Concejal de Bogotá presentó tutela en contra del Comité del Paro para proteger derechos fundamentales de los ciudadanos

El paro nacional comenzó en Colombia el pasado 28 de abril y desde entonces se han realizado múltiples movilizaciones y marchas en las principales regiones, reclamando soluciones a problemas sociales y económicos por los que atraviesa el país.

Estas mismas convocatorias han desencadenado una serie de bloqueos a las vías principales del país y a los principales corredores viales de las ciudades, que han terminado por generar situaciones de desabastecimiento de alimentos, insumos médicos, bienes básicos e incluso la dificultad para que cientos de colombianos no puedan llegar a su trabajo.

Ante estas situaciones, la concejal de Bogotá por el Partido Verde, Lucía Bastidas, presentó una acción de tutela ante un juez penal municipal de Bogotá en contra de los principales representantes del Comité Nacional del Paro, argumentando además que las vías de hecho que se han presentado exceden el derecho a la protesta legítima y ponen bajo “amenaza” los derechos fundamentales.

“Si bien es cierto existe multiplicidad de personas que participan de estas protestas, es menester que los diferentes líderes, agremiaciones y manifestantes en general, y los integrantes del Comité del Paro que acá se han identificado, promuevan el respeto al libre tránsito de este tipo de vehículos, por lo cual, se requiere de manera urgente que se le ordene a los integrantes del Comité del Paro y a las diferentes organizaciones ciudadanas y personas en general, que en medio de su derecho a manifestarse no pueda impedir el paso de vehículos y personal que tenga relación con el servicio médico”, destaca el texto.

La accionante es clara en señalar que con la tutela no pretende que el juez afecte el derecho a la protesta, pero “es plausible que se genere un marco mínimo y unas exigencias mínimas para cualquiera de nosotros”.

Los argumentos de la tutela son cercanos a las reclamaciones que el propio Gobierno nacional ha hecho en los últimos días, en los que señala que los bloqueos, aunque no se hagan con armas, también se consideran actos de violencia.

Uno de los últimos balances del Ministerio del Interior indica que en el país los bloqueos viales han pasado de 170 registrados en los últimos días, a poco más de 40 que todavía persisten en el territorio nacional.

Más adelante, en la tutela presentada por Bastidas, se defiende el principio de oportunidad de la acción, pues “es claro que no existe otro mecanismo de defensa que sea eficaz en relación con la amenaza inminente que se está presentando, y que obligue a estos lideres de las protestas a que incidan y exijan la protección del derecho la vida y a los demás acá señalados. Igualmente, se cumple con el principio de inmediatez, presentándose en este momento la amenaza a la afectación de derechos fundamentales”.

Entre las pretensiones de la acción de tutela se pide que los promotores del paro nacional emitan de manera inmediata comunicados públicos y privados en los que les exijan a los manifestantes no bloquear el paso de ningún vehículo de personal médico, vehículos de transporte de insumos médicos, ambulancias, transporte de alimentos y demás personas y vehículos destinados a bienes y servicios esenciales.

Además, que se pueda entablar un diálogo con la Alcaldía de Bogotá, que busque unas reglas mínimas para la realización de la protesta social en la capital.

La tutela está dirigida a Francisco Maltés Tello (CUT), Percy Oyola (CGT), Luis Miguel Morantes (CTC), José Antonio Forero (CPC), William Velandia (Fecode), Óscar Gutiérrez (Dignidad Agropecuaria), Gustavo Betancur (Cruzada Camionera) o quienes hagan de sus veces en cada uno de los sindicatos y centrales obreras.

La tutela se une a otra acción que se presentó recientemente por parte del abogado Hernán Cadavid, quien presentó una denuncia penal contra los integrantes del Comité del Paro por los bloqueos en las vías principales del país.

Si bien el jurista asegura que los ciudadanos tienen el derecho legítimo a la protesta, hay algunos miembros del Comité del Paro que “pretenden sustituir la autoridad del Estado y aprovechan una oportunidad para lesionar la democracia”.