha dado participación ambiental. De acuerdo con declaraciones que Adil Meléndez, abogado y vocero de las comunidades, dio a diferentes medios de comunicación locales, “la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sí tuvo tiempo para mostrar el proyecto con foros, pasear por el canal y presentarlo a la comunidad internacional, pero no lo hizo, y no se le dieron garantías a las más de 50 comunidades que fueron excluidas de todo el proceso”.

Según el abogado, ninguna entidad territorial, ni corporación autónoma, ni ministerio público se acercó para poder socializar el proyecto.

Entre tanto, la vicepresidenta se manifestó en la mañana de este martes asegurando que ni ella ni su familia tienen incidencia en el proceso.

Aseguró, además, que existió un “matoneo mediático” durante su gestión a través de afirmaciones “ligeras, sin fundamento, de manera sistemática y con un claro interés político”, así lo dio a conocer por medio de un comunicado a la opinión pública.

También afirmó que estos comentarios surgen de la necesidad de sus opositores de “destruir mi honra y reputación, las cuales me han traído enormes costos afectando mi dignidad y la de mi familia”.

Estas afirmaciones surgen en torno a los comentarios hechos por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien aseguró que Ramírez tiene intereses particulares con la licitación de la APP del Canal del Dique.

En su comunicado, Ramírez afirmó que nunca ha tenido un interés particular en el proyecto, ni es dueña de tierras o propiedades que estén relacionadas con dicha obra, ni tampoco lo hacen su esposo o su familia.

“Mi único objetivo ha sido disminuir el riesgo que enfrentan 1,5 millones de personas, quienes en el año 2010 sufrieron enormemente por las inundaciones, perdieron sus hogares. Es urgente, además, frenar las consecuencias ambientales, proteger la Bahía de Cartagena y el coral afectado por la sedimentación”, dijo.

Igualmente, aseguró que este es un proyecto que viene desde el gobierno de Juan Manuel Santos y que fue retomado en el de Iván Duque, especialmente por la petición de las mismas comunidades.

“Al iniciar el gobierno del presidente Iván Duque, tomamos la decisión de reactivarlo en atención a la solicitud reiterada de líderes sociales, habitantes de Cartagena, el sur de Bolívar, así como de los Gobernadores de Atlántico, Bolívar, Sucre y los alcaldes de Barranquilla y Cartagena. Coincidimos en que se trata de un proyecto estratégico para el futuro ambiental, social y económico de la región Caribe, y por ello, decidimos estructurarlo de modo que los recursos de la nación concurrieran con aquellos de los Departamentos y también con recursos del sector privado”, dijo.

Afirmó además que a la vicepresidencia de la república se le retiraron las funciones que se le habían asignado sobre la estructura a través del Decreto 1714 de 2018 y que ella solo se limitaba a conocer información sobre el proyecto a través de lo que le informaba el presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez y a los asuntos específicos llevados a la Comisión.

“No tomo decisiones sobre infraestructura ni tengo facultad en la toma de decisiones de contratación, las cuales le competen total y exclusivamente a la cartera de Transporte, el Invías y la ANI”, añadió.

Finalmente, afirmó que será el presidente Duque o el ministro de transporte quienes tengan la última palabra sobre si dicho proyecto debe continuar o no. “Será una decisión de ellos y de la cual no haré parte, dado que no es función que esté hoy a mi cargo o que sea de mi competencia legal, ni por delegación presidencial”, afirmó la canciller.