Concejo de Medellín le pide a EPM la verdad sobre Hidroituango

En una semana de sesiones en el Concejo de Medellín ha quedado claro que la crisis de EPM va más allá de Hidroituango. La compañía está avaluada en 22 billones de pesos y su deuda llega a los 18 billones, esto sin contar con los problemas del proyecto Ituango cuya energía ya se había vendido a una vigencia de 30 años, como quien dice: esa plata se gastó y ahora se debe y no hay cómo generar electricidad.

El panorama lo hizo más desalentador el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien representa la mayoría accionaria, cuando aseguró que la crisis en Hidroituango no estuvo relacionada con problemas geológicos sino con defectos en la construcción, por lo que aseguró que la junta directiva decidió no girar más dinero para la construcción del proyecto. Sobre este asunto, EPM contestó que aún no tiene estudios que confirmen esta hipótesis y que la empresa internacional Skava Consulting trabaja en un informe causa-raíz que se dará a conocer en unos meses.     

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Pérez dijo más, aseguró que si los problemas son de construcción quien debe responder es el consorcio constructor y no EPM y mucho menos la Gobernación de Antioquia, justo lo que ha dicho la concejal Luz María Múnera, quien asegura que hasta el momento EPM solo ha protegido a Conconcreto y Coninsa, quienes conforman el consorcio constructor, y a Integral, firma de ingenieros que diseñó el proyecto. “Aquí se quiere proteger al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), y la excusa de Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, es que las demandas se demoran mucho para tramitarse, por lo que necesita dinero en efectivo con prontitud para atender los problemas económicos”.

En caso de que el proyecto fuera viable aún y de que la casa de máquinas no estuviera totalmente estropeada por el paso de agua, la operación de la central hidroeléctrica empezaría en 2021, fecha poco probable, ha dicho la concejal María Paulina Aguinaga, quien cree que es irresponsable decir que en solo tres meses empezarían a percibir plata porque aún no se conoce el estado de la casa de máquinas, por la que hasta el día de hoy sigue pasando agua, evento para el que no fue construida. Por otro lado, si el proyecto fracasa, EPM perdería, mínimo, 9 billones de pesos, lo que pondría en crisis las finanzas de todo Medellín.

Pese a que todos los proyectos de la compañía son rentables, la crisis ha redundado en un gran problema de iliquidez en EPM, cuya deuda recae en mayor medida sobre la casa matriz: 14,3 billones se deben en Medellín y 3,7 billones en las empresas que se tienen en el extranjero. La concejal Múnera asegura que “hay un montón de movidas y de cosas que nunca nos dijeron y que vienen desde hace mucho rato. Si miramos bien las cuentas de EPM, ellos tienen un endeudamiento creciente desde hace cuatro alcaldías, pero desde 2016 lo que era una curva decendente se convirtió en una línea totalmente vertical”.  

Ahora EPM busca 7 billones de pesos con la venta de su proyecto en Chile, Aguas de Antofagasta, le enajenación de acciones en ISA y otras inversiones pequeñas que suman unos 50.000 millones de pesos, a lo que suma un plan de ahorro con el que esperan recoger un billón de pesos. Y es que el dinero que entregarían las aseguradoras puede demorarse, por lo que hay que buscar dinero hasta debajo del colchón.

“El gran problema es que la empresa están sobreendeudada y ahora vienen al Concejo para pedirnos la autorización de enajenar activos, pero no nos quieren decir de dónde viene esa sobredeuda. Quieren que tomemos decisiones con información que nos están negando todos los días. Nos entregan cifras redondas, no discriminadas”, dice Múnera, quien señala que el acuerdo inicial del Concejo de Medellín con el que se determinó que la empresa debía transferir ganancias al municipio decía que estas transferencias debían ser del 30 por ciento, pero Sergio Fajardo en su alcaldía lo modificó para que fueran del 55 por ciento, lo que ahora es parte de la crisis.

“Si el municipio también es culpable, entonces acompañemos la propuesta de venta de activos en el exterior y volvamos al 30 por ciento de utilidades”, dice Múnera. Y es que la crisis de EPM puede tener su génesis en el incendio que hubo en la central Playas en 2017, cuyos daños valieron 10.000 millones de pesos, “eso está referido a reposición y mantenimiento, si tenemos problemas de ese tipo es porque la empresa está entregando más de lo que puede dar y por eso pospone esos mantenimientos. Propongo que volvamos al 30 por ciento de utilidades para el municipio, pero seguro Federico Gutiérrez va a decir que no para poder cumplir un Plan de Ordenamiento Territorial que diseñó y que no ha podido realizar”.

Lo que también quedó claro es que aún no se sabe cuánto costará sacar adelante Hidroituango en caso de que sea viable, pues en caso de tener que construir una nueva casa de máquinas la inversión sería millonaria. Por otro lado, y tras los informes de la Contraloría que señalan que hubo problemas en la licitación del proyecto y que se hicieron obras sin consultarlas ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), todo mundo se pregunta dónde está el exgerente de EPM, Juan Esteban Calle, en quien recayeron varias de las decisiones por las que ahora todo está en crisis. Calle por el momento tiene un puesto importante en Argos, lo que muchos han llamado la puerta giratoria: se sale de la gerencia de EPM para ocupar un puesto en una de las empresas del GEA.

Ante todo esto sigue haciendo la pregunta: ¿Qué pasó? Por ahora se sabe, dice la concejal María Paulina Aguinaga, que uno de los túneles se taponó sin la autorización de la Anla, y que para el retiro del sedimento vegetal  que quedó en el río EPM hizo una contratación tardía y con un tercero que no tenía experiencia para el procedimiento, lo que finalmente pudo taponar el segundo túnel y entonces la historia ya conocida: el río empezó a subir y a amenazar la seguridad de las comunidades aguas abajo que, dicho sea de paso, no hacen parte del área de influencia directa.

Así las cosas, la verdad parece esquiva y camina lenta, la Contraloría ya dio su primer informe y tanto la Anla como EPM respondieron con parquedad e incluso negando algunos hallazgos; y en el Concejo de Medellín EPM solo ha ido a exigir dinero, pero no a entregar respuestas. El caso sigue abierto.