NACIÓN
Corte Suprema condena a gobernador del Cesar por corrupción electoral
Por el momento, el gobernador de Cesar permanecerá en libertad mientras se conoce en las próximas semanas su sentencia.
La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en contra del gobernador del departamento de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por el delito de corrupción al elector para ser elegido en su primer mandato, de 2012 a 2015. Se estima que en unas semanas se conozca la sentencia que revele cuántos años de condena deberá pagar en prisión.
La Sala de Primera Instancia de la Corte leyó en horas de la mañana de este jueves el sentido de fallo en contra de Monsalvo, en el cual se explicó la promesa falsa que le hizo a una comunidad de familias desplazadas a cambio de sus votos para convertirse en gobernador de Cesar en el año 2011. En su momento, les prometió a 800 habitantes trasladarlos a Tierra Prometida, un barrio de invasión ilegal.
"Al ser aspirante con mayor opción, acudió a ciudadanos desprotegidos, víctimas del conflicto armado, en una condición manifiesta de marginalidad, con la intención dolorosa de alcanzar el falso favor de los electores merced a la prebenda corruptora manifestada en la promesa de dádiva analizada (...) es incuestionable la responsabilidad penal de Luis Alberto Monsalvo Gnecco como autor del delito de corrupción al sufragante", señaló la Corte en el fallo.
Según la Fiscalía General de la Nación, se trató de un engaño y un delito de corrupción al sufragante, motivos por los cuales lo acusó ante la Corte Suprema. Sin embargo, Monsalvo Gnecco ganó las elecciones y comenzó su mandato el año siguiente, en 2012.
Pero a los pocos meses de arrancar con sus actividades políticas, la Corte Constitucional le envió un fallo de tutela en el que le ordenaba desalojar inmediatamente a las comunidades con las que había negociado y quienes se habían asentado en un terreno que ya tenía dueño, Alberto Pimienta Cotes. De hecho, la Fiscalía decidió comenzar el proceso penal que hoy tuvo una primera decisión.
Entretanto, la Corte Suprema indicó que no es necesario ordenar su captura, por lo que el gobernador permanecerá en libertad hasta que se conozca la sentencia en su contra.
