Condenan a cabecilla del Clan del Golfo por el crimen de Juana Perea, ambientalista colomboespañola

A 17 años y 8 meses de prisión fue condenado Néstor Leonel Lozano Muriel, alias ‘Tigre’ o ‘Guachón’, por el asesinato de la ambientalista colomboespañola Juana María Perea Plata, crimen perpetrado el 29 de octubre de 2020, en Nuquí, Chocó.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró que alias ‘Tigre’, cabecilla de una estructura del Clan del Golfo, fue integrante del grupo armado que llegó a la vivienda de la víctima en el corregimiento de Termales y se la llevó en contra de su voluntad en una lancha que recorrió el Pacífico hasta el río Nuquí.

“La investigación permitió conocer que, en el sector conocido como Coquí, ‘Tigre’ o ‘Guachón’ disparó contra la mujer, cuyo cuerpo fue lanzado a las aguas y, posteriormente, fue ubicado por la comunidad”, señaló la Fiscalía.

El ente acusador indicó que ante la contundencia del material de prueba, Lozano Muriel aceptó los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, y llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue aprobado por un juez penal de conocimiento de Quibdó, Chocó.

“Este resultado judicial es posible gracias al trabajo itinerante de la Fiscalía y a la labor articulada del CTI, la Policía Nacional y la Armada Nacional que, una semana después de sucedido el crimen de la ambientalista, capturaron a alias ‘Tigre’ e identificaron a otras personas que habrían participado en los hechos”, concluyó la Fiscalía.

611 líderes ambientales han sido asesinados

Colombia es de los países más peligrosos para líderes ambientales, de acuerdo con una organización internacional que informó que 65 fueron asesinados durante 2020. Ahora, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) resaltó que desde la firma del Acuerdo de Paz un total de 611 fueron víctimas de homicidio.

Indepaz señaló que 332 de ellos eran indígenas, 75 afrodescendientes miembros de consejos comunitarios protectores del territorio, 102 son campesinos defensores de territorio, 25 líderes activistas ecologistas y 77 campesinos miembros de Juntas de Acción Comunal que se han caracterizado por la defensa de su territorio.

De acuerdo con la información publicada por el instituto en septiembre del presente año, y que mide estos hechos desde noviembre de 2016, en ese año ocurrieron 9 de estos asesinatos, 83 en 2017, 142 en 2018, 137 en 2019, 184 en 2020 y 56 en lo que va corrido de 2021.

Fernando Vela Lozada, Yobani Carranza Castilla, Wilton Orrego León y Gonzalo Cardona Molina, Javier Francisco Parra Cubillos y Gonzalo Cardona Molina son solo algunos de los nombres de las vidas que fueron apagadas mientras defendían los recursos naturales y la tierra en Colombia.

La información contrasta un poco con la de la ONG Global Witness, aunque se asemeja al recordar el gran riesgo de defender los recursos naturales en Colombia y en América Latina.

Tres cuartas partes de los ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra en 2020 ocurrieron en la región. 165 personas fueron asesinadas por defender la tierra en América Latina y en todo el mundo el total fue 227.

Colombia fue nuevamente el país más afectado del mundo, con 65 asesinatos registrados, y Nicaragua, con 12 asesinatos, fue el lugar más mortífero para las personas defensoras, considerando los asesinatos por proporción de habitantes.

En Colombia, un tercio de estos ataques fueron cometidos contra indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad fueron perpetrados contra pequeños agricultores.

En promedio, según los datos que conoce la ONG, cuatro personas defensoras de la naturaleza han sido asesinadas cada semana en todo el mundo desde la firma de los acuerdos de París en 2015. No obstante, el informe señala que con toda seguridad esta cifra es menor a la real, ya que en muchos casos no hay denuncias por las restricciones a los periodistas y libertades cívicas.

Por lo menos el 30 % de los ataques registrados estuvieron directamente relacionados con la explotación de recursos, incluyendo la explotación forestal, la minería y la agroindustria a gran escala, las represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura. La explotación forestal fue la industria vinculada a la mayoría de asesinatos con 23 casos, con ataques reportados en México, Brasil, Nicaragua y Perú.