Lyons delator, ¿un gran negocio para quién?

El aval que la Corte Suprema le dio al acuerdo entre la Fiscalía y Alejandro Lyons dejó a varios inconformes y terminó en un choque entre los pesos pesados de la justicia y los organismos de control. A cambio de que exponga al cartel de la toga y a la red de corrupción que se conformó —y de la que fue protagonista— para arrasar con las arcas públicas de Córdoba, el exgobernador de ese departamento fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión, y a devolver 4.000 millones de pesos que le arrebató al erario.

Para el contralor Edgardo Maya y el procurador Fernando Carrillo, la sentencia —especialmente en el monto económico— se queda corta frente a un desfalco que en todas sus líneas puede superar los 66.000 millones de pesos. En el fondo de la controversia, los expertos consultados por SEMANA leen las falencias del sistema penal.

Los responsables de los organismos de control fueron duros al referirse al acuerdo: "Significa que aquí se puede delinquir, ¿cometer los actos de corrupción más atroces y luego pagar penas irrisorias y devolver sumas insignificantes de lo que desfalcaron?”, sostuvieron en un comunicado conjunto en el que calificaron la condena como un "mal ejemplo". Carrillo y Maya dejaron entrever también que se opondrán por vías legales a la decisión: “Acudiremos a todos los recursos que nos ofrece la Constitución y la ley para defender el patrimonio de los colombianos”.

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Para darle fondo a su disgusto, la Contraloría hizo un balance de los procesos en los que Lyons está involucrado. El más grande es el cartel de la hemofilia, tasado en unos 54.000 millones de pesos. En ese caso, se presume que el exgobernador dejó que durante su mandato se efectuaran pagos desde la Gobernación para la atención de 117 enfermos que en realidad estaban sanos, y cuyas falsas dolencias fueron usadas para sonsacar el dinero de sus tratamientos.

En el acervo de la Contraloría hay 4 procesos más que involucran a Lyons —quien por estos días concurre a sus diligencias ante la justicia desde Miami— y que suman más de 8.000 millones de pesos. Se trata de irregularidades en varios rubros de la salud del departamento, especialmente en pagos por pacientes con síndrome de Down, y también en el uso de los recursos de las regalías destinados a la ciencia y la tecnología.

La Corte Suprema de Justicia respondió a los cuestionamientos de los entes de control a través de Twitter. Aseguró que durante la audiencia que se llevó a cabo este martes, en la que se avaló el acuerdo, el representante de la Procuraduría compartió la decisión. Y también señaló que el trato solo tiene que ver con una parte de los delitos endilgados a Lyons —concierto para delinquir— y que esta conducta "no causó detrimento al patrimonio público".

En efecto, el futuro de Lyons frente a los otros delitos de los que está acusado aún está por resolverse. El exgobernador también está negociando otras conductas con la Fiscalía, y del trato que logre concretarse, o no, dependen las condenas que podría enfrentar y que se sumarían a la que ya se le impuso esta semana.

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El ente investigador tampoco tardó en manifestarse y, en ese punto, la decisión de la Corte se volvió una discusión entre pesos pesados. Aseguró que esta es apenas una primera condena contra el exgobernador, quien este jueves será imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Por tanto, dice la Fiscalía, "se induce a error a la opinión pública cuando, infundadamente, se afirma que la responsabilidad del señor Lyons quedó reducida a una pena de 5 años y al pago de 4.000 millones de pesos".

En cuanto al acuerdo firmado, el ente aclaró que para cumplirlo y conservar los beneficios, Lyons tendrá que declarar sobre el cartel de la toga, especialmente en cuanto a los supuestos actos corruptos de los expresidentes de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Gustavo Malo, además de las actuaciones turbias del exfiscal Gustavo Moreno.

Sobre el desfalco a Córdoba, el exgobernador tendría que dar su testimonio contra un congresista activo, un gobernador, un secretario departamental y un abogado que hizo parte de ese concierto para delinquir.

El nivel de los personajes a los que puede delatar, precisamente, es la razón de que la Fiscalía busque la negociación con él a toda costa. Lyons, justamente, fue quien destapó el cartel de la toga, uno de los escándalos más grandes en la historia de la rama judicial colombiana, al prestarse para grabar sus conversaciones con el abogado Leonardo Pinilla, en las que se expusieron los detalles del corrupto entramado.

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Por esa colaboración, la Fiscalía suspende la acción penal en 10 conductas que involucran a Lyons, que incluyen al cartel de la hemofilia, el del síndrome de Down, irregularidades en la educación departamental y también le frena el proceso por el asesinato de Jairo Zapa, el exdirector de regalías de Córdoba. La lista es larga pero también lo son las investigaciones contra el exgobernador, quien enfrentará más procesos ante la justicia colombiana, y también la gringa.

Esta discusión revela un debate de fondo en la rama judicial colombiana. Los expertos consultados por SEMANA coinciden en que la justicia que otorga beneficios a los delatores es necesaria en un país con un panorama criminal tan amplio y complejo. "De qué otra manera desarticular las bandas si no es con la delación. El Estado no puede investigar todo por su cuenta, está demostrado que es limitado", dijo Gloria Borrero, directora de la la Corporación Excelencia en la Justicia.

Sin embargo, para ella vale la pena revisar el código penal, incluso repensarlo integralmente, pues puede estar siendo muy benigno con los delincuentes. Algo similar cree el abogado y columnista Ramiro Bejarano: "Debe haber una legislación clara. Por ejemplo, que las personas devuelvan anticipadamente parte del objeto del delito (los recursos robados). La negociación con los delincuentes da resultados, pero no puede ser tan desigual para el Estado".

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Por ahora, la primera condena contra Lyons se basa en la promesa de lo que puede contar. Si sus delaciones no llegan a ser eficaces, el acuerdo puede revocarse en el camino. Lo concreto es que con una pena de cinco años sobre la espalda, el ventilador de la corrupción asistirá este jueves, desde Miami y por teleconferencia, a la imputación de otros dos delitos, en los que intentará nuevamente negociar con la justicia.