Judicial
Condenan a mujer que confesó participación en hechos corruptos para remodelación de Villa Olímpica en Bucaramanga
Paula Marcela Moreno Martínez aceptó el cargo de falsedad ideológica en documento privado. Es la primera condena que se da por dicho escándalo.
Uno de los escándalos de corrupción más sonados en la capital de Santander es el que a partir de 2015 se empezó a gestar con la remodelación de la Villa Olímpica en Bucaramanga.
Luego de una larga investigación, la Fiscalía General de la Nación presentó ante los jueces pruebas suficientes para demostrar que Paula Marcela Moreno Martínez fue responsable del delito de falsedad ideológica en documento privado, tanto así que ella no tuvo otra opción que confesar y declarase culpable del delito por lo que condenada por participar en el entramado de corrupción detectado en el proceso de contratación de las obras centro deportivo.
Moreno al aceptar los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación y se somete a sentencia anticipada. La mujer, entre 2015 y 2016, fungió como representante legal suplente de la unión temporal favorecida con el contrato suscrito en 2015, por un valor total de 22.000 millones de pesos, según informó el ente acusador en un comunicado.
Durante el proceso los investigadores constataron que ella emitió 19 órdenes de pago en favor de subcontratistas para compra de materiales y otras actividades que nunca se ejecutaron, pero que sirvieron para sustentar el desembolso de un millonario anticipo. El dinero autorizado para cubrir estas actividades ascendió a 4.312 millones de pesos, los cuales habrían sido utilizados por los integrantes de la unión temporal para el presunto pago de dádivas a funcionarios que direccionaron la contratación.
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Por lo anterior, un juez penal de conocimiento de Bucaramanga condenó a Moreno Martínez a 38 meses de prisión. Sin embrago, por haber aceptado los cargos recibió un beneficio y la pena bajo a la mitad solo tendrá que pagar 19 meses.
También le impusieron una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena. Adicionalmente, le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena.
Más detalles del caso
En 2015, la Secretaría de Infraestructura de Santander suscribió un contrato con la ‘Unión Temporal Reforzamiento 2015′, por quince mil millones de pesos ($15.000.000.000) para mejorar el escenario deportivo, y posteriormente, pactó una adición del 40%, para un valor total de veintidós mil millones de pesos ($22.000.000.000), según infirmó en su momento la Fiscalía.
En desarrollo de la investigación, los investigadores establecieron que Lenin Darío Pulido, esposo de la Claudia Yaneth Toledo Bermúdez (entonces secretaria de Infraestructura departamental), habría entregado de manera anticipada los pliegos de la licitación a la citada Unión con el ánimo de favorecerla, la información fue compartida por la Fiscalía en un comunicado emitido en 2018.
La Fiscalía advirtió desde el 2019 que cuenta con material probatorio que demostraría el cobro de coimas superiores a los dos mil novecientos millones de pesos ($2.900.000.000), representados en dos mil trescientos millones de pesos ($2.300.000.000) para el esposo de Toledo Bermúdez, quien fungió como subcontratista de la obra, y el valor restante para Andrés Mauricio Díaz Herrera, quien fungió como interventor del contrato.
Estos recursos habrían sido girados a los beneficiarios mediante facturaciones falsas y sobrecostos en la obra, toda vez que los investigadores descubrieron que tras la adjudicación del contrato, Pulido sirvió como subcontratista de la Unión Temporal a cargo del reforzamiento. Además, la Fiscalía cuenta con testimonios verificados, en el mismo sentido.
El ente acusador determinó que, si bien el contrato se ejecutó, las obras entregadas no cumplían las condiciones técnicas y de seguridad; además, la Unión Temporal habría justificado la inversión con otros escenarios existentes que son de público conocimiento y uso, como es el caso de las dos piscinas olímpicas.
A los investigados la Fiscalía les imputó cargos ante un juez de control de garantías de Bucaramanga, según su responsabilidad, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
