Condenan a la Nación por caso de militar injustamente señalado de participar en masacre en Arauca

Una millonaria indemnización de 336 millones de pesos deberá pagar la Fiscalía a un militar que, sin pruebas, fue señalado de participar en el asesinato de más de cinco personas en Arauca. La decisión la tomó el Consejo de Estado al señalar que el había sido involucrado injustamente en una masacre que en realidad cometió un grupo paramilitar. El alto tribunal accedió a las pretensiones de la demanda de reparación directa.

En este caso, conocido por SEMANA, la acción jurídica la presentaron los familiares del uniformado, quienes pretendían que se les pagara una indemnización de más de 675 millones de pesos. Los hechos que originaron el daño se produjeron con la masacre de cinco personas por parte de un grupo armado que, con la supuesta colaboración de integrantes del Ejército, hizo presencia en la vereda La Cabuya en Tame (Arauca) el 19 y 20 de noviembre de 1998.

El militar, quien oficiaba como capitán del Batallón Guías del Casanare con sede en Yopal, fue detenido el 27 de abril del 2000. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones. La corporación judicial determinó que el uniformado ni siquiera estaba en el lugar de los hechos cuando se produjo el ataque, porque, por orden de sus superiores, se había retirado con su escuadra. Así, “dado que en este caso no se desvirtuó la presunción de inocencia del procesado, se ordenó reparar a las víctimas”, señala el fallo.

Aun cuando la Fiscalía presentó recurso de apelación, en este caso, el Tribunal lo declaró desierto, porque la Fiscalía no se presentó al trámite de conciliación. Por esa razón, el caso llegó a conocimiento del Consejo de Estado en grado de consulta, que “obliga a que el superior jerárquico revise la actuación del juez de primer grado, cuando las entidades del Estado hubieren sido condenadas y no hubieren apelado el fallo respectivo”.

El Consejo de Estado ratificó la obligación de reparar a los demandantes. La sala estableció que “la Fiscalía impuso la medida de aseguramiento con base en indicios graves de responsabilidad del indiciado, porque miembros de la comunidad dijeron haber recibido amenazas de parte del indiciado, quien les habría anunciado la llegada de una banda paramilitar conocida como Los mesetas o quitacabezas”. Además, señalaron “haberlo visto hablando con uno de los integrantes del grupo responsable de la masacre”.

De igual manera, el Consejo de Estado determinó que a la Fiscalía le es imputable responsabilidad en el perjuicio, a título de daño especial, lo que les impone el deber de reparar a las víctimas.