POLÍTICA
Concejal no deberá borrar audios ni revelar fuente sobre pleito en Doña Juana
Mediante una tutela, al cabildante Yefer Vega le habían ordenado divulgar una información que obtuvo en medio de su ejercicio de control político en Bogotá. En segunda instancia, un juez le acaba de dar la razón.
Hace menos de un mes se conoció una tutela en la que se le ordenaba al concejal de Bogotá Yefer Vega que borrara unos audios publicados en su cuenta de Twitter. En ellos dejaba en evidencia una conversación privada entre funcionarios de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos de Bogotá (Uaesp) y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en donde se planteaba la posibilidad de liquidar el contrato de operación del Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR), que opera dicho relleno sanitario en el sur de la capital del país.
En los audios se evidencia que el demandante, el abogado Juan Carlos Jiménez, apoderado de la Uaesp, conversaba con el subdirector de asuntos legales de la entidad, Carlos Quintana, y una persona de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Uno de ellos comenta que “lo más seguro, casi el 90 por ciento de las posibilidades para arriba, es que ellos (el CGR) no continúen con la operación del relleno”.
Lo que causó polémica en la decisión de la juez fue que le pedía a Vega que, además de borrar los audios, debía aclarar cómo había obtenido la información e indicar expresamente su desconocimiento sobre la veracidad de lo mencionado. El concejal ha mantenido que los obtuvo de manera anónima y que lo denunciado se ajusta a sus funciones.
El cabildante de Cambio Radical comentó que apelaría el fallo y un juez le acaba de dar la razón al revocar la sentencia proferida en primera instancia que generó tanta polémica. El concejal comentó que con esta decisión “prevalecen los derechos a la no censura y a la libertad de expresión como derechos de relevancia constitucional superior; prevalece el control político, ese que nos corresponde a los 45 concejales”.
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Para el concejal, con este fallo el juez reconoce que con la información publicada no se estaba afectando la buena honra ni el buen nombre del demandante, como lo había denunciado, y que la información publicada, a pesar de haberse dado en entornos privados, es de interés general.
Con el primer fallo, Vega tuvo que borrar las publicaciones. Sin embargo, con esta decisión volvió a publicar sus denuncias. “Estos instrumentos jurídicos no son las herramientas para acallar el control político. Estos son temas de interés público, lo que hoy necesita conocer la ciudad de las diferentes situaciones que se presentan con presuntas irregularidades o inconsistencias por parte de funcionarios del Distrito Capital, en este caso de la Uaesp”, enfatizó Vega.
El concejal ha sostenido que, más allá de la polémica y el debate jurídico que se ha presentado con el funcionario de la Uaesp, lo realmente importante es lo que pueda pasar con el relleno de Doña Juana.
Según Vega, la Uaesp no ha dado respuesta sobre la capacidad del relleno sanitario de Doña Juana y de la situación que ha denunciado con sus publicaciones. Dice que la omisión de estos hechos y la mala administración podrían provocar una nueva emergencia sanitaria como la que se vivió hace unos años.
“Tenemos que hacer un llamado fuerte, vehemente y respetuoso a la administración distrital para que la Uaesp responda por esta situación particular del relleno sanitario de Doña Juana, de su operación y de la disposición final de las más de 6.700 toneladas que generamos en Bogotá”, aseguró.
Sobre la polémica que han generado los audios, el CGR había respondido: “Nuestra operación tiene derecho al debido proceso. Los entes de control deben investigar las maniobras que viene haciendo la Uaesp para acabar con nuestras actividades al interior del relleno. Nos defenderemos con todas las herramientas legales ante cualquier difamación”.
El concejal se cuestiona por el estado de ejecución del contrato que ha denunciado y qué medidas se han puesto en marcha para garantizar el cumplimiento del relleno sanitario y evitar una nueva emergencia.
Además, dice que debe existir un proceso sancionatorio si el operador ha incumplido, pero que no debe tratarse de una decisión política sin el trámite correspondiente y la prevalencia del debido proceso, sino que debe garantizarse el ejercicio de la operación.
Las mayores preocupaciones para Vega son la capacidad operativa de la Uaesp y la posible oferta en el mercado de otro operador, y que esto desate un nuevo desorden de las basuras en Bogotá, como ya se evidenció en pasadas administraciones.
