Con tutela, generales quieren eliminar de Twitter el rastro del mural sobre falsos positivos

El pasado 18 de octubre de 2019, artistas de Bogotá comenzaron a pintar un mural entre la calle 80 y la Avenida NQS que levantó ampolla. En la imagen se aprecian las caras de cinco altos mandos del Ejército bajo la pregunta ¿Quién dio la orden?. El mural invitaba al hashtag #CampañaporlaVerdad. Los autores aún no habían concluido cuando entrada la noche llegaron al lugar alrededor de 30 hombres movilizados en vehículos oficiales y particulares portando armamento de dotación. Mientras unos borraban los rostos de los oficiales, otros impusieron un comparendo a los protagonistas por violar el Código de Policía. 

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El episodio del que solo se habían enterado durante la tarde los vecinos, se regó como espuma por las redes sociales y en cuestión de horas había desatado el reproche de miles de colombianos. Entre los defensores de Derechos Humanos que encabezaron la protesta por lo que consideran una "censura" a la memoria de las víctimas están las organizaciones que integran el Movimiento de Víctimas de Estado (Movice), que señalaron en un trino: 

El mismo brochazo con el que el mural desapareció debajo de una capa blanca de pintura quiere aplicarse ahora para las publicaciones de redes sociales. A los juzgados Cuarto Municipal Pequeñas Causas Laborales y el Juzgado 79 Penal Municipal de Garantías de Bogotá llegaron sendas tutelas que buscaban eliminar cualquier rastro del mural en Twitter. Los accionantes son el excomandante del Ejército Mario Montoya y el comandante de la brigada XIII, general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo. Ambos piden ante la justicia que se les respete su derecho al buen nombre, a la honra, a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Para el general Montoya, la información debe ser retirada de Twitter y de cualquier otra en la cual se haya difundido el mensaje por parte del Movice, y para ello solicita que el juzgado vincule en el trámite el Ministerio de TIC y Twitter Colombia S.A. En el caso del general Pinto, pide que se ordene como medida de reparación una campaña que promueva el respeto por los derechos humanos de los funcionarios públicos y su derecho a la presunción de inocencia. Señala que Movice tiene rectificar admitiendo su equivocación, error, tergiversación o falsedad.

"Esta imagen señala una cifra de presuntos falsos positivos (...) exponen en cada fotografía, indicando el nombre, haciendo una identificación de cada uno que no da lugar a equivocaciones y con ello endilgando responsabilidad penal. Entre este personal al que le hacen las acusaciones, se encuentra mi nombre y mi foto con una calavera y el número 45 debajo de mi nombre, indicando que tengo responsablidad por la muerte de este número de personas", cuestiona el general Pinto.

Movice acaba de enviar su contestación a ambos juzgados pidiendo, en primer lugar, que se disponga a un juez idóneo para conocer de estos procesos teniendo en cuenta que involucran órdenes contra entidades del orden nacional como lo es el MinTic. La entidad que agrupa a más de 200 organizaciones defensoras de víctimas, asegura que estas acciones de tutela no son procedentes, entre otras, porque los accionantes no están en estado de indefensión. Así lo consideran pues consideran que el Ejército actuó de manera "arbitraria, desmedida e ilegal" ya que que se hizo uso de medios públicos, "entre ellos, las armas para censurar la obra contenida en un mural". 

El documento de contestación, que entrará a ser estudiado por la justicia, indica que el mural es una manifestación artística y está protegida bajo las reglas de la libertad de expresión. Además que las pretensiones de los generales vulneran los derechos de las víctimas y la sociedad en general a la verdad y libertad de expresión en contextos de transición. "Acceder a concederla implicaría una continuación de los actos de censura que vienen sufriendo las víctimas, organizaciones sociales y sociedad en general", dicen.

Frente a la particularidad del trino cuestionado, las organizaciones aseguran que esta manifestación enmcarcada en un acto por la memoria fue sometida a censura, cuando no pretendía difundir atribuciones de responsabilidad penal, sino que era un ejercicio liderado por el movimiento de víctimas para que la sociedad en general se cuestione sobre en qué circunstancias tuvo lugar en Colombia la comisión de la ejecuciones extrajudiciales. De hecho, describen el mural y señalan 1. que es un hecho absolutamente cierto que estas conductas delictivas fueron cometidas bajo las comandancias de las personas que aparecen en el mural. 2. que el mural propone una pregunta fundamental para el esclarecimiento de una verdad que es mucho más que una verdad judicial, ¿quién dio la orden?

"La campaña por la verdad es un ejercicio que le exige públicamente a quienes tenían bajo su mando personas vinculadas con la comisión de graves violaciones a los derechos humanos que digan la verdad", enfatizan. También manifestan que sentencias de la Corte Constitucional han dejado claro que no se le puede exigir a los ciudadanos que tengan un grado de certeza equiparable a una decisión judicial frente a sus manifestaciones públicas, pero tampoco se requiere que una persona tenga una certidumbre absoluta sobre las afirmaciones que realice.

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Las organizaciones piden que sean negadas las pretensiones y que se compulsen copias para que se investiguen las circunstancias que rodearon este acto que consideran de "censura". El caso promete estar para alquilar balcón. Con estas acciones de tutela andando la justicia tendrá que pronunciarse sobre  manifestaciones, que como esta, vienen enmarcadas en un proceso de justicia transicional que tiene un amplio margen para la expresión de la memoria de las víctimas.

¿El mural podía ser borrado? ¿Atenta contra el buen nombre y el debido proceso de los oficiales que aparecen dibujados? ¿Las organizaciones podían reclamar censura a través de redes sociales? ¿por tener grados de comandantes, las víctimas pueden achacarles cifras de falsos positivos ocurridos durante su mando? Este y muchos interrogantes más deberán ser resueltos en una batalla legal que apenas comienza.