Con la reforma a la salud de Petro usted deberá entregar toda su información sensible al Estado. Así sería este Gran Hermano

En las naciones que viven en medio de restricciones a las libertades, se suele ver al Estado como un panóptico. Una especie de instancia suprapoderosa que todo lo ve y todo lo sabe. El espacio de los ciudadanos para resguardar su intimidad es inexistente. Se asocia a los regímenes más radicales, como los de China o Cuba, en donde casi no hay nada que un ciudadano pueda guardarse para sí mismo. La reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro pone de presente –por primera vez en la historia del país– que algo así pueda suceder en Colombia.

Si el proyecto de ley se aprueba en el Congreso de la República, la salud pasará a ser un sistema completamente estatal y en menos de un año existirá un Sistema Público Único Integrado de Información en Salud (Spuiis).

Qué es el Spuiis

Se trata, como explica el texto de la iniciativa, de un “sistema de información transversal al sistema de salud, diseñado para garantizar la transparencia y el acceso en línea y tiempo real a la información epidemiológica, clínica, farmacológica, administrativa, de actividades e intervenciones médicas y sanitarias, y de todas las transacciones económicas del mismo”.

En otras palabras, un sistema manejado por el Gobierno nacional con su información de salud. En un sistema que le apunta a la prevención, eso quiere decir todo: sus preexistencias de enfermedades, si tiene cáncer, hemorroides, diabetes. También sus dolencias, si sufre de insomnio, si come mucha azúcar, si no hace deporte, si fuma, si toma, si tiene una orientación sexual diferente, si interrumpió su embarazo.

Una suerte de Gran Hermano, una figura omnipresente que podría llegar a tener el detalle de la vida de los 48 millones de colombianos.

El propósito es loable: al conocer toda la información de una persona, el sistema de salud tiene más posibilidades de prevenir las enfermedades.

Pero, en la práctica, los riesgos del llamado empadronamiento son enormes, por lo que son muchos los interrogantes: ¿qué implica el hecho de que los colombianos le entreguen al Estado toda su información personal, familiar y de salud? ¿Quién garantiza que esos datos sean utilizados con el único fin de prevenir, atender y hacer seguimiento a las dificultades de salud de los ciudadanos?

El exministro de Salud Fernando Ruiz asegura que el “empadronamiento va en contra de las libertades individuales y es un riesgo para el ciudadano”. Y agrega que los gobiernos siempre tendrán intereses políticos y además los sistemas informáticos de datos en Colombia son muy vulnerables.

Luis Carlos Leal cree que se trata de “un miedo infundado”. Este médico cirujano trabajó junto a la actual ministra de Salud, Carolina Corcho, en la construcción de la Ley de Residentes y de la Gran Junta Médica Nacional.

Según explica, “es muy importante para un país saber en dónde se están enfermando sus ciudadanos, de qué edad y sexo son, a qué región poblacional pertenecen, en qué piso térmico viven y hasta a qué estrato socioeconómico pertenecen, pues permite identificar y prevenir enfermedades. De eso se trata el análisis de la información en tiempo real que se propone en esta reforma”, asegura Leal, que es además concejal de Bogotá por el Partido Verde.

Tal como explica, “no es lo mismo alguien que vive en una gran ciudad, a un campesino que trabaja la tierra y está expuesto a fertilizantes y químicos; en ambos casos, las dinámicas de atención y prevención en salud son distintas, debido a esas condiciones de vida; por eso se necesita ese gran sistema de información”.

Sin embargo, los sectores críticos de la reforma advierten lo nocivo de los alcances de este sistema de información –que solo existe en países como China, que tiene empadronados a sus habitantes por barrios y donde existe, como se sabe, un control férreo de la población– que podrían trascender de lo estrictamente médico.

Riesgos del empadronamiento

Uno de los que lanzó una voz de alerta fue el expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró que “la base de datos de la salud sobre todos los ciudadanos afiliados quedaría convertida en un empadronamiento del Estado”.

Colombia ya ha transitado por este camino. El empadronamiento de la población fue declarado inconstitucional, incluso antes de la Carta Magna de 1991, pues vulneraba el derecho a la seguridad.

Se consideró en su momento que en un país tan violento como el nuestro, tener la información de todos los ciudadanos en un mismo sistema ponía en riesgo a miles de personas de ser víctimas de intimidaciones o secuestros. También se consideró que se exponía la vida de las personas, especialmente de quienes estaban en actividades políticas, como líderes de derechos humanos, líderes sociales o políticos disidentes.

En esta oportunidad, el empadronamiento funcionaría por la vía de los Centros de Atención Primaria en los que tendrán que registrarse todos los ciudadanos con sus familias de ser aprobada la reforma a la salud.

Dicha reforma contempla que, una vez los colombianos entreguen allí su información, el sistema se construirá “con tecnología de última generación que se actualizará automáticamente”.

Al tiempo, “captura en forma directa e indeleble todas las actividades del Sistema de Salud, las distribuye en bases de datos encriptados y las organiza en cadenas de bloques (blockchain); contará con procesamiento digital de imágenes y demás tecnologías de última generación y ejecutará la analítica con Inteligencia Artificial (IA)”.

Una propuesta de tal envergadura debería abrir un enorme debate y crear además un sistema de instituciones y normas que protejan la intimidad de los colombianos. Sin embargo, la reforma no prevé ese blindaje, sino que le entrega el poder al Ministerio de Salud “de diseñar y desarrollar” el sistema. Es decir, que las reglas para proteger un derecho fundamental de los colombianos las podrá decidir libremente Carolina Corcho.

Solo por este tema, los más respetados juristas del país aseguran que la reforma debería tramitarse como ley estatutaria y no ordinaria. La base, indica la reforma, entraría a operar en un periodo no mayor a un año desde su aprobación.

Si bien es cierto que en sectores como el financiero millones de personas entregan datos de índole personal y económica, existe un sistema muy riguroso de protección que incluye leyes de habeas data y extensas reglas que ha sentado la Corte Constitucional.

En ese caso, no queda claro cómo el Estado protegerá toda la información que entreguen los ciudadanos para que no termine en personas inescrupulosas que la utilicen con fines políticos, criminales o de negocio.

Otro de los elementos que causa preocupación es que existe un universo muy amplio de personas que podrán acceder a la información contenida en dicha base de datos: los propios ciudadanos, funcionarios públicos y, claro, el personal de salud.

Es más, muchos se cuestionan qué sucedería en caso de un gran hackeo, como el que han vivido ya entidades relevantes de salud en Colombia como Sanitas, que dejó al descubierto información sensible y personal de más de cinco millones de usuarios de todo el país.

Naciones como el Reino Unido también han vivido hechos de esta naturaleza. En 2017, por ejemplo, un ciberataque paralizó los sistemas de 16 grandes hospitales, lo que les impidió a los profesionales de la salud acceder a la información de sus computadores, provocando el desvío de miles de pacientes de urgencias a otros centros asistenciales.

El médico Luis Carlos Leal niega, sin embargo, que esta información “se vaya a volver pública, seguirá siendo privada y personal”.

Más que generar miedo, dice, “genera oportunidades, porque ese sistema de información contendrá todos los gastos de salud del país; es decir, para dónde se están yendo los recursos públicos de los colombianos y cómo se gastarán en tiempo real… Es claro que lo que se busca con ese gran sistema de información en salud es prevenir y atender enfermedades. No tendrá otro uso”.

Mientras tanto, quienes le temen a la reforma a la salud de Petro ven un panorama totalmente opuesto: la creación de este panóptico de la salud. Un escenario ideal para controlar a los ciudadanos, un sitio donde la gente siempre es observada y todo lo que uno hace es público. El debate está abierto.

Esta es la cruda radiografía de la Nueva EPS, donde podrían terminar afiliados más de 20 millones de colombianos; el servicio podría colapsar

En medio de las decenas de alertas que se han disparado por la reforma a la salud, hay una que preocupa especialmente. Si el proyecto de ley se aprueba en el Congreso tal como lo presentó la ministra, de un momento a otro la Nueva EPS se convertiría en un gigante tan poderoso como peligroso. Las cuentas que hizo el Gobierno dejan claro que una vez ese huracán de la reforma toque piso, la Nueva EPS llegaría a tener más de 20 millones de afiliados y, por lo tanto, a manejar más de la mitad del presupuesto de salud del país, que hoy es de 50 billones.

Todo anticipa que este “engendro”, como le ha llamado el exministro Fernando Ruiz, saldrá muy mal. Hay dos argumentos esenciales para llegar a esa conclusión. Uno del presente: que la Nueva EPS no tiene la capacidad técnica, ni la financiera, ni las redes, ni la infraestructura para recibir a tantos colombianos, lo cual haría colapsar el servicio. Y una del pasado: en vez de ser una propuesta hacia el cambio, realmente es un retroceso. Se trata, en términos sencillos, de revivir el polémico e ineficiente Seguro Social, con toda la corrupción que esto implica.

Sobre lo primero, las alertas son enormes. El Gobierno Petro asegura en su reforma que la Nueva EPS recibirá a los pacientes que vengan de las EPS en liquidación y a las de las regiones apartadas. Las cifras son las siguientes. Hoy, la Nueva EPS tiene más de diez millones de pacientes, de los cuales 4,6 millones son del régimen contributivo y otros 5,4 del subsidiado. De las EPS que hoy están en liquidación le podrían llegar inicialmente otros diez millones: 2,5 millones de SaludCoop; 1,5 millones de SaludVida y el restante de Emdisalud, Comfacundi, Comfacartagena, Comparta, Coomeva y Ambuq.

El Gobierno plantea que la Nueva EPS acoja esos millones de usuarios para un periodo de transición sin tener la infraestructura, ni la capacidad financiera, pues la Nueva EPS ya ha demostrado estar haciendo aguas con los usuarios que tiene. Es la que más quejas y tutelas recibe, y tiene una deuda de tres billones de pesos en la actualidad.

La periodista María Isabel Rueda contó que uno de los momentos clave del Gobierno, y que logró suavizar el trato con las EPS, sucedió antes de presentar la reforma y fue precisamente una reunión del presidente Petro con el presidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona. Desde esa organización, le dijeron claramente que hoy, como están, no podían recibir este montón de afiliados nuevos.

La respuesta del Gobierno a esa realidad es una enorme contradicción. La reforma propone capitalizar la empresa para luego liquidarla. La razón es que la Nueva EPS desaparecerá en la transición para entregar la población colombiana a los llamados Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (Capirs). Pero, en el entretanto, tendrá la millonaria misión de contratar esos Capirs, adscribir la población y facilitar la infraestructura en las regiones.

La voltereta es monumental. Como el tema sería muy debatido, el presidente optó por la fórmula más polémica, pero más fácil: las facultades extraordinarias. En el último artículo de la reforma dice textualmente que el primer mandatario tendrá el poder de “dictar las disposiciones y realizar las operaciones presupuestales que se requiera para capitalizar a la Nueva EPS en el periodo de transición, así como dictar las disposiciones orgánicas que corresponda para su adecuada operación”. Lo que quiere decir eso es que el tema no llegará a ser debatido por el Congreso. La Casa de Nariño ahí pide un cheque en blanco.

El proyecto va más allá y señala que la capitalización de la Nueva EPS ni siquiera será un costo atribuible a la reforma, porque ya fue incluido en el Plan de Desarrollo. Y las cuentas son altísimas. En la simulación que hacen en la exposición de motivos del proyecto, se señala que si la Nueva EPS recibe el traslado de 11.490.787 afiliados, tendría ingresos adicionales solo correspondientes a la UPC por un valor de 16,7 billones de pesos.

Todo este dinero entraría adicional a una EPS que se ha venido rajando en este frente financiero. En ese mismo capítulo, el Gobierno reconoce que la Nueva EPS “se encuentra en ejecución de un Plan de Ajuste Financiero (PAF)... pues al corte de noviembre de 2022, la EPS NO CUMPLE con el indicador de régimen de inversiones de la reserva técnica”. En la simulación, agrega que “la entidad debería capitalizarse en 2,1 billones de pesos, que representa alrededor de 6,7 veces el patrimonio técnico actual”. Y detalla que los costos adicionales que tendría para poder recibir a esos nuevos afiliados serían del orden de los 1,74 billones.

Con un agravante que nadie ha dicho y es que la Nueva EPS podría recibir aún más afiliados, pues dada la asfixia económica que le ha impuesto al Gobierno a las EPS, es muy probable que muchas más entren en liquidación en los próximos meses. Y que otras, ante las nuevas condiciones que les impone la reforma, simplemente prefieran no continuar. Lo más apremiante es que este escenario de cierre amenaza principalmente a las mejores. Y la Nueva EPS tiene gran parte de la explicación de que eso esté sucediendo.

La Nueva EPS fue la institución que se creó para tomar las funciones de aseguramiento que tenía el Instituto de Seguro Social. En los primeros años, la entidad recibió los pacientes más caros del país, sea porque eran los más viejos o enfermos. Para subsanar esa inequidad, el Estado creó un sistema de compensaciones que les otorgó un mayor valor por UPC, que es la prima que reciben las EPS por cada afiliado. Entre tanto, los pacientes con las patologías más complejas se comenzaron a dar cuenta de que la atención era mejor en las grandes EPS privadas y comenzaron a migrar allá.

Esto ha hecho que hoy las grandes EPS tengan pérdidas. Se suma el hecho de que gastan más, pues tienen más enfermos de alto costo, dado que prestan un mejor servicio. Pero también por las realidades económicas: la alta inflación, la disparada del dólar, los rezagos de la pandemia y el hecho de que el Gobierno no ha querido saldar las deudas que tiene con ellas por los llamados presupuestos máximos, que es la plata que el Estado reconoce por los tratamientos que no están en el plan de salud. La consecuencia de eso es que esos usuarios que hoy se sienten seguros, pues creen que están en una entidad sólida, también pueden terminar en la Nueva EPS.

Como sucede con todo el que concentra el dinero, la Nueva EPS concentrará también un enorme poder. Será el mayor contratista del sistema de salud, casi que un monopolio, al tener a más de la mitad de la población del país. Y, por lo tanto, podrá imponer las reglas del mercado. Así, centenares de médicos, hospitales y proveedores comenzarán a depender de este nuevo gigante.

La brecha de inequidad que el Gobierno plantea cerrar podría, por el contrario, profundizarse. La gran mayoría del país quedaría con su salud a merced de una entidad que hoy no tiene con qué atender a tanta gente. Mientras que los que puedan pagar continuarán en las prepagadas. Y ahí es donde entra a pesar el pasado. El Gobierno plantea una transición a meses o a pocos años, pero la realidad es que los expertos calculan que un proceso de esas dimensiones puede tardar una década. Con el Seguro Social, por ejemplo, pasó lo siguiente. El entonces presidente Uribe anunció su liquidación en 2006, pero la realidad es que el decreto que le dio su último aliento solo salió hasta el Gobierno Santos, en 2015.

Y el fondo patrimonial de esa transición se cerró al finalizar el de Duque, el año pasado. Con lo cual hay que anticipar que esa transición de millones de colombianos en la Nueva EPS puede ser más permanente de lo que muchos piensan.

Pero volver al Seguro Social es lo que más aterra. Y quien mejor explicó por qué, fue una de las ministras de Petro, Cecilia López, una decana de esas lides que hace décadas presidió esa institución.

“Yo estoy en Agricultura, pero fui directora del Seguro Social. Renuncié por la Ley 100 y peleé para que la salud no fuera del Gobierno, como en Chile… Dije claramente que el Seguro Social, del que defiendo algunas cosas, en casos críticos fue muy bueno, pero en el día a día fue muy ineficiente y un foco de corrupción. Sé lo que es la corrupción en la salud y me aterra que eso se repita. Y eso lo tenía que decir”, dijo en una entrevista a RCN. En otras declaraciones contó aterrada cómo vio que los políticos se gastaban en un mes el presupuesto de los departamentos del año. Eso, según ella, y muchos otros temas, es lo que viene.