Crecimiento de los cultivos ilícitos está fuera de control

Desde hace varias semanas los más altos funcionarios del gobierno nacional ya sabían la mala noticia y estaban esperando el momento oportuno para comunicarla al país y al mundo. Y optaron por adelantar el anuncio. Por eso, el jueves pasado el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, convocó a una rueda de prensa para informar que las áreas cultivadas con coca en el país habían llegado a las 180.000 hectáreas. Se trata de la mayor cantidad cultivada en la historia.

La revelación cayó como un baldado de agua fría. No solo por la alarmante cantidad, sino porque las hectáreas aumentaron por tercer año consecutivo, lo que evidentemente demuestra un fracaso en la estrategia contra los cultivos ilícitos. Pero si bien la cifra oficial del gobierno es escandalosa, el asunto puede ser aún más grave. En los próximos días se conocerán dos mediciones más, la del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de las Naciones Unidas y la que entrega la Casa Blanca. En ambos casos los resultados son desalentadores. La primera arrojará una cifra superior a la del gobierno, pero inferior a las 200.000 hectáreas. La segunda, la oficial para el gobierno estadounidense, afirmará que hay por lo menos 220.000 hectáreas de coca en el territorio nacional. La inminencia de esas publicaciones obligó al gobierno a adelantarse con su propia cifra.

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Desde hace varios meses el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, así como los más importantes funcionarios de la administración de Donald Trump venían manifestando su preocupación por el aumento de los cultivos y por la alarmante cantidad de cocaína que Colombia estaba exportando.

Desde el año pasado ya habían encendido varias alarmas. Un informe del Departamento de Estado ubicó a Colombia como el primer productor mundial de cocaína, responsable del 90 por ciento de la droga que llegaba a Estados Unidos. “Los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 39 por ciento en 2014 y 42 por ciento en 2015. Pasó a 159.000 hectáreas, uno de los máximos récords. Un aumento de casi un 100 por ciento desde 2013. (...) El número de muertes por sobredosis en EE. UU. por cocaína en 2015 fue el más alto desde 2007”, se leía en uno de los apartados del documento. El secretario de Estado adjunto para Narcóticos y Asuntos de Seguridad, William Brownfield, exembajador en Colombia, dijo al presentar ese informe que “estamos trabajando en ese problema, y es serio. Si no llegamos a una solución aceptable para ambos países, vamos a ver problemas políticos y bilaterales”. Las advertencias y las alarmas continuaron.

En febrero pasado, la Casa Blanca anunció que ante esos incrementos estaba considerando recortar en un 35 por ciento la ayuda económica que ese país brinda a Colombia. Poco tiempo después, el secretario de Estado de entonces, Rex Tillerson, aprovechó su última visita a Bogotá para manifestar personalmente al gobierno colombiano su preocupación sobre el tema.

Para hacer frente a estas críticas el gobierno nacional se defendía con los resultados de las incautaciones de cocaína, que han venido aumentando año tras año. En 2017 cayeron más de 300 toneladas en manos de las autoridades. Pero aunque la acción de la fuerza pública en cuanto a decomisos resulta encomiable, para las agencias antidrogas estadounidenses y los expertos en temas de drogas esa cifra sencillamente corrobora las preocupaciones. La razón es simple. Las estadísticas y la historia de la lucha contra el narcotráfico demuestran que lo incautado solo alcanza a cerca del 10 por ciento del total de la droga exportada.

Con la cifra de hectáreas cultivadas ocurre algo similar. “Si el ministro de Defensa afirma que superamos las 180.000 hectáreas de coca, es porque en realidad estamos bordeando las 300.000. Aunque sea fiable la estimación de un aumento del 23 por ciento en 2017, es necesario recordar que el monitoreo oficial tiene sesgos hacia la subestimación”, afirma Daniel Rico, uno de los más reconocidos expertos en temas de drogas en el país (ver recuadro).

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Un viejo problema

Las evidencias satelitales tanto del Simci como de la Casa Blanca muestran que los cultivos han crecido significativamente. Los sitios más críticos están en Tumaco –en Nariño– y Catatumbo –en Norte de Santander–. Le siguen Guaviare, Bajo Cauca, Caquetá, Cauca y Putumayo. En la mayoría de estas regiones, actores ilegales como las bacrim y el ELN se disputan a sangre y fuego el mercado, ahora que las Farc ya no hacen parte del mismo. También es significativo el crecimiento en parques nacionales y en territorios étnicos. En los primeros porque las leyes ambientales prohíben fumigar o hacer programas de sustitución. Y en los segundos se requiere hacer una consulta previa con las comunidades para ingresar con cualquier tipo de programa de erradicación forzada o voluntaria. En los últimos dos años los cultivos aumentaron en estas regiones y se extendieron sin control a otras.

A este punto se llegó por varios motivos. Desde 2015 se suspendió la aspersión aérea con glifosato, considerada por la DEA y las agencias antidrogas la herramienta más efectiva contra los cultivos ilícitos. Pero no solo la eliminación de esa medida contribuyó al auge. No pocos sectores, comenzando por el gobierno de Estados Unidos, relacionan directamente el aumento con el proceso de paz. Y es que una vez se anunció el punto cuatro de La Habana, relativo al problema de las drogas, muchos campesinos empezaron a sembrar coca porque vieron una oportunidad de recibir los subsidios anunciados por el Estado para erradicar. Esto ocurrió en 2014 y desde esa época se dispararon los cultivos. En varias regiones algunas denuncias señalaban que las propias Farc incitaron a la gente a sembrar con este fin.

El año pasado la fuerza pública destruyó más de 300 laboratorios de cocaína en todo el país. En esas operaciones las autoridades encontraron otra variable que también ha contribuido al aumento del problema: la presencia de enviados de carteles de la droga mexicanos que pagan por cultivar. Lo ha denunciado en varias oportunidades el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien ha señalado que los narcos centroamericanos se han convertido en promotores de cultivos y laboratorios.

Los disidentes de la guerrilla y las bandas del crimen organizado, como el llamado Clan del Golfo, también han contribuido a que los cultivos se hayan expandido en todo el país. Esto ha puesto en riesgo la reincorporación de los combatientes, que terminan seducidos por las ofertas económicas irresistibles. Un ejemplo es el caso de alias Guacho, que abandonó las filas de las Farc y con un centenar de hombres controla los cultivos en Nariño, el departamento que hoy tiene la mayor cantidad de hectáreas sembradas.

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Como parte de los acuerdos de La Habana, el gobierno lanzó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), básicamente para que los campesinos cambiaran la coca por productos legales. Esta estrategia no ha dado los resultados esperados. La erradicación forzada que adelantan el Ejército y la Policía tampoco avanzó a la velocidad esperada y los narcos sembraban más rápido de lo que los soldados arrancaban las matas.

La propuesta

El jueves de la semana anterior, después de revelar la catastrófica cifra de 180.000 hectáreas, el ministro Villegas contó sobre un documento que dejarán al nuevo gobierno con las estrategias para combatir los cultivos. Anunció que, a partir del segundo semestre de este año, Colombia contará con 60 pelotones conformados por 2.460 soldados profesionales para erradicar manualmente, en especial para hacer un plan de choque en tres zonas críticas para la siembra de cultivos: Antioquia, Nariño y Caquetá. Según el plan, una vez salgan de las escuelas de entrenamiento, los uniformados deberían cumplir tres meses obligatorios de erradicación. La Policía Nacional, que cuenta con 23 grupos manuales de erradicación, pasará a 45 a partir del primero de julio. Según Villegas, con estas, entre otras medidas, espera que para mediados de año el país tendrá 13 departamentos libres de cultivos ilícitos y en cinco años la cifra de hectáreas cultivadas debería estar por debajo de las 90.000.

Más allá de los anuncios de un gobierno al que le quedan menos de dos meses en el poder, lo cierto es que la coca está de regreso y la estrategia para hacerle frente no está clara del todo. Paradójicamente, los cultivos se dispararon en pleno proceso de paz y ahora podría convertirse en el combustible de un posconflicto violento.

Cómo llegó el país a 300.000 hectáreas sembradas con coca

no solo hay más coca, sino que cada hectárea hoy es más productiva por la tecnificación

Si el ministro de Defensa afirma que superamos las 180.000 hectáreas de coca, es porque en realidad estamos bordeando las 300.000. Aunque sea fiable la estimación de un aumento del 23 por ciento en 2017, es necesario recordar que el monitoreo oficial tiene una tendencia a subestimar: no cuenta los cultivos más pequeños, está desafinado en las zonas montañosas o donde la coca se esconde bajo otras matas, queda ciego en las zonas con nubosidad permanente (como el Pacifico nariñense donde más coca hay) y hace unas restas redundantes de las hectáreas que las autoridades autorreportan como arrancadas. Los intérpretes del Simci hacen lo mejor posible para estimar la coca con una metodología censal y satelital, construida en el siglo XX que requiere de cambios urgentes.

Todas las fuentes (Policía, gobierno de Estados Unidos, Simci y los trabajos de campo) coinciden en el aumento exponencial desde 2014, que cuadruplicó el número de hectáreas. Y además disparó la producción potencial de cocaína a una escala sin precedentes, ya que no solo tenemos más coca, sino que cada hectárea hoy es más productiva por edad del cultivo y tecnificación. No debe haber duda en que ya superamos por buen margen las 1.000 toneladas métricas de cocaína (aunque la cifra oficial siga por debajo). ¿Cómo llegamos a este nefasto récord?

No existe una causa única, sino una condición dinámica y multicausal. Hace un año el ministro Rafael Pardo puso la responsabilidad en las condiciones del mercado mundial, afirmó sin soporte estadístico que se cultiva más coca porque hay una mayor demanda global y, por ende, unos mejores precios de la cocaína. Y los datos no respaldan esa hipótesis. Además, la cocaína no es un mercado perfecto y los precios no reflejan fielmente la oferta ni la demanda.En el acuerdo de paz encontramos otras pistas causales. El tema es paradójico dado que tras la firma del acuerdo, desde el propio Ministerio de Posconflicto se han dedicado a hacerlo trizas. En lugar de implementarlo como estaba, lo han reinterpretado y han impuesto un modelo de sustitución que en casi nada se parece a lo firmado. La entrega de millones de pesos mensuales a campesinos (incluyendo los colados) no estaba en el punto cuatro del acuerdo. La gradualidad (tener coca y a la vez recibir plata pública) nunca se contempló en el acuerdo. Darles a las Farc el papel de intermediario de las comunidades con el Estado tampoco estaba en el acuerdo. Pero sí estaba en el acuerdo (definido como PNIS) invertir en bienes públicos rurales –carreteras–, coordinación para la acción integral –especialmente en seguridad– y fortalecer la institucionalidad local –las Umata, Secretarías de Agricultura–. Pero nada de esto se hizo con seriedad. También ayudó a la expansión cocalera que nunca se ejecutó el plan B contra los cultivos ilícitos, anunciado luego de suspendida la aspersión aérea en julio de 2015. Siguen en los rines las capacidades para incautar insumos, desmontar redes de lavadores de activos, mejorar el patrullaje fluvial, fortalecer la acción judicial en los territorios rurales y destruir laboratorios. Tiene instituciones que trabajan con las uñas, funcionarios y oficiales heroicos sin presupuestos proporcionales a su misión y un modesto liderazgo ministerial más preocupado por generar titulares con metas inocuas (“erradicaremos 50.000 hectáreas a diciembre o renuncio”) que por desmontar las condiciones estructurales del nuevo auge de la economía del narcotráfico. Lo más perverso para el país no es solo que salgan más de 1.000 toneladas de cocaína, sino el contrabando para pagar los alijos de la droga, que tiene en jaque a muchos sectores de la economía nacional por el lavado de activos y el ‘dumping criminal’.