Con boleta de libertad falsa, un preso logró salir de la cárcel de Santa Marta; habría pagado millonaria suma a un funcionario

Un escándalo se desató al interior de la cárcel de mediana seguridad Rodrigo de Bastidas, en Santa Marta, luego de que se conociera que Andrés Zúñiga Ramos, preso por tráfico de estupefacientes, hubiese salido de prisión como si nada.

De acuerdo con las pesquisas que adelanta la Fiscalía General, un funcionario identificado como Javier Redondo está siendo investigado por presuntamente falsificar la boleta de libertad para que saliera el recluso, fechada con el 11 de diciembre de 2023. Las autoridades tratan de establecer si, al parecer, Redondo recibió de Zúñiga una suma cercana a los $15 millones como parte del acuerdo.

El “trato” consistía en que Redondo, tras recibir el pago, falsificaría la boleta de libertad de Zúñiga utilizando la firma falsificada del juez Jonas David Gámez Arrieta. Este engaño habría permitió que Zúñiga saliera de la cárcel de mediana seguridad. SEMANA pudo establecer que Javier Redondo era el coordinador del área jurídica, no el director jurídico, cargo que no existe, según le confirmaron a este medio.

No obstante, la liberación fue efímera, ya que el Inpec y la Policía detectaron la falsificación de documentos. Inmediatamente, se desplegó un operativo para recapturar a Zúñiga, quien ahora se encuentra nuevamente tras las rejas.

Además de la boleta de libertad, se descubrió que también se habrían falsificado los antecedentes judiciales de Zúñiga Ramos. El juzgado nunca habría emitió la orden de libertad, y la falta de notificación oficial del juzgado, correos electrónicos o minutas generó sospechas.

Ante estos hechos, el Inpec inició una investigación dentro de su política de transparencia y se tomarán medidas contra el o los responsables. La Fiscalía, por su parte, hace lo mismo para esclarecer los hechos.

Redada contra la corrupción en el Inpec

Los hechos de corrupción que enredan a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) son alarmantes, así como el número de estos guardianes que están en un penoso listado de investigados, más de 3.800 que resultaron enredados en procesos disciplinarios y penales.

La cifra es escandalosa, pero sorprende la cantidad de atajos que encontraron los investigados para “hacerle conejo” a los procesos disciplinarios, pues de ese total apenas 50 han sido destituidos, incluso en casos y hechos de corrupción. Encontraron en los sindicatos, en la tramitología y la burocracia, la mejor forma de dilatar las investigaciones.

El propio Inpec reveló de qué forma la lucha contra la corrupción se convierte en cifras de funcionarios investigados. Solo este año, el Inpec tuvo que abrir más de 1.157 investigaciones por posibles hechos de corrupción, que sumadas a las empolvadas, de años anteriores, estampa un total de 5.459 proceso disciplinarios y algunos, llevados a escenarios penales.

“Para el Inpec, buscar avanzar hacia la transparencia y el control en temas como la seguridad de la mano con la humanización son una prioridad y en esta administración siempre se tendrá el compromiso de seguir trabajando en ese sentido. En lo que va de 2023 se dio apertura a 1.157 investigaciones, para un total de 5.459 investigaciones vigentes y un total de 3.889 funcionarios investigados a nivel nacional”, señaló el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez.

Resulta particular, de hecho, insólito, que a pesar del número de investigaciones y funcionarios enredados, el número de sancionados o destituidos sea sustancialmente diferente. Hasta el momento, de acuerdo con el mismo Inpec, de ese total de investigados, apenas 156 han sido sancionados y 50 destituidos.

“La ‘Operación Dominó', una de sus líneas estratégicas, busca un trabajo articulado con Fiscalía y Policía para avanzar en los procesos penales. En un trabajo conjunto, lo cual ha permitido que actualmente la Fiscalía General tenga 42 procesos de investigación”, explicó el director del Inpec.

Otro escenario es el penal. En este espacio las decisiones resultan más contundentes, aunque insuficientes ante la cantidad de hechos de corrupción que afectan en tal medida la transparencia institucional. Este año son 27 los funcionarios capturados por solicitud de la Fiscalía y que están privados de la libertad.