Con 5.000 militares más, Duque responde a la guerra que ahoga el Catatumbo

Hace décadas que el Catatumbo no conoce la paz. Las guerrillas entraron 30 años atrás, atraídas por la infraestructura petrolera y la bonanza de los cultivos ilícitos. La sangrienta incursión paramilitar a comienzos de siglo, con masacres y hasta hornos crematorios. Y el disparo de la coca en los últimos años. La región no ha tenido respiro. Reciéntemente, cuando se creía que la salida de las Farc del escenario del conflicto iba a traer un alivio, la situación se empeoró.

Sin la guerrilla más vieja en el medio, el Eln y el Epl, antiguos aliados, empezaron a disputarse a bala los espacios que quedaron libres. En marzo pasado, luego de varias escaramuzas, se declararon la guerra oficialmente. Esos enfrentamientos han derivado hasta en masacres y el desplazamiento de miles de personas de la región. Ante la escalada violenta, el presidente Iván Duque acaba de anunciar un refuerzo de 5.000 soldados para la región, en la que ya había 12.000.

En compañía de la cúpula de las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa Guillermo Botero y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, el mandatario activó la Fuerza de Despliegue Rápido Número 3. Las Fudra, como se les conoce a estos componentes militares, son unidades modernas con gran capacidad de asalto y movilidad aérea, terrestre y acuática. Son asignadas a las áreas más difíciles del conflicto y ya han mostrado resultados positivos en regiones como el Pacífico Nariñense.

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“Acá venimos a entregar nuestras fuerzas, nuestros ánimos, nuestros anhelos, para que el Catatumbo se libere de una vez por todas de la violencia, del secuestro, de la extorsión, del homicidio”, dijo Duque en Ocaña, donde se hizo la ceremonio de lanzamiento.

En medio de la batalla por los cultivos, las rutas y hasta los exguerrilleros de las Farc, el Catatumbo, una región compuesta por 11 municipios y habitada por alrededor de 300.000 personas, ha puesto civiles muertos, varios de ellos líderes sociales, y miles de desplazados durante el último año, como lo han advertido ya organismos como la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas.

El pasado 20 de julio, por ejemplo, 10 sicarios dispararon ráfagas de fusil contra los clientes de un billar en el municipio de El Tarra. Asesinaron a 9 personas y aunque no quedaron claros sus motivos, se relacionaron con la guerra entre los dos grupos. Ese acto sepultó la esperanza de una paz cercana en la zona.

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Entre los pobladores de la región, desde hace décadas, ha habido una queja continua por lo que se considera la militarización de la región, sin un componente de desarrollo social que finalmente quiebre las dinámicas ilegales en el territorio, y les permita desprenderse se los cultivos ilícitos.

Duque se refirió también a esos reclamos. “Sea está la ocasión para reivindicar que en esta tierra la presencia de la Fuerza Pública va de la mano con el anhelo de equidad de nuestro gobierno. Que acá llegue la seguridad y llegue la inversión social. Que llegue la seguridad y tengan también las obras de los ingenieros militares, desarrollando placa huellas, acercándose a las comunidades cada vez más”, señaló el presidente.