Con tutela, Katherine Miranda busca que se prohíba el arma antidisturbios Venom

El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá admitió la acción de tutela de la representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, contra el Ministerio de Defensa y la Policía, que pretende prohibir el uso del arma antidisturbios Venom que, según organizaciones de derechos humanos, puede resultar peligrosa para los manifestantes.

Esta arma es utilizada por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y su función es lanzar proyectiles múltiples desde el suelo y en forma horizontal, que terminan iluminando una zona, como ocurrió durante los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en Popayán y Bogotá, en medio de las jornadas de manifestación.

Lo que también se busca es que la Policía, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior respondan si, durante las intervenciones de la fuerza pública, se ha utilizado este dispositivo, bajo qué criterios y en qué casos exactamente. Además, si se han registrado heridos o muertos con dicha arma, si se ha capacitado al personal que maneja dicho artefacto y cuál es su grado de letalidad en caso de usarse inadecuadamente.

“Si bien es cierto, el mero uso del arma, en principio, no generaría ningún tipo de vulneración de los ciudadanos, este escenario cambia cuando los uniformados de la Policía hacen uso indebido de dicha arma, al disparar de manera indiscriminada contra los manifestantes que se encuentran ejerciendo su derecho a la protesta social”, expresó Miranda.

El uso del arma –según la congresista– genera además graves afectaciones a la población civil que se encuentra en sus casas, así como daños en bien ajeno y perjuicios a la salud. “Personas que se encuentran descansando en sus hogares se han visto afectadas por el uso indiscriminado de la Venom”, agregó.

Miranda argumentó al juez que la munición utilizada con dicha arma “son gases lacrimógenos con contenido clorobenzilideno Malononitrilo-CS, lo que genera un daño pulmonar, cardiaco y hepático, lo cual es altamente perjudicial para la salud de los manifestantes…”.

Para rematar –dijo la dirigente– Bogotá y el país enfrentan una pandemia por la covid-19, un tercer pico con alto número de contagiados, y este instrumento de defensa de la fuerza pública puede generar contraindicaciones de salud, especialmente afectaciones en la respiración.

Ante esto, la Procuraduría General abrió indagación preliminar contra miembros del Esmad de la Policía por su presunto uso indebido durante las jornadas de paro en Popayán, Cauca, entre el 12 y 17 de mayo.

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, la consideró como un arma inapropiada para manifestaciones pacíficas. Y afirmó que la Policía la está empleando peligrosamente. “Colombia: con testigos y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes. Es un arma peligrosa e indiscriminada. MinDefensa debe dar explicaciones”, aseguró.

Es más, un juzgado de Popayán, epicentro de disturbios, prohibió su uso. Y pidió a la institución de seguridad que, antes de usar nuevamente este tipo de dispositivos que tiene capacidad de lanzar en ráfaga bombas aturdidoras y gases lacrimógenos, elabore un protocolo en el que quede clara la forma de su utilización.

Además, ordenó capacitar a los uniformados frente a la utilización de dicha arma y le dio instrucciones a la Alcaldía de Popayán para que, como primera autoridad del municipio, supervise y garantice que este dispositivo no se use en la Policía, al menos mientras no se elabore y se cumplan los protocolos.