¿Trampa en el concurso de jueces y magistrados?

Un nuevo escándalo fue conocido a través de un fallo del Tribunal Superior de Medellín, que califica de sospechosos y con visos de trampa algunos de los hechos que rodearon el último concurso de jueces y magistrados que convocaron la Unidad de Administración de Carrera Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura.

Hace un año que se adelantó el último examen para incorporar a la Rama Judicial a nuevos jueces y magistrados de tribunal. Para su diseño y preparación logística, fue contratada la Universidad de Pamplona, en reemplazo de la Universidad Nacional que, en años anteriores, era la encargada.

Días antes de las pruebas de conocimiento, el país se escandalizó por las denuncias sobre la supuesta venta del cuestionario en Samaniego (Nariño). Las sospechas aumentaron cuando horas después del examen se conoció a través de las redes sociales el contenido íntegro de las 100 preguntas de la evaluación cognitiva.

Pero ahí no pararon los hechos irregulares. Antes de que se calificaran los exámenes, la Universidad de Pamplona sugirió excluir de la cuantificación del puntaje las respuestas a 14 preguntas por "ambiguas", "mal redactadas" y supuesta "ausencia de respuesta posible". Nadie entendía por qué eliminar esos puntos y no antes sino después de practicada la prueba.

Una vez publicados los resultados de la evaluación cognitiva, que pasaban quienes obtuvieran 800 de 1.000 puntos posibles, empezaron a hacerse manifiestas las inconformidades. Muchos de los que perdieron alegaron que, de ser tenidas en cuenta las preguntas que se excluyeron intempestivamente, habrían pasado.

Por eso, interpusieron una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Medellín. Esa corporación se mostró desconcertada por la forma como actuaron las entidades demandadas. Para los magistrados, resulta inconcebible que la Universidad de Pamplona haya sugerido eliminar preguntas después de practicado el examen y no antes de convocar a los concursantes.

Indicó que semejante manera de obrar deja en evidencia un diseño irregular y proclive al error que es imputable a las entidades. Además, anotó que el mantener en el cuestionario preguntas supuestamente mal formuladas pareciera despertar un afán de trampa que atenta contra la dignidad de los aspirantes y desconoce su preparación académica.

Para la Sala, resulta paradójico que quienes obtuvieron más de 800 puntos hayan defendido las actuaciones de la Universidad y la Unidad de Administración de Carrera Judicial pues ellos mismos resultaron perjudicados por la exclusión de esos puntos y pierden la oportunidad de mejorar sus calificaciones.

Por eso, el Tribunal determinó que las demandadas violaron los derechos fundamentales no solo de los tutelantes sino de todos los concursantes. Por eso, ordenó la Universidad calificar las respuestas de las preguntas eliminadas.

En caso de que al finalizar la calificación nuevos concursantes hayan obtenido 800 o más puntos, la Unidad de Administración de Carrera debe incluirlos en la lista de elegibles.

Para algunos de los interesados resulta inconcebible que esta Universidad siga al frente de la preparación de estos concursos, pues para ellos es manifiesta y evidente su cuestionable idoneidad.

Además, sospechan que tienen un buen padrino, pues pese a sus ‘pecados‘ fueron contratados para diseñar el concurso de procuradores judiciales, que tampoco estuvo exento de denuncias.