Condenan al alcalde de La Palma, Cundinamarca, por contrato irregular con el que benefició a contratista en pandemia; ordenan su captura

La Fiscalía General de la Nación obtuvo un fallo condenatorio contra John Jairo Pulido Pulgarín, actual alcalde municipal de La Palma, Cundinamarca, por su implicación en varios delitos relacionados con un contrato irregular firmado durante la emergencia sanitaria por covid-19.

El funcionario público fue encontrado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en grado tentativa y falsedad ideológica en documento público.

La investigación determinó que el objetivo del contrato era garantizar la alimentación de los habitantes menos favorecidos del municipio durante el periodo de aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional en 2020.

Según las pruebas presentadas por la Fiscalía General, el alcalde intentó favorecer al contratista José Raúl Cruz Quintero, quien tenía una comercializadora de alimentos, adjudicándole el contrato por más de 65 millones de pesos ($65′163.372), “cuyo objetivo era la adquisición de bienes de primera necesidad, productos perecederos y elementos de bioseguridad”.

Sin embargo, se encontraron varias irregularidades en la ejecución del contrato, como la falta de cumplimiento de los requisitos legales y la entrega tardía de los kits alimentarios.

De acuerdo con el ente acusador, aunque los kits alimentarios fueron recibidos por la Alcaldía de La Palma el 8 de abril de 2020, solo fueron entregados a la población el 4 de mayo de 2020, 26 días después de su adquisición.

Ante esta situación, una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Cundinamarca estableció que el funcionario es responsable de varias irregularidades detectadas en el contrato suscrito.

Además, el juez de conocimiento ordenó medida privativa de la libertad contra el alcalde John Jairo Pulido Pulgarín y el contratista José Raúl Cruz Quintero, y se ordenó la captura inmediata de ambos. El próximo mes de abril se conocerá el monto de la condena impuesta a los procesados.

Hasta el momento, el alcalde de La Palma no se ha pronunciado al respecto sobre el fallo condenatorio que consiguió la Fiscalía General, tras hallarlo culpable de los delitos mencionados.

Escrito de acusación contra exalcalde de Melgar

La investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra el entonces alcalde de Melgar, Tolima, Gentil Gómez Oliveros (2012-2015), reveló que expidió varios decretos con los cuales creó dentro de la planta global de empleos de la Alcaldía Municipal, el cargo de secretario administrativo para, presuntamente, pagar favores políticos de su campaña.

Los decretos que expidió “contrarios a la ley e intencionalmente” y con los que habría incurrido son el 026 y 027 del 26 y 27 de enero del año 2012.

“Como consecuencia de ello, habría ordenado al jefe de presupuesto municipal, se expidiera la viabilidad presupuestal en la presente vigencia fiscal, para atender los gastos que generaba la creación de dicho empleo, cargo en el que nombró, al parecer, a un amigo político suyo, que le hiciera campaña durante su carrera de cara a ocupar el primer cargo del municipio”, determinó el ente investigador.

Por estos hechos, la Fiscalía General, a través de un despacho de la Unidad de Administración Pública que lo investiga, logró determinar que “el cargo era innecesario” y que “no estaba contemplado dentro de la planta del municipio”, pues el procesado, “lo que hizo fue dividir el cargo de secretario de Gobierno en dos para poder justificarlo”.

Por tanto, el ente acusador presentó escrito de acusación contra Gentil Gómez Oliveros por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo. El procesado no aceptó haber cometido estos actos.

El escrito de acusación se radicó ante el Juzgado Penal del Circuito de Conocimiento del municipio de Melgar.