Feria de tierras en el tribunal

En mayo la Fiscalía capturó a 20 personas señaladas de hacer todo tipo de maniobras administrativas para obtener de la Unidad de Tierras, títulos de propiedad de predios que ya habían sido vendidos y entre esas capturas están varios de los presuntos falsos reclamantes mencionados por esta revista.

Sin embargo, el asunto no paró allí y lo que ocurre en el Tribunal dejaría muy mal parada a la Justicia. Luego de encontrar presuntas irregularidades en las decisiones tomadas por la Sala Civil de Restitución de Tierras y de hallar serias inconsistencias en un proceso específico, funcionarios e investigadores adscritos a la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte viajaron a Cúcuta para interrogar a los magistrados Amanda Janneth Sánchez y Puno Alirio Correal, además de entrevistar a funcionarios del Tribunal y de la Unidad de Restitución de Tierras de Norte de Santander.

El caso que ha sido punta de lanza para las investigaciones es el del pequeño empresario Raúl Cruz, víctima de una falsa reclamación. La Sala Civil de Tierras del Tribunal de Cúcuta ordenó quitarle el predio y su proyecto productivo y entregarlo a José Rivera, un campesino de la zona que con engaños aseguró ser el dueño. Rivera habría dicho varias mentiras. Se declaró desplazado por el EPL en 1996, pero esto no era cierto, ya que dos años más tarde vendió su predio e incluso le pidió permiso al Incora para hacerlo.

La abogada que representaba a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) advirtió a los magistrados Amanda Sánchez, Puno Correal y Julián Sossa (quién salvó voto y no estuvo de acuerdo con la decisión) que tenía serias dudas de que el reclamante fuera una verdadera víctima. Aun así, la decisión fue quitarle la tierra a Cruz y entregarle a Rivera un predio igual o mejor que el que reclamaba.

Fue por eso que la Fiscalía acusó a José Rivera por falso testimonio, fraude procesal y porque el único testigo que llevó era falso. A estas acusaciones se sumó hace pocos días la denuncia que la URT interpuso contra Rivera por encontrar que efectivamente era un falso reclamante.

Como si esto fuera poco, en algunos fragmentos del proceso de Rivera contra Cruz, y sin justificación aparente, la Fiscalía encontró el nombre de Hermán García Castillo. Según el ente investigador, este último resultó ser el esposo de la magistrada Martha Isabel García Serrano, que perteneció a la Sala Civil de Tierras hasta finales del 2013, fue compañera de los magistrados Puno Correal y Amanda Sánchez, y ahora funge como presidenta de la Sala Civil (Familia y Tierras) del mismo tribunal.

Lo más sorprendente es que nunca rindió testimonio ante los juzgados de tierras, obtuvo abogado por parte de la URT, pues supuestamente no tenía dinero para pagar acompañamiento judicial y se habría hecho pasar por discapacitado para tener prioridad frente a otros reclamantes.

Los reclamantes dijeron ante la Unidad de Tierras que en 2007 integrantes de los Urabeños llegaron a su casa, los amenazaron y obligaron a vender la propiedad a la familia Briceño por solo 33 millones de pesos. 

Sin embargo, el contrato de compraventa se hizo por 72 millones de pesos, fue firmado siete meses antes de que la bacrim supuestamente ordenara vender la tierra y recibos de pago dan cuenta del monto cancelado en 2007.

Ese caso debía ser fallado por la magistrada Martha Isabel García Serrano. Sin embargo, ordenó que el caso lo fallara otro despacho, pues en esa instancia no se tuvieron en cuenta las pruebas de la contraparte. La Fiscalía ya imputó a este reclamante por falso testimonio.

En otro proceso y esta vez en Sabana de Torres (Santander), los magistrados Puno Correal y Amanda Sánchez, entregaron una finca productora de palma a una falsa reclamante supuestamente desplazada por paramilitares en 1990, quienes le habrían matado un hijo.

Lo grave es que los magistrados no tuvieron en cuenta que en el registro de defunción del joven se afirma que murió de causa natural. La falsa reclamante vendió por su propia voluntad el terreno tres años después de que supuestamente la desplazaran y la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz aseguró que los paramilitares llegaron a la zona cuatro años después. Hoy la reclamante está acusada por fraude procesal, falso testimonio y estafa.

Este portal  se comunicó con los magistrados Amanda Sánchez y Puno Correal para preguntarles por estos dudosos fallos y por los interrogatorios que les realizará la Fiscalía, pero no quisieron responder. La magistrada Sánchez dijo a través de su auxiliar que no estaba autorizada para hablar de las decisiones.

Por su parte, el magistrado Puno Correal aseguró que no se pronunciaría y que el indicado para responder las preguntas de este medio era el presidente del Tribunal Superior de Cúcuta. Lo extraño es que Semana.com conversó con este último y dijo que la competente para hablar de los fallos de restitución de tierras era la magistrada Martha Isabel García. Al final ninguno de los magistrados quiso brindar información.

Sin duda, lo que ocurre con las restituciones a los desplazados por la violencia en el país es preocupante. Además, el solo hecho de que la Fiscalía intervenga un Tribunal de la República debe encender todas las alarmas.

Las autoridades no solo investigan estos casos, sino más de 10 donde también hay irregularidades, y tendrán que esclarecer si hay otros intereses detrás de estas decisiones que, casualmente afectan tierras altamente productivas y de elevado valor comercial.

Así mismo, tendrán que determinar si los magistrados de la Sala Civil de Tierras del Tribunal de Cúcuta estarían involucrados de una u otra forma con estos presuntos fraudes que favorecen a falsos reclamantes. De ser así, surgiría un nuevo desafío en la ya difícil tarea de la restitución en Colombia.