Concejo amurallado

Las sesiones ordinarias del Concejo Distrital de Cartagena, que comienzan este 1 de octubre, serán, posiblemente, las más atípicas en su historia reciente: un alcalde encargado las instalará mientras el titular, Manolo Duque, está preso y se niega a renunciar. La curul del concejal conservador Jorge Useche estará vacía, pues se encuentra detenido, y otros ocho cabildantes estarán en la instalación sin saber si alcanzarán a asistir a la clausura a finales de noviembre.

Este periodo de dos meses se desarrollará en medio del juicio que la Fiscalía adelanta contra el alcalde Duque y su hermano de crianza, José Julián Vásquez; la contralora Nubia Fontalvo y 14 de los 19 concejales que votaron para elegirla a cambio de puestos en esa entidad y otras dependencias de la administración. Además, la contralora se comprometió a no vigilar el gasto y las inversiones de la administración.

La Fiscalía investigó este capítulo dentro de la Operación Heroica I, que terminó con la captura de los funcionarios hace 45 días y en la cual la entidad examinó unos 400 minutos de audios. También se habla de que habría pagos de dinero. La fiscal seccional 53, Liliana Velásquez, anunció la segunda fase de la operación el 20 de septiembre, cuando radicó el escrito de imputación contra 9 concejales.

Le sugerimos: Consejo Gremial pide al alcalde de Cartagena que renuncie

En las próximas semanas, la Fiscalía imputará cargos a los cabildantes por el presunto delito de cohecho propio, pero nadie descarta que en desarrollo de la misma pueda imputar otros delitos. Si esto ocurre, los diez concejales restantes podrán sesionar con curules vacías y más dudas, ya que la tercera fase de la Operación Heroica tiene en la mira otros cinco concejales que también votaron por la contralora.

Lo grave es que el periodo que se avecina es crucial para la administración que venía trabajando en ejecutar cinco macroproyectos, por valor de 800.000 millones de pesos, que se encuentran en la fase de diseño. Además, este Concejo acorralado por la Justicia deberá discutir proyectos como el del presupuesto de rentas y gastos de 2018, las vigencias futuras para garantizar el funcionamiento del Distrito, incentivos tributarios para nuevas empresas y el estatuto de valorización, entre otros.

Frente a la crisis institucional, el Consejo Gremial pidió al alcalde, Manolo Duque, renunciar para que se realicen nuevas elecciones. La directora ejecutiva de Fenalco, Mónica Fadul Rosas, dijo que cualquiera que sea la decisión de los jueces por el proceso penal o de la Procuraduría, que suspendió al alcalde, este debe renunciar porque hay un detrimento de confianza hacia su gobierno y el Concejo Distrital.

Le recomendamos: Fiscalía radicó imputación contra otros nueve concejales de Cartagena

Por su parte, sectores políticos no están de acuerdo con la incertidumbre generada por la Fiscalía y le están pidiendo que actúe con celeridad, pues sostienen que los concejales actuaron en el marco de la ley. María Claudia Páez, directora de la Cámara de Comercio, afirma que, si bien es un momento difícil para la ciudad, la justicia debe actuar prontamente: “Los jueces tienen en sus manos el destino de Cartagena”.

Lo que sucedió en la Heroica, dijo el juez de garantías que mandó a la cárcel a Duque, es una mermelada tóxica que alimentaba todo un circuito de contratistas, alcaldes locales y ediles. Ellos se movían en torno al primo del alcalde que financió su campaña, y como contraprestación disponía de los puestos, de los contratos y direccionaba las políticas del gobierno. El juez remató diciendo que el primo hermano del alcalde, a quien llama hermano, había dado un golpe de Estado manifestado en todas las decisiones que le consultaban, se arrogaba competencias del alcalde, nombraba, pedía información sobre los contratos, sobre traslado de dineros de una dependencia a otra, lo llamaban para reportarle sobre los recaudos y su oficina privada era una sede alterna de la Alcaldía.

Lo cierto es que la ciudad, que tiene grandes retos y problemas, se encuentra de nuevo en una crisis de gobierno, tal vez la más crítica de su historia. Así no haya salidas de corto plazo, los líderes, empresarios y ciudadanos deberían aprovechar para encontrar alternativas políticas que sienten, de una vez por todas, las bases de la administración que necesita Cartagena.