Con Odebrecht comienza el veto a empresas dirigidas por representantes corruptos

La multinacional brasileña Odebrecht propagó por 14 países sus políticas corruptas para quedarse con megacontratos de infraestructura. Sus directivos en Brasil están en la cárcel por ordenar el pago de millonarias coimas que llevaron a la compañía a la cima del éxito. En Colombia, más de 20 sentencias judiciales han afectado a la empresa, sus socios, sus lobbistas, sus colaboradores ilegales. Aun así, nada impide que la firma brasileña se presente a cualquier licitación pública en el país y la gane.

Este caso se volvió emblemático, pues, en teoría, Odebrecht tenía que quedar afectada por la Ley de Soborno Transnacional, que vetó para contratar con el Estado a compañías cuyos directivos resultaran condenados dentro y fuera del país por corrupción. No obstante, esta norma de 2014 hasta ahora era letra muerta por falta de reglamentación. La misma Superintendencia de Sociedades desde hace varios años salvó su responsabilidad en cuanto a implementar esta inhabilidad. Señaló que no tenía competencia para determinar si la sentencia contra un directivo se podía hacer extensiva a la persona jurídica, y que ello correspondía a los jueces penales.

Pero las cosas cambiaron el 16 de octubre, cuando el Ministerio de Justicia expidió el Decreto 1358, por medio del cual le dio dientes a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para registrar la inhabilidad ante el RUP (Registro Único de Proponentes) que maneja la Cámara de Comercio. Esto significa que, una vez proferida una condena penal en Colombia o en el extranjero contra una persona en calidad de administradora, representante legal, miembro de junta directiva o de socia controlante, la Agencia procederá a evaluar si aplica la inhabilidad automática sobre sus sociedades, las matrices, subordinadas, grupos empresariales (siempre que se demuestre que hizo parte de la política del grupo) y a las sucursales de sociedades extranjeras de la que esa persona formó parte.

Establece una única exclusión sobre las sociedades anónimas abiertas, es decir, compañías inscritas en el mercado de valores donde cualquiera puede comprar acciones. “La agencia no quedó con dientes, sino con colmillos para conseguir que las personas jurídicas respondan. La lucha contra la corrupción tiene que tener consecuencias contra quienes la toleran, la promueven y se benefician”, señaló Camilo Gómez, director de la Agencia. El funcionario anunció que esta semana pidió, por medio de la Cancillería, copias de todas las sentencias contra ejecutivos de Odebrecht en Brasil, con el fin de proceder a registrar la inhabilidad.

Odebrecht es el caso más visible, pero el decreto podría sacar del ruedo de la contratación pública hasta por 20 años a decenas de compañías de la lista negra de la corrupción. La Agencia confirmó que en coordinación con la rama judicial, comenzará a acceder a más de 3.000 sentencias expedidas desde 2014 por defraudaciones a la administración pública. De allí, tendrá que establecer en qué casos los condenados son directivos de empresas y si con base en estas decisiones la inhabilidad se puede extender a la persona jurídica automáticamente.

Entre las sentencias condenatorias que ya analiza la Agencia aparecen las proferidas contra los directivos de dos de los grandes socios de Odebrecht en Colombia: Episol y los Solarte. En el primer caso, estudia el impacto que la norma pueda tener en la sentencia a diez años de cárcel contra José Elías Melo, el expresidente de Corficolombiana, que acaba de quedar en firme en el Tribunal Superior de Bogotá. La decisión establece que el exdirectivo debe responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por el pago de una coima de 6,5 millones de dólares por la adjudicación del contrato para construir la Ruta del Sol.

En la sentencia, los magistrados concluyen que “es claro y evidente” que Corficolombiana, como controlante de Episol, fue responsable de reembolsar parte de la coima a su socio Odebrecht. “Episol era tan solo una compañía de papel controlada en su totalidad por Corficolombiana”, señala la sentencia. Consultado por SEMANA sobre este caso particular, Gómez aseguró que el asunto está en estudio, pues la norma es clara en excluir de esta sanción a las compañías inscritas en bolsa. “Hay que ver con mucho cuidado la extensión de la responsabilidad”, señaló Gómez.

El segundo caso bajo revisión es el de Cass Constructores, una de las firmas más importantes de infraestructura en Colombia, de propiedad de la familia Solarte. La compañía de ingeniería resultó envuelta en un escándalo de corrupción por el pago de coimas a concejales, contratistas y funcionarios de la Empresa de Acueducto de Bogotá a fin de quedarse con el contrato para construir el interceptor Tunjuelo-Canoas. Por este caso, después del preacuerdo fue sentenciada la representante legal Paola Solarte, hija del ingeniero Carlos Solarte. Por eso la Agencia tendrá que evaluar si procede a hacer extensiva la inhabilidad a la persona jurídica.

Además de estos casos connotados, hay en fila decenas de compañías relacionadas con directivos condenados por defraudar el programa de alimentación escolar, el sistema de salud y los programas de vivienda. Asimismo, el Gobierno avanza en identificar en qué casos será necesario importar sentencias condenatorias en el exterior por soborno transnacional, un trabajo que avanza de la mano con la Superintendencia de Sociedades. En la mira hay varios empresarios venezolanos condenados por corrupción con tentáculos en Colombia. También estudian qué efecto pueda tener la condena contra Ramón Navarro, el exgerente de la empresa de servicios públicos de Barranquilla Triple A.

Por lo pronto, está claro que Odebrecht será la primera empresa en estrenar el decreto en Colombia. No obstante, lo que venga de aquí en adelante surgirá del titánico trabajo que le espera a la Agencia de Defensa del Estado para estudiar caso por caso cuándo aplicar el veto.