Corrupción
Condenan abogado que sobornó a funcionarios judiciales para favorecer a alias Farid, cabecilla de los Libertadores de Vichada
Fue todo un entramado el que montó el abogado para favorecer al cabecilla de la estructura criminal que opera en los Llanos Orientales
Luego de verificar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, los cuales llevaron al abogado William Alejandro Carmona Giraldo a aceptar cargos, un juez penal del circuito de Bogotá declaró a esta persona responsable de entregar dádivas a funcionarios judiciales para favorecer a alias Farid, cabecilla y exintegrante de la estructura conocida como Libertadores de Vichada.
En ese sentido, el profesional fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir, multa equivalente a 81 millones de pesos e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 54 meses.
La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, “estableció que el abogado Carmona Giraldo articuló varias acciones para que le otorgaran beneficios a Edison Guillermo Velásquez Álvarez, alias Farid, cabecilla del grupo ilegal”.
Fue todo un entramado para lograr los favorecimientos. Algo que también dejó en evidencia las pesquisas de la Fiscalía es que, en 2013, “el hoy sentenciado contrató a una estudiante de derecho para que presentara una petición de sustitución de medida de aseguramiento intramural por domiciliaria, con base en documentos falsos”. De acuerdo con el ente acusador, la solicitud fue atendida favorablemente; sin embargo, fue revocada en segunda instancia.
De otra parte, detalla la investigación, entre 2013 y 2017 Carmona logró que, “mediante la manipulación del sistema de reparto”, el proceso de su cliente fuera asignado a un juzgado de ejecución de penas y medidas de Guaduas, en Cundinamarca, que otorgó libertad condicional y una autorización para desplazarse a Villavicencio.
La Fiscalía demostró que el abogado pagó 10 millones de pesos por la alteración del reparto, 20 millones de pesos por la decisión de la libertad condicional y 1.500.000 pesos por desactivar el dispositivo electrónico puesto a alias Farid.
Otra condena por entramado de corrupción
Tras de aceptar los cargos formulados por la Fiscalía General y someterse a sentencia anticipada, Paula Marcela Moreno Martínez fue declarada responsable del delito de falsedad ideológica en documento privado, y condenada por participar en el entramado de corrupción detectado en el proceso de contratación de las obras de remodelación de la Villa Olímpica de Bucaramanaga.
La mujer, entre 2015 y 2016, fungió como representante legal suplente de la unión temporal favorecida con el contrato suscrito en 2015, por un valor total de 22.000 millones de pesos. En la investigación se constató que emitió 19 órdenes de pago en favor de subcontratistas para compra de materiales y otras actividades que nunca se ejecutaron, pero que sirvieron para sustentar el desembolso de un millonario anticipo.
El dinero autorizado para cubrir estas actividades ascendió a 4.312 millones de pesos, los cuales habrían sido utilizados por los integrantes de la unión temporal para el presunto pago de dádivas a funcionarios que direccionaron la contratación.
En ese sentido, un juez penal de conocimiento de Bucaramanga condenó a Paula Marcela Moreno Martínez a 38 meses de prisión, pero con ocasión a su aceptación de cargos la pena es de 19 meses y le impuso una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena. Adicionalmente, le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena.
Más condenas por corrupción en Bucaramanga
Las pruebas presentadas por la Fiscalía bastaron para que un juez de conocimiento condenara a 8 años y 5 meses de prisión al exdirector del Instituto de Fomento y Empleo de Bucaramanga (Imebu), Cristian Rueda Rodríguez.
La decisión obedece a que el exfuncionario fue encontrado responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La Fiscalía demostró que Rueda Rodríguez incurrió en irregularidades durante la ejecución del contrato 135 de 2012 que por 45 millones de pesos suscribió el Imebu y la Fundación para el Desarrollo de las Comunicaciones (Fundecom).
Rueda Rodríguez se encuentra prófugo de la justicia. En la actualidad, en su contra tiene vigente una orden de captura para que cumpla otras dos condenas en su contra: una sentencia a 9 años y 4 meses de cárcel, proferida en diciembre de 2021, por irregularidades en el contrato 111 de 2012. Y otra en abril de 2022 en la que lo condenan a 9 años y 5 meses de prisión por inconsistencias en el contrato 070 de 2012.
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