Con el agua al cuello

Parece que HUBIERA regresado la época de la Colonia. Los historiadores recuerdan cómo en 1717 se inició en Cartagena un pleito por la propiedad de todas las tierras otorgadas a particulares que fue fallado por el Real Consejo de Indias en 1725 a favor de los pobladores. Y el rey de España, Felipe V, prohibió a sus autoridades que molestaran a los dueños de esas propiedades, entre las que estaban las islas del Rosario.

Ahora, después de 250 años, la historia se repite, pero sin rey a bordo. Y quienes ocupan estos terrenos han sido tildados por el gobierno como poseedores de mala fe y se les advirtió la semana pasada que la Policía ya estaba lista para desalojarlos. " Yo creo que no merecemos un tratamiento como el que nos están dando. No se trata de que nos tienen que sacar esposados y con un ancla al cuello. Este es un problema social más grave de lo que la gente piensa", le dijo a SEMANA Humberto Rodríguez, ocupante de las islas desde hace 40 años.

El lío jurídico de las islas del Rosario y del archipiélago de San Bernardo, a 55 kilómetros de Cartagena, viene desde 1984, cuando el entonces Incora, hoy Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), expidió una resolución en la que decía: "La demostración de la existencia de un título originario legalmente eficaz, de poblaciones organizadas o del título traslaticio, anteriores a la vigencia del Código Fiscal de 1912, les habría bastado a los particulares para configurar el dominio sobre las islas y eso no aparece en el expediente". También advirtió el Instituto que como en el Archivo Nacional no se encontraban títulos anteriores al siglo XIX, las islas y el archipiélago no le pertenecían a ningún particular.

A partir de ahí, el investigador cartagenero Roberto Martínez se dedicó a conseguir los títulos que exigía el Incora. Viajó en cuatro ocasiones a Sevilla, España. Encontró en el Archivo General de Indias 500 documentos de los siglos XVI y XVII que se referían a las propiedades de las islas y los aportó al expediente."Llevamos años explicándole al Instituto los títulos originarios que dan fe de la propiedad de las islas, pero no los han querido tener en cuenta", le dijo Martínez a SEMANA. Además de los títulos de la Corona Española de dos siglos atrás, el investigador aportó en el proceso el Cedulario de Cartagena, que es un título originario que contiene el privilegio que el rey Carlos V le dio al Cabildo de Cartagena para repartir las tierras. "Con ese Cedulario reconocieron las propiedades de las islas de Barú, en 1969, y de la finca 'El Tigre', ubicada en el Canal del Dique, 1996. Sin embargo, no lo aceptaron para las islas del Rosario", sostuvo Martínez.

Pero la batalla real se desató cuando la Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios interpuso una acción de cumplimiento en 2000. Y un año después, un fallo del Consejo de Estado le dio al gerente del Incora un plazo de seis meses para clarificar, deslindar y recuperar esos terrenos. Pasaron cuatro años y medio y a pesar de que los propietarios aportaron al proceso mapas, títulos de la Corona Española, certificados de Tradición y Libertad, matrículas inmobiliarias y recibos de pagos de impuestos y de servicios, el pleito continuó entre el Instituto y los propietarios de los terrenos de las islas.

Ahora, el gobierno anunció que comenzará el desalojo y ya fueron notificados cinco ocupantes: la Sociedad Cocoliso (Hotel Cocoliso), de los hermanos Amín y Nayib Díaz; Coremar Ltda. (Isla Medoro), de la familia Minervini; Alberto Iglesias (Matamba); Gustavo Castrillón (La Cocotera), y Luis Lobo (Isla del Sol). Los primeros cuatro demandaron ante el Consejo de Estado y el último presentó un recurso de reposición.

En la resolución, fechada en noviembre del año pasado, el Incoder les notifica que tienen tres meses para entregar el terreno y les advierte que se acudirá a la autoridad policiva para hacer efectiva la orden administrativa de restitución si no se realiza la entrega oportunamente. "Presentamos una demanda de revisión ante el Consejo de Estado y mientras no fallen, no se puede desalojar a nadie. No se puede pasar por encima de la ley, ni atropellar a la gente que sacó las islas adelante", le dijeron a SEMANA Carmelo Martínez y William Gil Santamaría, abogados de 120 propietarios.

Para la procuradora delegada ambiental en el departamento de Bolívar, Cecilia Bermúdez, ya no hay vuelta de hoja. Los terrenos son de la Nación -dice- y en su concepto no hay motivo para que los ocupantes acudan al Consejo de Estado, pues en 2002 ese tribunal confirmó una petición de la Procuraduría que demandaba se reclamaran los terrenos de la Nación. Pero los propietarios están dispuestos a esperar que el Consejo de Estado sea, en últimas, el que decida. Esa decisión fue tomada después de la reunión que sostuvo un grupo de cartageneros poseedores de propiedades en las islas, con el ministro de Justicia y del Interior, Sabas Pretelt, el martes de la semana pasada. La gente no salió contenta. Allí se planteó que llegarán a un acuerdo de un contrato de arrendamiento, pero no se establecieron los términos. Tampoco se logró definir cómo se ejecutaría un plan de manejo ambiental y recuperación ecológica. Y les pidieron a los ocupantes desistir de las acciones administrativas y judiciales, o sea, de las demandas. "Nos dolió mucho que nos tildaran de invasores porque nosotros tenemos las escrituras públicas. Les compramos a los nativos y hemos hecho inversiones en salud, educación y bienestar para los pobladores", le dijo a SEMANA el ex gobernador de Bolívar, Ramón del Castillo, quien posee una casa en las islas.

Por ahora, sólo han sido notificados del desalojo cinco de los propietarios, pero hay otras 17 resoluciones listas. En total son 139 propietarios entre quienes figuran prestantes familias cartageneras como los Lemaitre, los Mogollón, los Martelo, los Robayo; políticos como Gina Parody; grandes empresarios como los Segovia, Jorge Mattos y la familia Char. "Esperamos una sensatez por parte del gobierno y que podamos llegar a una conciliación que nos beneficie a todos. Por lo menos eso pensamos quienes actuamos de buena fe. Y somos muchos", le dijo a SEMANA el senador caribeño Fuad Char. También está Rafael Vieira y su Oceanario. Este lugar se ha convertido en un símbolo de la conservación ecológica y punto obligado de visita al acuario para los turistas. Otra de las propietarias es la reconocida actriz Fanny Mikey. "Yo estoy tranquila porque no le hecho daño a nadie. Tenemos más de 500 isleños que cuidan con nosotros las islas. Les damos trabajo y ellos nos apoyan en todo. Yo estoy de acuerdo con pagar un arriendo como se viene hablando y obviamente pagar impuestos. Ojalá que esto se arregle muy pronto", le dijo a SEMANA.

Pero también hay 900 nativos y lancheros que trabajan para los propietarios y que viven, además, del negocio turístico. Por ejemplo, según la capitanía del Puerto, durante los 30 días más activos de la pasada temporada turística de fin de año, 60 embarcaciones de Cartagena realizaron 1.235 recorridos para llevar a 57.794 personas a visitar las islas del Rosario y Barú. O sea que el problema no es tan simple como sacar por la fuerza a 140 familias que durante años han disfrutado de sus casas de recreo en las Islas. Pero tiene que haber una solución. Y pronto. Ya son 20 años en que los diferentes gobiernos han otorgado licencias de construcción, han reclamado el pago de impuestos y han hecho debates al calor de reuniones sociales. Lo que se necesita es aclarar de una vez por todas cómo se puede dirimir el problema sin que alguien salga perjudicado. Ojalá que este gobierno sí lo haga. n?