Nación
Condenado alias el Zarco, reclutador de falsos positivos que huyó a España, pidió pista en la JEP, y por fin le cae el peso de la justicia
Este exguerrillero del ELN, quien fue extraditado desde España, denunció macabros acuerdos con militares para entregarles jóvenes que después eran asesinados y presentados como bajas en combate.
Luis Jhon Castro Ramírez, alias el Zarco, es uno de los personajes más recordados por su participación en el asesinato de jóvenes inocentes para ser presentados como bajas en combate, lo que se conoce bajo el eufemismo de falsos positivos. ¿Por qué es reconocido el Zarco? Porque pese a que había confesado y señalado a militares involucrados en estos hechos, la justicia no hizo nada y se voló a España donde, nuevamente, ante las nulas gestiones del gobierno de Colombia para buscar su extradición, estuvo a punto de gozar de impunidad en el país europeo.
En Colombia esto se convirtió en un escándalo, el gobierno Duque aceleró las gestiones ante la justicia Española y, finalmente, fue traído el septiembre de 2021 a responder por sus crímenes. Finalmente, un juez especializado del Tolima, dictó sentido del fallo condenatorio contra Castro Ramírez, cerrando el círculo de impunidad que rodeaba a este exmiembro del ELN.
El Zarco fue declarado responsable de cuatro eventos distintos ocurridos en Valle del Cauca y Tolima, en los que se concertó con integrantes de la fuerza pública y, a cambio de dinero, engañó a 17 civiles y los llevó a zonas despobladas con pleno conocimiento de que serían sometidos y reseñados como resultados operacionales exitosos.
“El 6 de noviembre de 2007, en el corregimiento Villa Carmelo, en zona rural de Cali (Valle del Cauca), ‘El Zarco’ contactó y convenció a tres jóvenes de sacar 200 millones de pesos que, supuestamente, estaban ocultos. Llegando al punto de extracción del dinero, les pidió ponerse uniformes de uso exclusivo de las fuerzas militares y caminar juntos. Minutos después, algunos integrantes del pelotón Cascabel del Batallón de Montaña N°3 del Ejército Nacional los interceptaron y les dispararon. Las unidades militares reportaron lo ocurrido como ‘bajas en combate”, informaron desde la Fiscalía.
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En el juicio que condujo a la condena contra este criminal, la Fiscalía documento que tres hechos distintos en los que ubicó a 14 hombres en Cali y otros municipios de Valle del Cauca; y, mediante falsas ofertas de trabajo y ofrecimientos remuneratorios, los convenció de viajar a Tolima, donde fueron abatidos por unidades del Batallón Jaime Rooke del Ejército Nacional.
Seis víctimas murieron en la finca Los Mangos de la vereda Potreritos, en Ibagué, el 28 de febrero de 2008; otros dos fallecieron en el Guamo, el 30 de marzo; y seis más en Coyaima, el 23 de junio del mismo año. Estas personas también fueron presentadas como ‘abatidos’ durante operaciones contra el secuestro y la extorsión.
La alianza criminal con uniformados
Justamente, por estas confesiones en 2018, la Fiscalía vinculó penalmente al coronel en retiro del Ejército Nacional, Javier Alberto Vallejos Delgado; al sargento segundo retirado Sergio Ramírez Murillo y a tres exsoldados, como posibles coautores del homicidio de seis personas en hechos ocurridos en la finca Los Mangos de la vereda Potreritos, municipio de Ibagué.
Estos hechos se habrían dado en 2008, cuando se conoció que era una práctica reiterada el Ejército. Según la investigación de la Fiscalía, el desmovilizado del ELN, conocido como el Zarco, había rendido declaraciones, bajo juramento, en las que indicó que era el encargado de reclutar a las víctimas, por encargo de los miembros de inteligencia del batallón Jaime Roke.
Según documentó la Fiscalía en su momento “el alto mando militar emitía las órdenes de registro y control con inconsistencias, versión coherente con la información entregada a la Fiscalía por el reclutador desmovilizado Castro Ramírez, quien afirmó que llevaban a la gente como carne de cañón”.
Por estos hechos, los soldados vinculados al proceso son José Johan Castro Bustos, Rafael Antonio Rincón y Maryó Martínez Mora, no aceptaron el cargo de homicidio en persona protegida. Sin embargo, firmaron un acta para someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).