NACIÓN
Condenan a siete militares involucrados en abuso sexual de niña indígena embera en Risaralda
Los hechos ocurrieron en junio de 2020 en el resguardo indígena Dokabu de Pueblo Rico.
La Fiscalía General de la Nación confirmó este domingo que los siete soldados del Ejército Nacional que se vieron involucrados en la violación de una niña embera en Risaralda fueron condenados por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.
A este resultado llegó el juez 1 promiscuo del circuito de Apía, Risaralda, quien tras la aceptación de cargos por parte de los siete uniformados, condenó a seis de ellos, en calidad de coautores, a una pena de 16 años de prisión, y a uno más como cómplice, a 8 años de cárcel.
Los condenados son Juan Camilo Morales Provea, Yair Stiven Gonzáles, Juan David Guaidia, José Luis Holguín, Óscar Eduardo Gil, Deyson Andrés Isaza y Luis Fernando Mangareth (cómplice), quienes estaban adscritos al Batallón de Alta Montaña en Génova, Quindío, y servían de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo con sede en Pereira.
“El ente acusador, a través de fiscales del Grupo de Trabajo Nacional de Género y de la Seccional Bogotá, adelantó más de 160 acciones investigativas que evidenciaron la participación de estos militares en la agresión sexual a una niña de 12 años, de la comunidad indígena embera, en hechos ocurridos el 21 de junio de 2020 en el corregimiento Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico (Risaralda)”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
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Se debe señalar que los militares han estado bajo medida de aseguramiento desde junio de 2020, cuando fueron capturados e imputados por el crimen.
En abril de este año se conoció el fallo que entregó la Procuraduría General de la Nación en contra de los tres suboficiales del Ejército Nacional que tenían bajo su mando a los siete soldados señalados de abusar sexualmente a la menor.
El sargento Juan Carlos Díaz, comandante del pelotón, y los cabos terceros Jáider Enrique Muñoz y Camilo Hernández fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos, tras ser señalados como responsables de infringir el Derecho Internacional Humanitario, luego de que Díaz ordenara, según el ente de control, que los uniformados ocuparan durante 11 días –del 11 al 22 de junio de 2020– las instalaciones del Colegio Pío XII, en el corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico, Risaralda.
Si este fallo continúa en firme, Díaz no podría ocupar cargos públicos durante 15 años, debido a que su falta fue considerada como “gravísima” por el procurador del caso, ya que a su juicio se violaron los Convenios de Ginebra, que prohíben que tropas militares pernocten en un colegio, pues esto pone en riego la vida de la comunidad. La sanción del cabo Hernández es por 10 años y la de Muñoz por ocho.
Los suboficiales han denunciado en repetidas ocasiones que les parece injusto que fueran destituidos por el Ejército Nacional luego de denunciar los hechos que habrían cometido los soldados. Sin embargo, el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, indicó en su momento que en las investigaciones disciplinarias internas se evidenciaban faltas al mando y control por parte de los uniformados.
La Procuraduría respaldó la decisión tras adelantar su propia investigación. De igual manera, en el fallo se establece que Díaz habría mentido a sus superiores con información sobre las coordenadas donde pernoctaban la noche en la que habría ocurrido el abuso sexual de la menor, pues dijo que estaban en el colegio.
De igual manera, se establece que el sargento habría mentido en días anteriores, ya que este siempre reportaba otras coordenadas diferentes a las de la escuela. Al parecer, incluso se intentó desaparecer evidencia que así lo demostraría, como algunas de las anotaciones registradas en el cuaderno del comandante.