Con tutela, piden a la JEP darle prioridad a caso del atentado en Club El Nogal

Los colombianos no olvidan aquel día trágico en el que las Farc perpetraron el atentado contra las personas que estaban departiendo en el Club El Nogal. Pues bien, durante los primeros meses de este año, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la JEP podría priorizar para su investigación y estudio ese hecho ocurrido en 2003.

Fue a través de una acción de tutela que el expediente llegó a la Jurisdicción Especial. Tutela en la que, entre otras, se argumenta, que el atentado fue planeado y ejecutado por personas que se acogieron a la justicia transicional.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, tuvo hace pocos días un plazo de 48 horas para responder, justamente, a una solicitud de incidente de desacato por no abrir una investigación sobre el atentado al Club El Nogal en el año 2003, en el cual fallecieron 36 personas en el norte de Bogotá.

Este requerimiento fue exigido a la JEP en una tutela con sentencia del 3 de noviembre, la cual no fue contestada por el tribunal, por lo que Martha Dolores López de Vargas, quien se identifica como víctima del hecho, hizo la solicitud de incidente de desacato asegurando que no hay una verdad sobre quiénes serían los responsables del atentado.

A propósito del tema, la emisora Blu Radio explicó que el abogado de la víctima, Óscar Sierra, afirmó que en el proceso solo se han presentado obstáculos que han impedido que se dé una respuesta clara sobre la petición puntual de la víctima y el esclarecimiento de los responsables.

Denuncian más de 54 desapariciones forzadas a manos de AUC y el Estado

Pero el atentado en El Nogal no es el único caso que este año podría ser revisado. El Movimiento de Víctimas de Estado (Movice) presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe ‘¿Donde están?’, en el cual denuncian 354 casos de desaparición forzada en el Magdalena Medio y el departamento del Meta.

De acuerdo con el informe, estas desapariciones se dieron entre 1974 y 2014, y las víctimas pertenecían a las colectividades políticas como la Unión Patriótica y el Partido Comunista. También se habla de casos de líderes sociales, movimientos campesinos y juntas de acción comunal que fueron desaparecidos.

En el documento se lee que el pico más alto de los crímenes se dio en el año 2000. En ese sentido, relatan que los responsables son grupos paramilitares como Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Bloque Centauros, entre otros grupos. También se nombra la responsabilidad de la Fuerza Pública de brigadas del Ejército (la quinta y la catorce) y batallones entre los que se nombra el Batallón Francisco José de Caldas y el Batallón Pantano de Vargas.

“La omisión del Estado se evidencia en la ausencia de acciones por parte del mismo, a pesar de las múltiples denuncias realizadas por las organizaciones de derechos humanos y las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría”, señalaron durante el evento.