Judicial
Condenan a tres hombres por tráfico de migrantes en San Andrés; transportaban hasta menores de edad en condiciones alarmantes
Deberán purgar la pena en el centro penitenciario Nueva Esperanza de la isla.
En un fallo judicial que envía un mensaje claro contra el tráfico de migrantes, tres hombres, Marlong Quiroz Mariano, Jeison Campos Baldiris y David Gómez Díaz, deberán pagar cinco años y tres meses de prisión cada uno.
Las condenas se relacionan con su participación en actividades de tráfico de migrantes en el archipiélago.
Los hechos que llevaron a esta sentencia ocurrieron el 13 de agosto de 2022, cuando la Armada Nacional detectó dos embarcaciones que navegaban en el área de Cayo Albuquerque, una zona en el archipiélago de San Andrés. La intervención de las autoridades reveló una situación de tráfico de migrantes preocupante.
En una de las embarcaciones, que era tripulada por Gómez Díaz y Quiroz Arias, se encontraron nueve ciudadanos venezolanos que, aparentemente, estaban tratando de abandonar el territorio nacional de manera ilegal.
La otra embarcación, bajo el mando de Campos Baldiris, transportaba a cuatro ciudadanos rusos y dos venezolanos, uno de los cuales era menor de edad. Todos estos individuos estaban en tránsito por aguas nacionales sin cumplir los requisitos legales pertinentes y poniendo en riesgo la seguridad de los migrantes.
El tribunal encargado del caso determinó revocar la medida de arresto domiciliario previamente otorgada a los tres acusados y, en su lugar, ordenó su detención en el centro penitenciario Nueva Esperanza de la isla. Además de las penas de prisión, se impuso una multa equivalente a 33.3 salarios mínimos legales vigentes (SMLMV) a cada uno de los condenados.
La sólida presentación de pruebas por parte de la Fiscalía General de la Nación fue un factor determinante en esta condena por tráfico de migrantes. El veredicto resalta el compromiso de las autoridades en la lucha contra el tráfico ilegal de personas que azota al archipiélago.
Procuraduría alerta por crisis humanitaria en San Andrés tras aumento de migrantes
Por otro lado, la Procuraduría General lanzó una alerta urgente debido a la creciente crisis humanitaria en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la cual está siendo provocada por un dramático aumento en la migración ilegal. La alarma fue emitida durante la presentación del informe especial y preventivo titulado ‘Situación de Derechos Humanos de la población migrante’.
Según el informe presentado por el Ministerio Público, entre 2022 y 2023 se han rescatado en altamar al menos 977 migrantes irregulares que intentaban llegar a las costas nicaragüenses. Además, se han identificado rutas de tráfico ilegal conocidas como ‘VIP’, utilizadas por traficantes ilegales para facilitar la migración irregular.
La procuradora general, Margarita Cabello, destacó la preocupación por la seguridad de la población migrante, ya que muchas veces se ven expuestos a condiciones peligrosas durante su travesía. Se han encontrado lanchas pequeñas y precarias, falta de equipos de seguridad como chalecos salvavidas, ausencia de instrumentos de navegación y comunicación, y la posibilidad de caer en manos de redes de tráfico ilegal que los asaltan y despojan de sus pertenencias.
La migración irregular por vía marítima ha presentado una serie de riesgos significativos, incluyendo naufragios que han resultado en la desaparición de al menos 59 personas en 2023. La Procuradora enfatizó la importancia de prestar atención a este nuevo flujo de migrantes a través de la vía marítima y tomar medidas para evitar pérdidas de vidas humanas.
La ruta que siguen los migrantes comienza en la isla de San Andrés y continúa hacia lugares como Cayo Pescador, desde donde parten hacia Nicaragua. La Procuraduría ha diseñado una estrategia de seguimiento integral para garantizar los derechos de la población migrante en tránsito.
Además, la Procuradora señaló la responsabilidad del sector privado en esta problemática. Se ha descubierto que algunas aerolíneas no indagan a los viajeros sobre la documentación de regreso después de su ingreso a la isla. También se ha identificado que algunos hoteles y lugares de hospedaje en San Andrés no están reportando la información necesaria sobre los extranjeros alojados en sus establecimientos.
El delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, por su parte, señaló que empresas legalmente constituidas dedicadas al turismo ofrecen “paquetes turísticos” dirigidos a la población migrante, con un costo que oscila entre US$ 1500 y US$ 5000, lo que agrava la problemática.
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